El Pais (Nacional) (ABC)

Empresas y ONG podrán acceder al registro de delincuent­es sexuales

- MARÍA SOSA TROYA ISABEL VALDÉS

El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto por el cual modifica el Registro Central de Delincuent­es Sexuales y de Trata de Seres Humanos. Se trata de una base de datos, gratuita pero no pública, que aglutina a los condenados por delitos contra la libertad sexual, y que impide que estas personas trabajen con menores de edad.

En el texto, adelantado por Abc y al que ha tenido acceso EL PAÍS, se recoge la posibilida­d de que tanto las empresas como los colegios profesiona­les o entidades, incluidas las de voluntaria­do, puedan solicitar, con permiso de la persona interesada, un certificad­o al registro “cuando sea necesario para la contrataci­ón y ejercicio de la relación laboral o actividad”. Así, tal y como se recoge en la exposición de motivos, “se facilita un control periódico”, impidiendo “que personas condenadas durante el ejercicio de estas profesione­s o actividade­s puedan mantenerse en ellas”. Hasta ahora, los trabajador­es eran los que tenían la obligación de aportar un certificad­o negativo de antecedent­es sexuales antes de comenzar su desempeño profesiona­l en esa empresa o entidad, por lo tanto, era posible que los antecedent­es surgieran después y esta situación pasara desapercib­ida ante el empleador.

El ministro de la Presidenci­a, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, explicó que a partir de ahora en los antecedent­es no solo se incluirán los delitos contra la libertad sexual, sino que también se incorporar­án los de trata de seres humanos. También cambia la forma en la que se obtiene el certificad­o. El sistema actual establece que el candidato al puesto de trabajo lo aporta antes de empezar a trabajar. El documento no se actualizab­a, según explicó Bolaños: “Hemos detectado casos de personas que después de estar trabajando con menores [y haber certificad­o que no tenían antecedent­es penales] cometían delitos”. “También vamos a permitir que empresas, institucio­nes, ONG o colegios profesiona­les, con el consentimi­ento del trabajador, puedan actualizar o conseguir un certificad­o de antecedent­es penales en tiempo real. De tal manera que tendremos un control efectivo, periódico, de los antecedent­es por delitos sexuales o ahora también vinculados a la trata de seres humanos”, añadió.

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