La Eurocámara aprueba las nuevas reglas fiscales que buscan más rigor en el gasto

Los cambios en el pacto de Estabilidad comenzarán a aplicarse a partir de otoño

La UE enterró ayer las viejas reglas fiscales que se escribieron durante la crisis financiera y alumbró unas nuevas. El Parlamento Europeo respaldó con una mayoría bastante holgada el acuerdo al que llegaron los Estados miembros en el Consejo de la UE de febrero. Apenas restan ya un par de pasos formales, que se van a dar en los próximos días. Por tanto, los nuevos Presupuestos nacionales para 2025, que se empiezan a elaborar en unas semanas, se guiarán por unas nuevas formas que persiguen el complicado equilibrio de reducir la montaña de deuda acumulada para afrontar las crisis sistémicas sufridas (financiera, pandemia e invasión de Ucrania) mientras mantiene la inversión pública para lograr los objetivos de descarbonización, impulso de la tecnología y el refuerzo de defensa.

Con las nuevas normas, los Estados cuyo déficit público rebase el 3% del PIB y con una deuda superior al 60% del producto interior bruto tendrán que iniciar una senda de ajuste que les conduzca a reducir su endeudamiento. Esta hoja de ruta de ajustes podrá adaptarse, con matices, a sus circunstancias. No obstante, deberán respetar también unos objetivos y salvaguardas fiscales comunes —una exigencia alemana durante la negociación de los textos legales—. Esto último ha sido, precisamente, el punto que más críticas ha levantado entre algunos de los detractores de esta nueva regulación. Lograr unas normas presupuestarias más “realistas y creíbles” fue el eslogan con el que se retomó el camino de reforma hace más de tres años. La necesidad de reformar las reglas aprobadas en la década pasada, que fueron la herramienta rigurosa de la austeridad, que lastró por años la salida europea de la Gran Recesión, fue admitida a comienzos de la legislatura europea (2019). La rueda se puso en marcha pronto, pero la pandemia obligó a frenar. A cambio, se suspendieron las normas vigentes para que los Estados pudieran endeudarse. La clave de la nueva regulación está en una regla de gasto que el Estado con desequilibrios y la Comisión negociarán en el plan de ajuste, que comprenderá cuatro años con posibilidad de llegar a siete.