Todo listo en el albergue para recibir a los expulsados
La residencia Hope, en Kigali, se mantiene operativa gracias a la financiación británica. Tras dos años vacía, se prepara para acoger a los solicitantes de asilo que Londres decida deportar
Las 50 habitaciones dobles del albergue Hope se limpian a diario. Un par de zapatillas, artículos de aseo y el Corán en la mesilla de noche: todo está listo. Pero en sus dos años de existencia, en un barrio de la capital ruandesa, Kigali, jamás ha tenido un cliente. “Estamos operativos al cien por cien”, afirma el hotelero Ismaël Bakina. “Tenemos mesas de billar, centro deportivo y salas de ordenadores. Y wifi en todas partes”.
En la entrada, un reloj mundial de pared marca la hora en Londres. Allí, el Parlamento aprobó en la madrugada de ayer una ley que permitirá enviar a Ruanda a los solicitantes de asilo llegados de manera irregular al Reino Unido. Con este pacto entre ambos países, los británicos quieren disuadir a los migrantes de tratar de alcanzar sus costas.
El Hope, con 100 plazas, es el primer “centro de tránsito” de Ruanda —si hay más deportaciones, el Gobierno construirá otros—. Se mantiene con dinero británico, gracias a los 433 millones de euros previstos en un acuerdo firmado por ambos países en 2022. Tras ser deportados, los migrantes y refugiados acabarían en el sistema de asilo ruandés, lo que les daría derecho a vivir y trabajar en Ruanda. También tendrían permitido abandonar el país africano.
Activistas de derechos humanos y miembros de la oposición británica acusan al régimen represivo del presidente africano, Paul Kagame, de violaciones de los derechos humanos y consideran que el acuerdo migratorio es una forma de blanquear la reputación de Kagame. Llegó al poder en 2000, tras el genocidio de la población tutsi, y cualquiera que critique el régimen corre el riesgo de ser procesado.
“Ven como huésped, vete como amigo”, se lee a la entrada del albergue Hope. Que aún no haya llegado nadie parece no preocupar al gerente del hotel. “Soy un hombre de negocios”, sonríe. “Hacemos lo que se nos pide. Si los británicos deciden subir hoy a nuestros huéspedes a un avión, estaremos listos para su llegada”, afirmaba Bakina a mediados de marzo, mientras mostraba el establecimiento al periodista.
A la empobrecida Ruanda le viene bien la inyección de fondos del acuerdo. “Nuestras ambiciones de desarrollar el país son grandes, pero nuestros recursos son limitados”, razona en su despacho Yolande Makolo, la portavoz del Gobierno. Parte del dinero irá, por ejemplo, a la educación. “A las escuelas donde van los niños refugiados”, asegura Makolo, “para que tanto ellos como los ruandeses estén mejor”.
En diciembre, el Tribunal Supremo del Reino Unido dictaminó que Ruanda no puede considerarse un país seguro. La sentencia se basó en información recopilada por organizaciones como Human Rights Watch, que afirma que, a día de hoy, “siguen produciéndose graves abusos contra los derechos humanos, como la represión de la libertad de expresión, detenciones arbitrarias, malos tratos y tortura por parte de las autoridades ruandesas”. Amnistía Internacional critica el “vergonzoso plan”.
El 15 de abril, unos documentos del Gobierno británico filtrados revelaron que está previsto deportar a Ruanda a “más de 30.000” solicitantes de asilo en los próximos cinco años. Sin embargo, en el primer año se producirán entre varias docenas y centenares de deportaciones. En marzo, a petición del Parlamento, la oficina de auditoría británica calculaba que Londres —además de los 433 millones— pagará más de 175.000 euros por “persona reubicada”. Una cantidad que debería cubrir todos sus gastos. La indemnización se pagará a través del Gobierno ruandés durante cinco años, siempre que el deportado permanezca allí. Si se marcharse, por ejemplo, para regresar a su lugar de origen, solo se pagarán unos 11.000 euros “para facilitar la salida voluntaria”.
En los últimos años, los británicos han enviado a Ruanda a varios expertos para ayudar al Gobierno ruandés a establecer los trámites de asilo e inmigración. Los refugiados pueden solicitar asilo en Ruanda en centros de tránsito como el albergue Hope. Si no lo hacen, pueden acudir a un procedimiento alternativo tras para convertirse en residentes o ciudadanos ruandeses.
Makolo espera que el procedimiento de asilo o inmigración en el albergue Hope dure “de dos a tres meses”. Después, a los deportados se les asignará una casa. Según la portavoz gubernamental, serán recibidos con los brazos abiertos por “ruandeses hospitalarios”. “Entendemos lo que es tener que huir”, señala, en referencia al genocidio que tuvo lugar hace exactamente 30 años, en el que al menos 800.000 personas fueron brutalmente asesinadas. Al menos dos millones de ruandeses huyeron del país.
“Sabemos lo que es tener que huir”, señala la portavoz del Gobierno
Londres pagará al país africano más de 175.00 euros por “persona reubicada”