Los letrados de la sanidad andaluza ponen fin a la huelga
La Consejería de Salud de Andalucía llegó ayer a un acuerdo con los letrados del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para poner fin a la huelga que este cuerpo de abogados de la Administración autonómica había iniciado hace tres semanas ante el incumplimiento por parte de la Junta de las mejoras de sus condiciones laborales. El Gobierno regional se compromete a regularizar y ordenar la función de estos profesionales con un decreto que actualice una estructura obsoleta, según denunciaban los funcionarios públicos.
La Junta cierra así una nueva crisis que se había abierto en el flanco sanitario y que, además, amenazaba con frustrar sus planes de reducir las listas de espera un 18% para finales de año y que dependen de la firma de dos macroconciertos y de contratos a dedo con entidades privadas, para las que es necesario el aval técnico de los letrados del SAS. En estas tres semanas de paro indefinido se han suspendido un total de 110 mesas de contratación, según indica el comunicado emitido por el comité de huelga de los letrados.
Pero el impacto económico entre las notificaciones y las demandas que no se han atendido es millonario, como el de las sentencias desfavorables. El comité de huelga cifra en una media de casi un millón de euros diarios la cantidad que está en riesgo entre juicios, procedimientos ordinarios, plazos procesales y recursos de sentencias. “La huelga ha afectado a un total de 295 juicios a los que no se ha asistido en las ocho asesorías jurídicas que se han celebrado sin la asistencia de los letrados que defienden los intereses de la Administración y que suman un total económico reclamado de 9.706.970,94 euros”, señala el comité. Junto a los juicios celebrados, “se han quedado sin atender 840 plazos procesales. Se han producido un total de 4.179 notificaciones judiciales sin atender en las ocho asesorías jurídicas en las que se organizan los servicios jurídicos del Servicio Andaluz de Salud. Las demandas que se han notificado en este periodo y no se han atendido suman 210 y el importe económico reclamado en tales demandas suma un total de 6.819.330,84 euros”, concluye el comité.