La Iglesia y el Gobierno chocan por quién debe indemnizar a las víctimas de pederastia
El Gobierno chocó ayer frontalmente con la Iglesia católica, que respondió en términos muy duros al plan aprobado en el Consejo de Ministros para atender a las víctimas de pederastia del clero y anunciado ayer por el titular de la Presidencia, Félix Bolaños, quien prevé que la Iglesia corra con el gasto de las indemnizaciones. En un severo comunicado la Conferencia Episcopal Española (CEE) insiste en su negativa a colaborar con el Ejecutivo en los resarcimientos si no incluye a todos los afectados, no solo los de ámbito religioso, y ataca el plan: “El texto presentado parte de un juicio condenatorio de toda la Iglesia, realizado sin ningún tipo de garantía jurídica, un señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado”.
Bolaños, al presentar ayer el paquete de medidas del Ejecutivo, había expresado su confianza en que la Iglesia iba a colaborar y avanzó que ya ha iniciado conversaciones para ello. Se refirió, de hecho, a la reunión que mantuvo la semana pasada con el presidente de la CEE, Luis Argüello, en la que dijo haber percibido “una sincera voluntad” de colaborar. No obstante, luego los obispos precisaron: “La CEE ya adelantó al ministro Bolaños su valoración crítica sobre este plan al fijarse solo en la Iglesia católica. También le manifestó su disposición a colaborar en los ámbitos de su responsabilidad y competencia, pero siempre en la medida en que aborde el problema en su conjunto”. Sumar, socio de Gobierno, y algunas víctimas también criticaron el plan, pero por la razón opuesta: creen que solo la Iglesia debe afrontar las indemnizaciones y no se establece ningún mecanismo que lo garantice. Opinan que en ningún caso debe hacerlo el Estado.
La principal novedad del plan presentado por Bolaños es que el Ejecutivo prevé crear un órgano independiente que escuche a las víctimas de pederastia del clero y decida qué indemnizaciones recibirán, para que luego sea la Iglesia católica quien las pague. La cuantía aún no se ha determinado. “Confío absolutamente en que la Iglesia asumirá el coste”, adelantó Bolaños. El ministro justificó el plan en la “elevada incidencia” de los abusos en la Iglesia, demostrada por el informe del Defensor del Pueblo, y avaló expresamente la cifra de víctimas estimada por la encuesta del estudio, “440.000 personas, es decir, un 1,1% de la población”. La Iglesia rechaza de plano esa estimación.
El ministro no respondió a la prensa qué ocurriría si la Iglesia se negara, ni quién pagaría entonces las indemnizaciones. El borrador del plan, adelantado por este diario, ya contemplaba la posibilidad de que la Iglesia se negara a colaborar, en cuyo caso se pondría en marcha “un proceso administrativo” que reconozca la condición de las víctimas y “las medidas reparadoras que sean adecuadas”. Una hora después, sucedió eso exactamente: la CEE emitió un duro comunicado en el que se negaba a participar en el plan del Ejecutivo, como ya había manifestado anteriormente, si no contemplaba resarcir a todas las víctimas de pederastia, no solo las de la Iglesia. “No se pueden plantear unas medidas de reparación que, siguiendo el informe del Defensor del Pueblo, dejarían fuera a 9 de cada 10 víctimas. La Iglesia no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales”, afirmó la CEE. “Además, esta regulación cuestiona el principio de igualdad y de universalidad que debe tener todo proceso que afecta a derechos fundamentales”.
Enseguida volvieron a ponerse en evidencia las tensiones internas de la Iglesia, entre el sector más reacio a afrontar el escándalo, y los que desean una limpieza a fondo. El vicepresidente de la CEE, José Cobo, arzobispo de Madrid y considerado más cercano al Papa y su lucha contra la pederastia, declaró a mediodía que está dispuesto a “colaborar con el Estado para afrontar todas las dimensiones de este asunto en materia de prevención y reparación”, asumiendo su “responsabilidad como Iglesia”.
Otra divergencia importante en el seno de la Iglesia es la de Confer (Confederación Española de Religiosos), la organización paralela a la CEE que agrupa a las órdenes religiosas españolas, y que en realidad tiene más que decir en el asunto, pues la mayoría de los casos de abusos se registran en congregaciones, más que en las diócesis. A primera hora de la tarde, difundió un comunicado que, en un tono mucho más conciliador, anunciaba que “estudiará detalladamente” el plan del Gobierno: “La Confer seguirá en diálogo con todas las instituciones, eclesiales y civiles, para encontrar los mejores caminos de reparación para todas las víctimas de abusos en los diferentes ámbitos de la sociedad”.
Entre las víctimas, Miguel Hurtado, quien sacó a la luz los abusos en Montserrat, asegura, a la espera de conocer el texto definitivo, que es un plan “descafeinado, con graves lagunas y que beneficia a los obispos a costa de las víctimas y el contribuyente”. “Consagra el rescate económico a los obispos y que sea el Estado quien pague la factura”, opina.
Si conoce algún caso que no ha sido denunciado o no figura en esta información, puede hacérnoslo llegar a través del correo electrónico abusos@elpais.es.
La Conferencia Episcopal se niega a colaborar si los resarcimientos incluyen solo a los afectados de ámbito religioso
Según los obispos, el plan “cuestiona el principio de igualdad y universalidad”
Bolaños no responde a qué pasará si la CEE se niega a pagar las compensaciones