La última red de protección social
El modelo de protección social en España no estaba cerrado según los estándares europeos. Una renta mínima está contemplada en el pilar de los derechos sociales de la Unión Europea. Entonces, año 2020, llegó la pandemia y sus desastrosos efectos en la vida de las personas, y hubo que establecer una última red de protección para los ciudadanos en situación de pobreza y riesgo de exclusión social. Así nació el ingreso mínimo vital (IMV). Tal fue su significación, que no recibió ningún voto en contra en el Congreso de los Diputados, lo que hoy parece asombroso. Se trata de una renta condicional que se percibe mientras dura esa situación de ingresos insuficientes para afrontar las necesidades básicas. Ahora, el Gobierno ha aportado las primeras cifras oficiales sobre su cobro: 557.000 familias, compuestas por más de 1,6 millones de personas.
Que antes del confinamiento no existiese el IMV era un déficit respecto a los países socialmente más avanzados. Máxime con los elevados indicadores de desigualdad, que se incrementaron con la covid, pero que son muy altos incluso en periodos de expansión económica. El catedrático de Economía Aplicada de la UNED Luis Ayala ha descrito cómo el IMV nació como una respuesta, en medio de la pandemia, a los altos niveles de pobreza y al veloz aumento de los hogares que se quedaron sin recursos por las restricciones establecidas. Con anterioridad, el sistema de protección contra la pobreza estaba muy desarticulado, ya que coexistían en España subsidios no contributivos al desempleo, pensiones no contributivas, complementos mínimos de pensiones, rentas de inserción en distintas comunidades autónomas, prestaciones por hijos a cargo, etcétera. Con lagunas, solapamientos y descoordinaciones entre las distintas prestaciones.
Había que introducir la presencia del IMV dentro del Estado de bienestar español. Lo ha teorizado Jesús Ruiz-Huerta, director del Laboratorio de Políticas Públicas de la Fundación Alternativas. A lo largo de los últimos años, en especial desde la aprobación de la ley de dependencia en 2006, se ha hecho un esfuerzo considerable para financiar con cargo a los impuestos un conjunto de partidas destinadas a mejorar las condiciones de las personas vulnerables no amparadas, en términos generales, por los sistemas de pensiones y desempleo. Con la aprobación del IMV, esta prestación permite garantizar la cobertura de las necesidades de los colectivos en situación de vulnerabilidad objetiva que queden fuera del sistema de Seguridad Social, lo que implica cambios significativos en el welfare español tal como fue concebido en su inicio. Una renta mínima es una garantía de ingresos para aquellos hogares que no tienen acceso a otros recursos económicos. El IMV es la última red de protección social, presente en la práctica totalidad de los sistemas de los países europeos.
Una cosa es su existencia y otra que llegue a todos sus potenciales beneficiarios. La Red Europea de Lucha contra la Pobreza, una ONG de oenegés, ha concretado que 4 de cada 10 posibles favorecidos desconocen su existencia. Se ha popularizado el concepto “non take up” para recoger la renuncia o el no acogimiento de los posibles beneficiarios a solicitar la prestación. Existen deficiencias de accesibilidad motivadas por las rigideces en el procedimiento administrativo, periodos dilatados de tramitación y resolución, prolijidad de las normas, un régimen en opinión de algunos demasiado estricto de comprobación de datos, la definición de nuevos conceptos necesitados de acreditación (“unidades de convivencia”), problemas de información (“no conozco la prestación”), de interpretación (“no cumplo los requisitos”), de aversión al riesgo (“van a privarme de otros ingresos al recibir éste”), o dificultades de costes y asociados (“no sé dónde solicitarlo, no puedo pagar los gastos de transporte necesarios”), etcétera.
Sería lamentable que por trabas como esas, el IMV no llegase a todos los que pueden percibirlo, pues es un avance sustantivo entre los elementos que forman parte del welfare español.
El 3,5% de la población española acude al ingreso mínimo vital para sobrevivir