El fiscal tailandés cree difícil probar que Daniel Sancho actuó con premeditación
El ciudadano español evitaría así una hipotética condena a muerte por el crimen de Edwin Arrieta
La Fiscalía y la acusación particular en el juicio que se sigue en Tailandia contra el español Daniel Sancho por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta reconocieron ayer la “dificultad” de demostrar que el crimen fue premeditado. “Lo he dado todo en el caso y estoy satisfecho. No estoy seguro de si se llegará a la acusación de asesinato premeditado. De todos modos, fue difícil desde el principio”, dijo a Efe el fiscal del caso, Jeerawat Sawatdichai, tras concluir la fase de declaraciones de los testigos propuestos por la acusación ante el Tribunal Provincial de Samui. El elemento de la premeditación es clave porque, si esta no queda probada, Sancho no podría ser condenado a muerte.
“[El asesinato de Arrieta] puede ser premeditado o no, porque el camino de la investigación para llegar a la premeditación es difícil. No solo en este caso, sino en todos los de asesinato premeditado en general”, añadió Sawatdichai. La Fiscalía acusa a Sancho, de 29 años, del asesinato premeditado de Arrieta, de 44. Ese delito está castigado en Tailandia con una condena máxima de pena de muerte. También le imputa otros dos delitos: el descuartizamiento y ocultación del cuerpo, y la destrucción de documentación ajena (el pasaporte). En la primera sesión del juicio, el día 9, Sancho se declaró no culpable del asesinato premeditado —según su versión, la muerte de Arrieta fue accidental durante una pelea— y aceptó los otros dos cargos.
El abogado en España de la familia de Arrieta, Juan Gonzalo Ospina, coincidió en “la dificultad” de demostrar la premeditación. “El ministerio fiscal y la coacusación estamos solicitando que sea condenado por un asesinato con premeditación o sin premeditación. Es importante porque la familia considera que lo que hizo Sancho fue acabar con la vida de Edwin con una idea preconcebida antes de viajar a Phangan”, dijo Ospina. “Sin embargo, esto es la dificultad que tiene este procedimiento y no tenemos ningún interés personal en la causa, simplemente que se haga justicia (...) Y que el juez determine si lo que hizo Sancho tuvo un plan prestablecido o no”, añadió.
En esta primera fase del juicio, la Fiscalía ha llamado a declarar a 28 personas, entre policías, forenses y testigos de la compra de cuchillos, una sierra, bolsas de basura y otros elementos por parte de Sancho el día anterior al supuesto asesinato, ocurrido el 2 de agosto. En referencia a estas adquisiciones y otras pruebas aportadas por la Fiscalía, Ospina afirmó que “todo lleva a pensar que lo que ocurrió el 2 de agosto es parte de un plan”.
Hoy comienzan las declaraciones de los 25 testigos de la defensa. Daniel Sancho declarará el primero, y después —hoy mismo o ya en próximos días— lo harán, entre otros, su padre, el actor Rodolfo Sancho, y dos policías de la isla de Phangam, donde se cometió el crimen. El final del juicio está previsto para el 3 de mayo.
El abogado Ospina aseguró ayer que el crimen ha arruinado a la familia de la víctima, y reclamó una indemnización mínima de 410.000 euros. “Hoy acudimos como testigos de la familia para explicar la situación económica en la que se encuentran a día de hoy tras la pérdida de Edwin, que era quien sustentaba toda la realidad económica de la familia”, dijo Ospina a las puertas del tribunal. Las vistas son a puerta cerrada.
Los abogados de la familia Arrieta en Tailandia, Mettapon Suwancarern y Nattha Lak Jongratwanin, han solicitado una indemnización de 30 millones de bahts (unos 760.000 euros). Ospina, sin embargo, precisó que esa cifra es un “tope máximo” y que la familia estaría “más que satisfecha” con la cantidad de 410.000 euros que su despacho calculó en un principio.
El actor español Rodolfo Sancho, padre del acusado, dijo a los periodistas, al finalizar la sesión, que “por supuesto que no” se ha llegado a ningún tipo de acuerdo sobre la indemnización. Realizar ese pago —en caso de que así lo decidiera el juez en una sentencia condenatoria— sería un requisito imprescindible para que el acusado pudiera solicitar su traslado a una prisión española, algo posible siempre y cuando la pena impuesta no fuera una condena a muerte.