La cúpula fiscal debate la denuncia de González Amador por revelar datos
La Junta de Fiscales de Sala, el principal órgano asesor del fiscal general del Estado, celebra hoy una reunión que se prevé de alto voltaje y que eleva la presión sobre Álvaro García Ortiz. La reunión se ha convocado después de que la fiscal de Madrid que investiga la denuncia presentada contra la Fiscalía por Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, se haya opuesto a la orden que recibió de la número dos de la institución y teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, para que se posicione a favor de archivar esa querella. La fiscal, María de la O Silva, pidió activar el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que permite elevar el caso a la junta de fiscales cuando se considere que se ha recibido una instrucción “improcedente” o “contraria a las leyes” de los superiores.
La Junta de Fiscales de Sala está integrada por los 36 fiscales que cuentan con esta categoría, la máxima de la carrera fiscal. La preside el fiscal general, pero García Ortiz no estará en la reunión porque se ha abstenido en este caso después de asumir la “responsabilidad” sobre el documento que dio origen a la denuncia contra el ministerio público: una nota de prensa publicada por la Fiscalía de Madrid el 14 de marzo en la que desmentía las informaciones que el equipo de la presidenta madrileña estaba lanzando contra esa institución tras la apertura de una investigación contra su novio por presuntos delitos fiscales. La pareja de Ayuso y el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) llevaron ese comunicado a los tribunales al considerar que revelaba datos confidenciales de la investigación a González Amador.
El fiscal sobre el que recayó la denuncia del ICAM informó a favor de archivarla; pero la fiscal Silva, a la que se le asignó la denuncia de la pareja de Ayuso, considera que existen indicios de delito y pretende practicar una serie de diligencias, una postura que ha sido rechazada por la teniente fiscal del Supremo, que ha instado a Silva a pedir el archivo de la investigación. La negativa de Silva a acatar esta orden es lo que ha desembocado en la reunión que se celebra hoy.
El artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal obliga a Sánchez Conde a “oír” a la Junta, pero su opinión no es vinculante.
Aunque la mayoría de los fiscales de sala vean indicios para seguir adelante con la denuncia de la pareja de Ayuso, Sánchez Conde puede optar por mantener su posición y ordenar el archivo, pero lo haría sabiendo que tiene en contra a la mayoría de la cúpula fiscal.
A última hora de ayer, Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Díaz Ayuso escribió en la red social X: “Tengo la sensación de que el Fiscal General del Estado terminará en la cárcel (...) La cacería de Sánchez contra Díaz Ayuso les va mal. España no es Venezuela”. En el mismo mensaje decía tambien: “Es opinión mía, desde mi teléfono personal”.