Juntos en una búsqueda permanente
Juan Bergua y Luisa Vera, cofundadores de la primera asociación para localizar a desaparecidos, luchan para que el caso de su hija siga abierto, 27 años después
La lucha de Juan Bergua y Luisa Vera en los últimos 27 años ha tenido un doble objetivo. Se han dedicado a buscar a su hija Cristina, que desapareció en Cornellà (Barcelona) el 9 de marzo de 1997, cuando tenía 16 años, y han hecho todo lo posible para que las Administraciones y la sociedad se impliquen en la búsqueda de las miles de personas desaparecidas en España. El matrimonio, de 76 y 75 años, él, metalúrgico jubilado, y ella, ama de casa, forma un equipo. “Cuando vamos a un sitio, vamos los dos juntos”, resumía Juan anteayer, poco después de reunirse con el alcalde de Cornellà. Juntos recogieron el martes en el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) un reconocimiento por su labor como cofundadores de InterSOS, la primera asociación de familiares de desaparecidos de España, que dejó de estar activa en enero por falta de relevo, después de haber contribuido a localizar a unas 60 personas, 35 de ellas fallecidas, desde julio de 1998. Una vez más, volvieron a recordar el caso de Cristina y cómo en aquellos primeros años todo eran obstáculos para las familias que intentaban mantener viva la búsqueda. El caso de Marta del Castillo, la joven sevillana desaparecida el 24 de enero de 2009, supuso un antes y un después.
Era un domingo y Cristina salió a dar una vuelta. Su hora de regreso eran las diez de la noche. Cuando se iba a retrasar, solía avisar por teléfono. Pero ese día ni volvió ni llamó. Cuando fueron a poner la denuncia, esa misma noche, les dijeron que tenían que esperar “las famosas 24 horas”, algo que ya no es necesario. “Estuvimos toda la santa noche buscándola por todas partes”. Comenzó una odisea en la que el matrimonio ha llegado a imprimir 300.000 fotografías de su hija.
El cuarto de Cristina está recogido. A pesar de que durante más de 20 años lo conservaron tal y como lo dejó, el matrimonio ha empaquetado con cuidado todas sus cosas, incluidos los discos de Bon Jovi que tanto le gustaban. Tienen una nieta con 19 años y otro de 14 que lo suelen utilizar. La chica se queda a dormir algún día en casa de los abuelos, antes de ir a la universidad. “La habitación está ahí, se usa. Lo tenemos todo guardado”, explica Juan.
Los padres hablan al menos una vez al mes con una investigadora de los Mossos para saber si hay novedad, y en actos como el del martes en Madrid llevan consigo el retrato de su hija. La investigación situó al novio de Cristina, de 26 años, en el centro de todas las miradas. Fue interrogado, pero nadie pudo señalarle como responsable. Algunas de las amigas de Cristina dijeron que aquel día ella tenía la intención de romper la relación. Todavía hoy, Luisa destaca que el joven no se moviera de su casa, ni haya participado en la búsqueda: “Lo vi en su casa tan tranquilo, y nosotros no sabíamos qué hacer, para dónde caminar. Esto me chocó mucho”.
Cuando se cumplieron los 20 años de la ausencia, inscribieron su fallecimiento de Cristina en el juzgado. Al igual que a otros familiares de desaparecidos, esa declaración, que se puede realizar a los 10 años, les supuso un gran dolor. “No lo habríamos hecho si la burocracia no nos hubiera obligado a ello”, reconoce Juan. Tuvieron que hacerlo para poder dejar cerrada la herencia de su otro hijo. “Lo poco que tenemos queremos que sea para él”, dice Luisa.
“Esto no se acaba nunca, siempre queda algo por hacer”, reflexiona Juan cuando rememora los primeros pasos de InterSOS, en julio de 1998, fruto de la unión de seis familias del área metropolitana de Barcelona. “Acordamos poner 5.000 pesetas (30 euros) cada uno para hacer unas llamadas de teléfono y un cartelito con las fotos de los seis desaparecidos y lo íbamos repartiendo por donde se podía”, explica Juan. Acudían a los medios, organizaron manifestaciones o lanzaron globos con la imagen de Cristina el día que cumplía 18 años, además visitar innumerables despachos de Ministerios, Generalitat o Ayuntamientos, Fiscalía, o grupos policiales. “En aquella época no se tenía conocimiento de que en España
Las familias piden replantear trámites burocráticos que solo amplían su dolor
“Se pagan más de 2.000 euros por declarar la muerte; es como una multa”
había personas desaparecidas”, sostiene Juan.
Su impresión de aquellos primeros años es de que les recibían, pero no les escuchaban. Pedían centralizar y unificar las denuncias, porque entonces se podían interponer en cualquier comisaria y muchas estaban repetidas. Ahora hay un registro central. También, que les hicieran pruebas de ADN a los familiares para cotejar los restos óseos que fueran hallados, una práctica plenamente implantada.
Primeros cambios
¿Cuándo notan los primeros logros? “Con el caso de Marta del Castillo”, responde Juan. “En el caso de mi hija, la Policía recibió un anónimo diciendo que buscaran a Cristina en los contenedores de basura de Cornellà y tardaron 11 meses en ir al vertedero. En el caso de Marta del Castillo, se recibió un aviso similar. Fueron al día siguiente”.
El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES), creado en 2018, es el logro del que más orgullosos se sienten. Allí, en unas instalaciones que muchos de los familiares reconocen como su casa, relataron su experiencia junto a otras seis familias. Les escuchaba el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y representantes de todos los cuerpos policiales. El centro, dirigido por Pilar Minuesa, coordina el sistema de desaparecidos que emplean las fuerzas de seguridad, y actúa como punto de contacto con Administraciones, afectados y medios. Su directora hizo un balance su actividad en 2023: 15.126 personas desaparecidas; un 66% de los casos resueltos en los primeros siete días y 89 casos (un 0,5%) en los que la desaparición se consideró forzosa. El 31 de diciembre de 2023 había activas en España 6.001 denuncias por desaparecidos.
Hace más de diez años que Juan se ha ido desvinculando de la asociación porque se vio desbordado: “Lo cogí muy fuerte. Venían muchísimas familias con personas desaparecidas y tenía que aparcar mi dolor para darles ánimo, cuando el que necesitaba ánimo y apoyo era yo”. Decidió tomar algo de distancia, pero Luisa se mantuvo.
Quizás por costumbre, Juan aprovechó el martes para pedir al ministro que se replanteen las tasas del BOE que tienen que pagar hasta en dos ocasiones las familias de los desaparecidos para tramitar la declaración de fallecimiento. “Algo más de 2.000 euros (...) es como si pagáramos una multa por dar por fallecido a un familiar”, dijo. También incidió en la necesidad de asistencia psicológica. Después de tantos años, el matrimonio sigue necesitando “para bien o para mal” saber qué pasó con Cristina. “Yo intento pensar en que estará viva”, dice Luisa. Su tesón consiguió que el Congreso proclamase en 2010 el 9 de marzo como el día oficial de las personas desaparecidas sin causa aparente. El mismo día que desapareció Cristina.