Bulos para agitar un escándalo
El juez Javier Gómez Bermúdez detalló en la sentencia sobre los atentados del 11M cuales eran los ingredientes básicos de aquella fábrica de las mentiras donde se acusó en falso a ETA de la matanza de los trenes: “Se aísla un dato, se descontextualiza y se pretende dar la falsa impresión de que cualquier conclusión pende exclusivamente de él, obviando así la obligación de valoración conjunta de la prueba”. El PP, que abrazó esas patrañas, inauguró ayer la investigación del Senado sobre el escándalo de las mascarillas aplicando el manual del bulo que dejó escrito el juez.
El senador Luis Santamaría, portavoz del PP en la comisión, se abrazó a un hecho falso para acusar a los socialistas de lucrarse en pandemia. “El Ministerio de Sanidad prohibió el 10 de marzo de 2020 a las comunidades comprar material sanitario de protección. [Pedro] Sánchez estaba así sentando las bases de un marco que les iba a permitir a ustedes llenarse los bolsillos con un dinero que debería haber ido destinado a comprar material de protección”.
La realidad es muy distinta: las comunidades pudieron comprar material sanitario sin ningún veto ministerial. Un ejemplo conocido: el Gobierno de la Comunidad de Madrid recibió ofertas desde el 14 de marzo de 2020. Solo unos días después, la empresa Priviet, propiedad de un amigo de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, ofreció 250.000 mascarillas por 1,5 millones. La Comunidad compró y Tomas Díaz Ayuso, hermano de la presidenta, ganó 234.000 euros como comisionista de la operación. La Fiscalía archivó la denuncia de la oposición.
Siguió el senador del PP aislando datos para fabricar más mentiras: “Nunca jamás en España se había visto adjudicar un contrato público a tal velocidad”. Un día después de que el ministerio de Transportes publicara la orden para comprar ocho millones de mascarillas, el contrato fue adjudicado a Soluciones de Gestión, la empresa recomendada por Koldo García. Sin embargo, todas las administraciones adjudicaron con idénticas prisas. En el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, se hizo un contrato express de madrugada el 24 de marzo de 2020 que acabó con dos comisionistas procesados por corrupción.
El senador del PP coronó su intervención con una traca final de invectivas contra el ex asesor del exministro: “Pequeña me parece la calificación de organización criminal para definir lo que ustedes hacían, gente sin alma capaces de todo; no le importó ni la vida de los suyos, no se puede ser más miserable”. Mudo hasta entonces por indicación de su abogado, Koldo García habló para contestar a Santamaria: “Cree el ladrón que todos son de su condición”.