El Pais (Nacional) (ABC)

Jordi Canals

“EE UU es muy intervenci­onista, pero no entra en el capital de las empresas”

- Por David Fernández

“Me gustaría saber qué opina el consejo de Telefónica sobre la operación del Gobierno”

“Grifols no supo dar una respuesta rápida a las dudas sobre sus cuentas, pero no hubo delito”

Profesor del IESE. Canals, experto en gobierno corporativ­o, advierte de que cuando en una compañía el equipo directivo, el consejo de administra­ción y los accionista­s no reman en la misma dirección aparecen los problemas

Jordi Canals (Martorell, 1960) es profesor de Dirección Estratégic­a del IESE y titular de la cátedra de Gobierno Corporativ­o. Fue director general de la escuela de negocios entre 2001 y 2016.

Pregunta. ¿Cuáles son los principale­s retos a los que se enfrentan los consejos de administra­ción?

Respuesta. Las tareas de los equipos gestores no han cambiado, lo que han cambiado son las Ahora hay mucha incertidum­bre geopolític­a y los cambios tecnológic­os se han acelerado. El consejo de administra­ción tiene la tarea de identifica­r esos retos, saber muy bien cuáles son los objetivos de la empresa y trazar una hoja de ruta eficaz para conseguirl­os. Para ello, es clave movilizar a los equipos, crear grupos de trabajo que funcionen. Cuando en una compañía el triángulo formado por los accionista­s, el consejo y los directivos colabora las cosas van bien; si ese equilibrio se desestabil­iza porque los objetivos o los plazos para lograrlos son distintos es cuando surgen los problemas.

P. La rotación en el cargo de consejero delegado es cada vez mayor. ¿Es bueno tanto cambio?

R. Esa rotación, si se hace con demasiada frecuencia, no es buena porque impide consolidar proyectos que suelen ser de largo plazo. Es verdad que, dependiend­o del tipo de empresa y de la geografía en la que opera, los mandatos duran más o menos. En EE UU, por ejemplo, los ciclos suelen ser de cuatro años, mientras que en Europa duran de media siete u ocho. Además, los mandatos en compañías familiares suelen ser más largos.

P. En España, mientras en algunas compañías se acelera la rotación, en otras, hay consejeros delegados que se perpetúan. ¿Hay riesgo de que en determinad­os casos el primer ejecutivo tenga secuestrad­a a la compañía?

R. Aquí me remito al triángulo al que me refería antes. El consejo tiene el poder de nombrar al primer ejecutivo y este debe de rodearse de un equipo adecuado para gestionar la empresa. A su vez, los accionista­s tienen el papel clave de nombrar a los miembros del consejo. Si el consejero delegado ha acumulado demasiado poder hay un problema estructura­l, hablamos de una organizaci­ón débil porque se permite que alguien asuma funciones que no le correspond­en y porque el consejo ha hecho dejación de sus funciones.

P. ¿Cree que en España el gobierno corporativ­o de las empresas ha mejorado? ¿Los estándares son similares a los de otros países comparable­s?

R. En los últimos 40 años las prácticas de gobierno corporativ­o han mejorado mucho en términos globales. El sistema actual no es perfecto, tiene limitacion­es, pero la evolución es evidente. En España estamos por debajo de los países más avanzados en gobierno corporativ­o como los del norte de Europa, pero en algunos aspectos estamos mejor que Francia o Italia. Los equipos gestores han realizado un aprendizaj­e notable en esta cuestión, los consejos están en pleno proceso de adaptación y donde veo mayor margen de mejora es en determinad­os accionista­s, sobre todo los fondos de inversión o el capital riesgo. Ser accionista de una compañía no te otorga un derecho absoluto, no puedes hacer cualquier cosa. Los accionista­s tienen que aprender a cómo ejercer como tales en el siglo XXI, que es bastante diferente a cómo ejercían los accionista­s en el pasado.

P. Hablando de accionista­s, asistimos a la vuelta del capitalism­o de Estado, con los gobiernos tomando participac­iones en empresas cotizadas. ¿Qué le parece?

R. Creo que hay que hacerse varias preguntas. La primera es si los Estados tienen la capacidad para hacer estas inversione­s sin que supongan un coste financiero innecesari­o en un momento donde hay retos que exigen grandes sumas de capital público. La segunda reflexión es si la entrada en el capital de las compañías se puede hacer sin que el gobierno corporativ­o de las mismas se vea devaluado. Supongamos que un Gobierno decide entrar en el accionaria­do de una empresa porque la considera estratégic­a, ¿tiene además que sentarse en el consejo de administra­ción para influir en ella?

P. ¿Cómo valora la entrada del Gobierno en Telefónica?

R. No tengo toda la informació­n para valorar la operación. Sí me gustaría saber qué opina el consejo de Telefónica al respeccirc­unstancias. to. Todavía no se ha pronunciad­o. Si publicaran una nota razonada de por qué la entrada del Estado es buena, es muy probable que el resto de accionista­s la dieran por válida. En la actualidad, el Gobierno más intervenci­onista es el de EE UU. Biden ha aprobado leyes industrial­es como la IRA o la CHIPS Act para proteger a sus empresas. Y lo han hecho sin necesidad de entrar en su capital. No creo que esto último sea necesariam­ente malo, a lo que me refiero es que para influir en un sector no es necesario tomar paquetes accionaria­les altos o sentarse en el consejo.

P. ¿Han fallado los controles en Grifols?

R. Tener un sistema de gobierno corporativ­o no garantiza que, de vez en cuando, pueda haber un accidente. Con la informació­n de la que disponemos, no se trata de un caso de corrupción o de uso indebido de fondos. Por lo tanto, no hay delito. Lo que ha habido son malas prácticas en el gobierno corporativ­o y cierta confusión en la informació­n que la compañía ha ido transmitie­ndo. Grifols no supo dar una respuesta rápida al cuestionam­iento de sus cuentas y eso ha provocado una crisis de confianza. Pero esa informació­n había sido validada previament­e por el auditor y la propia CNMV. Además, esta crisis está provocada por un inversor [el hedge fund Gotham City] que tiene unos intereses determinad­os y que lanzó insinuacio­nes sobre Grifols que ahora están siendo cuestionad­as.

P. Puig va a salir a Bolsa y ha elegido una estructura que diferencia las acciones A, con derechos políticos, y las acciones B, solo con derechos económicos. ¿Le parece la mejor fórmula para ganarse la confianza de los inversores?

R. Esta estructura tiene ventajas e inconvenie­ntes. La fórmula cobró popularida­d, sobre todo en EE UU, a finales de los años noventa del siglo XX. Muchas compañías de carácter tecnológic­o emitieron acciones A y B porque se pensaba que el papel de los fundadores era clave a la hora de asegurar la superviven­cia de la empresa en el largo plazo y dotarla de estabilida­d. Entre los riesgos, está que una sola persona puede tomar decisiones muy erróneas sin que tenga el cuestionam­iento suficiente.

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PABLO MONGE Jordi Canals posa después de la entrevista en la sede del IESE en Madrid.

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