Solo el 14% de las residencias españolas son de titularidad y gestión pública
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 presenta el primer análisis estadístico de estos centros basado en una encuesta de 2022
En España hay 5.188 residencias para personas mayores, con 381.514 plazas, y 1.455 para personas con discapacidad, con 49.435 plazas. Además, otros 188 centros están dirigidos a ambos colectivos. Así consta en el primer censo sobre estas residencias publicado en España, y presentado ayer por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Hasta ahora se carecía de datos oficiales homogéneos a nivel nacional sobre las residencias y sus características. En el informe se constata que la mayoría son de titularidad privada. De hecho, para ambas modalidades de centro apenas el 14% son tanto de titularidad como de gestión públicas. Pero el análisis también esboza datos sobre cómo se vive en estos lugares: el 56% de los mayores comparte habitación con algún compañero.
“Este censo viene a cubrir la falta de datos, especialmente de información agregada a nivel nacional, que era una demanda desde hacía tiempo y se evidenció durante la pandemia”, explicó la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez. En diciembre de 2020, las comunidades autónomas y el ministerio acordaron, por esto mismo, crear un censo de residencias, y este se incorporó al Plan Estadístico Nacional 2021-2024: el Imserso está trabajando ya en la siguiente edición y, posteriormente, valorará si se continúa con una periodicidad anual.
En esta primera edición, los datos corresponden a 2022, cuando se distribuyó un formulario online a los centros. La tasa de respuesta fue del 84,5%. La directora general del Imserso, Mayte Sancho, destacó que la intención es continuar avanzando. Fuentes del ministerio apuntan que el objetivo es contar “con información rigurosa de todos los servicios sociales destinados a personas mayores y con discapacidad, es decir, servicios domiciliarios, centros de día, teleasistencia y demás”. Y que el mapa detallado baje a nivel de cada pueblo o ciudad.
Por el momento, el análisis se centra en las residencias. Es puramente cuantitativo, con multitud de datos sobre los propios centros, el perfil de los residentes y los trabajadores. En el informe se destaca que conocer las características de las residencias, y hacerlo por comunidades, permitirá comprobar cómo avanza cada región en la aplicación del nuevo modelo aprobado en 2022, en el cual se fijaron los requisitos mínimos que tienen que cumplir los servicios de dependencia para poder formar parte del sistema. No hay, sin embargo, datos económicos, ni de cuánto cuesta a la Administración, empresas o entidades cada plaza, ni tampoco sobre cuánto sufragan los usuarios.
En el análisis se distingue entre cinco modelos de gestión: titularidad pública y gestión privada con ánimo de lucro (por parte de empresas), titularidad pública y gestión privada sin ánimo de lucro (por parte de entidades sin fin lucrativo), titularidad y gestión públicas, titularidad y gestión privadas con ánimo de lucro, y titularidad y gestión privadas sin ánimo de lucro. En las residencias de mayores, el porcentaje más numeroso está en las de titularidad privada con ánimo de lucro (48,5%). En las de discapacidad, un 73% de los centros son de titularidad y gestión privada sin ánimo de lucro.
Los datos permiten comparar el acuerdo alcanzado entre las comunidades y el ministerio con la realidad actual. Aquel pacto restringía las residencias de mayores de nueva construcción a un máximo de 75 plazas si están en zonas rurales o escasamente pobladas; de 90 en localidades de densidad intermedia, y de 120 en ciudades o áreas densamente pobladas. Según el informe, que no especifica el lugar en el que se ubican los centros, estos centros cuentan, de media, con 73,5 plazas. Pero más de la mitad de ellas se ubican en centros con capacidad para más de 100 plazas. Y, si bien solo el 3,4% de las residencias tienen más de 200, estos centros acumulan el 13,4% de todas las plazas que se ofertan en el país. En cambio, las residencias para personas con discapacidad son más pequeñas: 34 de media.
Mujeres de más de 80 años
Un aspecto que se desconocía hasta ahora es cómo se distribuían las habitaciones en las residencias. En las de mayores, el 43% son individuales y en las de discapacidad, el 40,5%. Así que la mayoría de mayores duerme en cuartos compartidos con otra persona (56%), frente al 48% de las personas con discapacidad. El acuerdo entre el ministerio y las comunidades establece que en las nuevas residencias de mayores, al menos el 65% de las plazas públicas o concertadas deben estar en habitaciones individuales y el resto, en dobles.
Pero, además, también se aportan datos sobre otras características de las residencias. Nueve de cada 10 centros de mayores disponen de espacio exterior (como una terraza o jardín), 8 de cada 10 están dentro del casco urbano, 7 de cada 10 tienen conexión a internet. Y el 75,5% permiten la opción de sectorizar el edificio por razones de seguridad o sanitarias, algo que fue necesario en la pandemia para tratar de evitar que el virus se propagara.
El censo permite confirmar que hay más mujeres que hombres en las residencias de mayores, normal dado que ellas tienen más esperanza de vida (7 de cada 10 son mujeres), algo que no se da en las de discapacidad (rozan el 42%). Tres de cada 10 residentes en centros de mayores tiene 80 o más años, mientras que el 85% de los de centros de discapacidad son menores de 65.
El análisis no solo se centra en los residentes, también en trabajadores. Para empezar, más de 206.000 personas están empleadas en residencias de mayores y cerca de 38.000 en las de discapacidad. El 95% es personal del centro en ambos casos, y el resto está subcontratado (en las residencias de mayores de titularidad y gestión pública, este porcentaje se reduce al 91%, con un 9% de subcontratados). La mayoría de empleadas son mujeres (86% en mayores y 78% en discapacidad), con jornada completa (73% en mayores y 72,5% en discapacidad). Aunque si se atiende a modelos de gestión, la diferencia se ve más acentuada en centros cuya titularidad y gestión es pública: en mayores, cerca del 83% tiene contrato a tiempo completo, en discapacidad el 87%.
“En la pandemia se evidenció la falta de datos”, señala la secretaria de Estado
El 56% de los mayores duermen en habitaciones compartidas