El Gobierno pide a Murcia hacer carriles bici o devolver fondos europeos
El Gobierno se pone serio con las regresiones en movilidad sostenible que han hecho varios ayuntamientos del PP. Muchos de esos avances se pagaron con fondos europeos, por lo que cualquier modificación requiere de la aprobación del Ministerio de Transportes. El departamento de Óscar Puente envió ayer una resolución —a la que ha tenido acceso EL PAÍS— a uno de estos consistorios, el de Murcia, en la que le niega los cambios que pretendía hacer. Es la primera vez que se pone en marcha este proceso, que puede implicar la devolución de unos 10 millones de euros. El ministerio analiza otras actuaciones similares.
El Ejecutivo español movilizó 1.500 millones de euros de los fondos europeos en dos convocatorias (2022 y 2023) para impulsar el desarrollo de zonas de bajas emisiones (ZBE) y otras actuaciones en movilidad sostenible urbana. Sin embargo, en mayo del año pasado la derecha se estrenó en muchas alcaldías eliminando carriles bici (por ejemplo, en Logroño, Valencia, Elche, Valladolid, Gijón o Palma) y anunciando que sus futuras ZBE reducirían sus proyectos iniciales. En septiembre, Transportes ya advirtió por carta a las 200 localidades —de todo signo político— de que les retiraría las subvenciones si no realizaban los proyectos a los que se habían comprometido.
Ahora, el ministerio va un paso más allá y analiza modificaciones concretas en algunas de estas urbes. El primer caso es el de Murcia, que recibió en mayo de 2022 una subvención de 20,7 millones de euros para ejecutar cinco actuaciones encaminadas a “promover una movilidad sostenible”. El Gobierno municipal solicitó el pasado agosto modificar dos de esos proyectos —dejar sin construir varios tramos de carriles bus y carriles bici— y la Secretaría General de Movilidad Sostenible le recuerda que las ayudas se concedieron en función de la puntuación obtenida por el proyecto. Por tanto, si se modifica el proyecto la puntuación podría ser otra. El Consistorio tiene cinco días para efectuar alegaciones y explicar los cambios. Si las explicaciones no satisfacen al departamento, se abre la puerta a que el Ayuntamiento tenga que devolver los casi 10 millones de euros que recibió para esas dos actuaciones.