La Fiscalía pide que se archive la denuncia del novio de Ayuso contra la institución
La Junta de Fiscales de Sala ha respaldado la tesis de García Ortiz y de su número dos
La Junta de Fiscales de Sala, el principal órgano asesor del fiscal general del Estado, ha avalado que se archive la denuncia por revelación de secretos presentada contra la Fiscalía por Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Esta era la postura que defendía la número dos de la Fiscalía, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, en contra del criterio de la fiscal sobre la que recayó el caso, María de la O Silva, quien considera que existen indicios de delito y pretendía seguir adelante con la investigación. La negativa de Silva a aceptar el criterio de su superior es lo que motivó la reunión de ayer, en el que la cúpula fiscal ha debatido el asunto para fijar su postura. El debate se saldó, según informaron fuentes fiscales, con 19 a favor de archivar, 12 en contra y una abstención, lo que ha reforzado la decisión de la teniente fiscal, que instará a la fiscal del caso a pedir el archivo.
La decisión de la Junta no era vinculante, por lo que Sánchez Conde podía ordenar que se pidiera el archivo del caso incluso con la oposición de este órgano, del que forman parte los 36 fiscales de sala, la máxima categoría de la carrera. Pero sostener esa postura con la cúpula fiscal en contra habría abierto un nuevo cisma interno en la Fiscalía, que vive en permanente tensión por el enfrentamiento que mantiene un sector con el fiscal general, Álvaro García Ortiz, y su mano derecha, Sánchez Conde. Que la mayoría de fiscales hayan apoyado la tesis de la teniente fiscal es un bálsamo para los jefes del ministerio público.
La reunión de ayer se convocó después de que la fiscal sobre la que recayó la denuncia de González Amador se opusiera a la orden que recibió de la número dos de la institución para que se posicionara a favor de archivar esa querella. La fiscal Silva pidió activar el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que permite elevar el caso a la junta de fiscales cuando se considere que se ha recibido una instrucción “improcedente” o “contraria a las leyes” de los superiores.
A la reunión estaban convocados 36 fiscales, pero cuatro no pu(ICAM) dieron acudir y finalmente asistieron 32. Tampoco estaba el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien habitualmente preside las reuniones de este órgano, pero que se ha abstenido en este caso después de asumir la “responsabilidad” sobre el documento que dio origen a la denuncia contra el ministerio público: una nota de prensa publicada por la Fiscalía Provincial de Madrid el 14 de marzo en la que desmentía las informaciones que el equipo de la presidenta madrileña estaba lanzando contra esa institución tras la apertura de una investigación contra su novio por presuntos delitos fiscales.
La pareja de Ayuso y el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid llevaron ese comunicado a los tribunales al considerar que revelaba datos confidenciales de la investigación a González Amador. El fiscal al que se le asignó la denuncia del ICAM informó a favor de archivarla; pero la fiscal Silva, sobre la que recayó la presentada por la pareja de Ayuso, considera que existen indicios de delito y pretendía practicar una serie de diligencias, una postura que fue rechazada por la teniente fiscal del Supremo, que instó a Silva a pedir el archivo de la investigación. La negativa de Silva a acatar esta orden es lo que ha desembocado en la reunión de la cúpula del ministerio público.
La sesión la abrió Sánchez Conde, que, según fuentes fiscales, hizo un relato de los hechos y defendió su posición. La teniente fiscal sostuvo que la nota de prensa de la Fiscalía no constituye un delito de revelación de secretos, entre otras razones, porque la información que contenía era de conocimiento público. La teniente fiscal ha citado jurisprudencia del Tribunal Supremo de casos similares en los que los magistrados consideraron que primaba la libertad de información. Tras la intervención de la número dos de la Fiscalía, entró en la reunión la fiscal Silva, quien ha expuso su opinión favorable a seguir investigando y explicó por qué pidió la activación del 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Silva abandonó la reunión al terminar su intervención, y es entonces cuando empezaron tomar la palabra los fiscales de sala. Lo hicieron en orden de menor a mayor antigüedad, y en los primeros turnos, en los que participaron los fiscales que han ascendido a la máxima categoría bajo el mandato de García Ortiz o de su antecesora, Dolores Delgado, todas las intervenciones fueron favorables a archivar el caso. La sesión se interrumpió de 12.30 a 15.00. La cúpula volvió a reunirse a las 15.00 y fue a partir de ahí cuando se escucharon las intervenciones más críticas con la posición de los jefes del ministerio público.
Todos los fiscales coincidieron, según estas fuentes, en que no hay delito tras la nota de prensa de la Fiscalía Provincial. La mayoría apoyaron que la Fiscalía pida el archivo. La mayoría argumentó que, aunque la nota en sí no constituya un delito de revelación de secretos, habría que investigar filtraciones.
González Amador se querelló por revelación de secretos
El ministerio público difundió una nota de prensa desmintiendo informaciones