La ley de Ruanda, un escalón más en la dura política migratoria de Europa

Europa endurece sus políticas migratorias por los cuatro costados. La UE dio hace unos días el visto bueno al pacto migratorio, que restringe las condiciones para solicitar asilo y agiliza las deportaciones. Por el camino, ha tejido pactos con países de origen y tránsito, como Túnez o Egipto, a los que paga para que eviten las salidas hacia Europa, dejando de lado las preocupaciones por las vulneraciones de los derechos humanos de sus gobiernos. Ayer, el Reino Unido dio luz verde a la ley que permite la deportación de migrantes en situación irregular a Ruanda gracias a un convenio con el Gobierno del este país; una medida que —aunque sin llegar a tanto— ha inspirado otras iniciativas, como la de Italia con Albania.

La inmigración es necesaria para Europa, un continente envejecido, y para países que no logran cubrir sus empleos en varios sectores. En 2023, llegaron a la UE 385.445 migrantes en situación irregular, según la agencia de fronteras de la UE, Frontex; lejos de los casi dos millones de 2015, con la crisis de los refugiados por la guerra de Siria. Pero, pese a las cifras, el asunto es uno de los más divisivos en política nacional y comunitaria, caldo de cultivo electoral y nexo de unión de la ultraderecha y los populismos, cuyo auge está empujando a muchos Gobiernos —sobre todo conservadores— a endurecer sus políticas con medidas muy al límite de los convenios de derechos humanos. Bruselas diseña ahora otros acuerdos migratorios como el firmado con Egipto, Túnez o Mauritania y quiere sumar a otros países como Marruecos.

El Consejo de Europa, que agrupa a 46 países, incluido el Reino Unido —que salió de la UE en 2020, tras una campaña centrada en la inmigración— mostró ayer su preocupación por la Ley de Ruanda, especialmente por poner en marcha una política de expulsión a ese país sin que las autoridades británicas evalúen antes las peticiones individuales de asilo.

Stephanie Pope, experta de la ONG Oxfam, señala que la UE está girando a la derecha en cuestiones migratorias y cree que las últimas políticas, entre ellas el pacto migratorio, son una reacción al auge de la ultraderecha. “La UE depende cada vez más de cerrar acuerdos dudosos con países no pertenecientes

a la UE, pagándoles para impedir que la gente llegue a la UE, aparentemente a cualquier coste humano. El acuerdo de Ruanda viola flagrantemente el derecho internacional, europeo y de la UE y no puede convertirse en el modelo de la política de asilo de la UE”.

Los ejemplos de ese endurecimiento de postura se acumulan. En Italia, la coalición de la ultraderechista Giorgia Meloni se hizo con el Gobierno con promesas de mano dura en inmigración y de detener las llegadas por el Mediterráneo. En Suecia, el primer ministro conservador, Ulf Kristersson, aseguró al llegar al poder en 2022 que la inmigración en su país es “insostenible”. Francia, donde el Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen está subiendo en

las encuestas para las elecciones europeas de junio, ha endurecido sus leyes. También lo ha hecho el Gobierno de coalición en Alemania, donde los ultras de Alternativa para Alemania (AfD) presionan con un discurso xenófobo y antinmigrantes. En Países Bajos, el Gobierno de coalición liderado por Mark Rutte dimitió en julio de 2023 por un desacuerdo sobre las políticas de asilo. Y en Dinamarca, el Gobierno encabezado por la socialdemócrata Mette Frederiksen ha aprobado algunas de las medidas más restrictivas con la inmigración de todo el continente y también planea enviar a solicitantes de asilo a Ruanda. Además, varios países europeos han impuesto cierres de sus fronteras pese a que forman parte del espacio Schengen.