Netanyahu reta al Tribunal Penal Internacional y niega su autoridad
El primer ministro israelí acusa al TPI de socavar el “derecho a la defensa” de su país
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no ha esperado a que el Tribunal Penal Internacional (TPI), con sede en La Haya (Países Bajos), dicte eventuales sanciones contra responsables de su país por la guerra en Gaza. El líder conservador ha preferido reaccionar antes de que esto ocurra. Cree que, de producirse, este paso sería un “precedente peligroso” que no le haría cambiar su agenda bélica.
El mandatario considera “escandalosa” la amenaza contra autoridades políticas y militares del país por parte de ese tribunal. “No cederemos ante él”, aseguró en un duro comunicado hecho público ayer en su perfil de la red social X. “Bajo mi liderazgo, Israel nunca aceptará ningún intento del Tribunal Penal de La Haya de socavar su derecho fundamental a defenderse”, añadió.
Desde hace días, las muestras de preocupación en Israel ante posibles órdenes de arresto por presuntas violaciones del derecho internacional contra responsables israelíes, incluido Netanyahu, han ido en aumento, según diferentes medios. Miembros del Gobierno y asesores legales llegaron a mantener el 16 de abril una reunión de emergencia en la oficina del primer ministro para marcar el plan de defensa ante un eventual anuncio a corto plazo desde La Haya, informó el Canal 12 de la televisión israelí. A esta cita habrían asistido el titular de Exteriores, Israel Katz; el de Justicia, Yariv Levin, y el de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, según ese medio. La inquietud ante esas hipotéticas sanciones fue compartida por Netanyahu en los recientes encuentros que mantuvo con los ministros de Exteriores del Reino Unido, David Cameron, y de Alemania, Annalena Baerbock, añadió ese canal.
Israel no es miembro del TPI ni reconoce su jurisdicción. Esta circunstancia hace que solo pudiera actuar si los acusados viajasen a uno de los 124 países que forman parte del tribunal. Palestina, en cambio, sí es Estado miembro desde 2015. El tribunal puede actuar contra individuos en caso de crímenes de guerra o de lesa humanidad, genocidio o agresión.
El pasado 20 de marzo, la organización Law for Palestine, apoyada por una quincena de ONG de distintos países árabes, envió un escrito a la corte penal en el que acusaba a autoridades civiles y militares de Israel de “genocidio” contra los palestinos. El fiscal jefe del TPI, Karim Khan, dijo en los primeros días de la guerra, que comenzó el 7 de octubre, que el organismo tenía jurisdicción sobre crímenes de guerra tanto de Hamás como de Israel. Durante una rueda de prensa en El Cairo a principios de noviembre, Khan insistió en que Israel tenía “una clara obligación” moral y jurídica de cumplir con la legalidad internacional. El fiscal señaló que tendrá que demostrar que cualquier ataque que afecte a civiles inocentes u objetos protegidos se realiza dentro de la legalidad, en un mensaje que extendió también a Hamás.
El TPI ya emitió en enero de 2023 una orden de detención contra el presidente ruso, Vladímir Putin, por su presunta responsabilidad en la deportación forzosa de menores ucranios desde los territorios ocupados a Rusia. Putin fue el tercer presidente en ejercicio que ha recibido una orden de detención de este tribunal, tras Omar al Bashir, de Sudán, y Muamar el Gadafi, de Libia.
Sudáfrica empezó a promover acciones a finales de 2023 contra Israel por posible genocidio en el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU (TIJ), que como el TPI, también tiene sede en La Haya. Ese procedimiento podía llevar al aislamiento diplomático y a boicots o sanciones contra Israel o contra las empresas israelíes, por lo que las autoridades empezaron a pensar en esa posibilidad y en su posible respuesta, señalaba entonces Haaretz. Según los expertos sudafricanos que impulsaron la medida, el de Gaza es “el primer genocidio de la historia donde sus víctimas graban su propia destrucción en directo”.