Un movimiento europeo busca garantizar el derecho al aborto

Mi Voz, Mi Decisión recoge firmas en 11 países y registra ante la Comisión una iniciativa ciudadana

Los retrocesos comenzaron hace unos años. Primero fue Polonia. Se convirtió en uno de los países con más restricciones en Europa para el aborto cuando, en 2020, el Tribunal Constitucional lo declaró ilegal a excepción de dos supuestos: cuando la vida de la madre corra peligro y si el embarazo es producto de una violación. Luego, Italia, que con la llegada de Giorgia Meloni ha ido incorporando trabas a ese derecho. Malta ya lleva años siendo el lugar donde las mujeres tienen más difícil poder interrumpir su embarazo. Y en el resto del territorio europeo, donde es un derecho reconocido con mayor o menor amplitud, su acceso tampoco está garantizado para muchas mujeres. 20 millones, según la organización Mi Voz, Mi Decisión, que es también el nombre de la iniciativa ciudadana que abrió ayer una recogida de firmas en 11 países. Necesitan un millón para que la petición tenga recorrido en la UE: que el aborto sea libre, seguro, gratuito y accesible, sea cual sea el país en el que viva la mujer y la situación económica o administrativa que tenga.

Este movimiento europeo fue, en inicio, impulsado por organizaciones y coaliciones de ocho países europeos: Eslovenia, Polonia, Francia, Irlanda, España, Croacia, Austria y Finlandia. Fueron quienes registraron la iniciativa ciudadana —un instrumento que permite a los habitantes de la UE solicitar al Ejecutivo europeo que plantee nuevas leyes o actuaciones— ante la Comisión Europea. “A esos, se han sumado además Hungría, Italia y Dinamarca”, contabiliza Kika Fumero, exdirectora del Instituto Canario de Igualdad y una de las coordinadoras en España, que también explicó por qué “no se puede exigir” a la UE el aborto como “un derecho realmente efectivo en todos los países”, pero sí se puede exigir “para todas las mujeres que están en la UE”.

En el territorio de la Unión, añade Fumero, hay tres tipos de competencias: “Las exclusivas de la UE, otras que forman parte de las competencias compartidas y un tercer tipo, llamadas de apoyo, que son las que corresponden a los Estados miembros, a nivel nacional. Los derechos reproductivos forman parte de estas últimas, por eso no podemos exigirlo en todos los países, pero sí para todas las mujeres en Europa, mediante programas de financiación, que sean plurianuales, y que vayan destinados a los países donde es legal y accesible para que aseguren recibir a las mujeres que residan en territorios donde eso no ocurre”.

“Planes como este existen para otras cuestiones en Europa, para que aquellas que no puedan hacerlo en sus países, puedan viajar, interrumpir su embarazo y volver a su país con todas las garantías, y de forma gratuita”, amplía la escritora y periodista Cristina Fallarás, otra de las coordinadoras en España. Fallarás también recordó que no son solo países como “Malta, donde hasta mediados del año pasado el aborto tenía hasta tres años de cárcel, y donde ahora está permitido únicamente si está en peligro la vida de la madre”, sino que en aquellos países donde se supone que es accesible y está asentado como derecho, “tampoco es totalmente efectivo”.

En España, lo accesible que

Solo el 17% de los que se realizaron en España en 2022 fue en centros públicos

Necesitan un millón de apoyos para que la propuesta tenga recorrido en la UE

sea el aborto depende de la autonomía donde se resida, porque aunque la última reforma legislativa estableció que debe ser en el sistema público donde las mujeres pueden ejercer ese derecho —y el propio sistema tiene que garantizarlo—, aún no sucede. Las listas de objetores que los centros tenían que hacer para reorganizar sus servicios y garantizar que cualquier hospital tuviese profesionales para hacer las interrupciones, aún no han sido realizadas en todo el territorio.

Es decir, que no ha cambiado nada desde esa última actualización de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva; según el último informe de Sanidad, con datos de 2022, de las 98.316 interrupciones voluntarias del embarazo que hubo ese año, solo el 17,02% se realizaron en centros públicos. Y hay regiones que aún no notifican abortos en sus hospitales, como Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Murcia y Extremadura.