El Ejecutivo forma la comisión sobre vulneraciones de derechos hasta 1983
El Consejo de Ministros aprobó ayer la constitución de tres comisiones para desarrollar la Ley de Memoria Democrática de 2022. Una para estudiar las vulneraciones de derechos humanos sufridas, entre 1978 y 1983, por personas que luchaban por consolidar la democracia; otra para analizar posibles deficiencias en las indemnizaciones concedidas hasta ahora a víctimas de la Guerra Civil y la dictadura; y la tercera, para la memoria y reconciliación con el pueblo gitano. Tenían que haber estado listas en octubre, pero las sucesivas convocatorias electorales retrasaron los planes.
La primera comisión obedece a la obligación establecida en la disposición adicional 16ª de la norma. La presidirá el secretario de Estado de Memoria, Fernando Martínez, y tendrá otros 12 miembros: Nicolás Sartorius, abogado y cofundador del sindicato CC OO que fue encarcelado en la dictadura; Federico Mayor Zaragoza, exdirector general de la Unesco; los historiadores José Álvarez Junco, Carme Molinero, Antonio Rivera, Sophie Gaby y Encarnación Lemus; los catedráticos de Derecho Penal Araceli Manjón, Jon-Mirena Landa y Paz Mercedes de la Cuesta; la abogada laboralista y exdiputada del PSOE Francisca Sauquillo; y el periodista José Antonio Martínez Soler.
La previsión de crear esta comisión generó una gran polémica porque, al abarcar hechos sucedidos hasta diciembre de 1983, la derecha aseguró que se trataba de una concesión a EH Bildu para incluir los crímenes de los GAL. El expresidente del Gobierno José María Aznar sostuvo que era una norma “hecha por terroristas y pactada con terroristas”. Fernando Martínez ya aclaró en su momento cómo se había negociado esa disposición adicional: “Una asociación de víctimas de la Transición nos había planteado esa extensión temporal. También lo hicieron casi todos los grupos nacionalistas y de izquierdas. Bildu quería llevarla prácticamente hasta la actualidad. El PSOE y Unidas Podemos planteamos en una enmienda que esa comisión técnica abarcara hasta 1982, nos pidieron hasta 1983 y dijimos que sí. Fue una propuesta nuestra, para que nadie pudiera acusarnos de que solo se estudiarían violaciones de derechos humanos de la época de UCD. Y a esa propuesta se sumaron otros grupos, entre ellos, Bildu”.
La disposición está pensada “para reconocer a víctimas de violaciones de derechos humanos que trabajaron por la consolidación de la democracia y la defensa de los valores democráticos a partir de 1978 y que no podían acogerse a la ley [que comprende los hechos ocurridos entre el golpe de Estado de 1936 y la promulgación de la Constitución]”, explicó Martínez. Por ejemplo, Yolanda González, del Partido Socialista de los Trabajadores, que fue asesinada por la extrema derecha en 1980, o el líder vecinal Arturo Pajuelo, asesinado a puñaladas ese mismo año. El secretario de Estado subrayó que la ley “de ninguna manera” incluye a los etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala como víctimas del franquismo. “Fueron víctimas de los GAL, [y esos crímenes] se juzgaron y fueron condenados. La sentencia los reconoce [a Lasa y Zabala] como miembros de ETA. No caben en esta ley porque ETA no luchaba por la consolidación de la democracia, sino para desestabilizarla”.