Casi tres décadas en España antes de poder votar
Una uruguaya acudirá por primera vez a las urnas el 12-M tras años de lucha para conseguir la nacionalidad
Noelia Ceroni nunca pudo decidir nada sobre la guardería, la escuela o el centro médico al que acudían sus hijos. Como uruguaya, ni siquiera le estaba permitido votar en las municipales, limitadas a los ciudadanos europeos y a los extranjeros cuyos países tienen acuerdos de reciprocidad. “Después de 28 años y cuatro hijos aquí, me he sentido ciudadana en obligaciones, pero no en derechos”, critica esta mujer, de 49 años, que trabaja en el hospital Clínic, como técnica de radioterapia, paga su hipoteca y saca adelante una familia numerosa con su pareja. En las elecciones del 12 de mayo, Ceroni votará por primera vez. Hace seis meses que en su cartera tiene ya el anhelado DNI, que aún mira con extrañeza. Le costó un camino largo de más de una década, con recurso incluido ante el Ministerio de Justicia, después de que le denegasen la nacionalidad por “falta de arraigo en la sociedad española”.
Ceroni todavía no ha recibido la tarjeta censal. “Llegará, ¿no?”, pregunta. Se espera cualquier cosa después de que en la denegación inicial de la nacionalidad constase que su nivel de español era “aparentemente adecuado” o que para examinar su grado de integración le preguntasen dónde se celebran las fiestas de la Paloma. “Siempre he vivido en Barcelona”, se excusa, sobre un examen que realizó en 2014.
Ceroni es una de las 5,8 millones de personas llamadas a votar en las próximas elecciones catalanas del 12 de mayo. Por primera vez no está en el grupo de 1,1 millones de extranjeros residentes en Cataluña, con 18 años o más, según datos del Idescat, pero que no pueden pronunciarse sobre las políticas que condicionan sus vidas.
“Pensar que hay integración si no hay participación política es una falacia. Si no es política, no hay integración”, critica el catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia (UV), Javier de Lucas. Fundador del Instituto de Derechos Humanos de la UV, denuncia que la “lógica migratoria está hecha para extranjerizar al inmigrante”. Y es así “con pocas excepciones en el mundo”, dice, como Canadá o Ecuador, más permisivas. “Si llevas cinco años viviendo en un país, pagando los impuestos, con una situación de trabajo estable, debes tener los mismos derechos y poder votar, en el ámbito municipal, pero también en el autonómico y estatal”, considera. Para ello, habría que modificar la Constitución que limita el sufragio en los comicios estatales y autonómicos exclusivamente a los españoles.
Un repaso de los programas de los partidos políticos que concurren a las elecciones del 12 de mayo permite comprobar que ninguno de ellos aborda el derecho a votar de los inmigrantes. “Se sigue pensando que el voto es la guinda del pastel, cuando lo cierto es que los derechos políticos son la condición para ser reconocidos en igualdad”, insiste el doctor De Lucas. “Los partidos no tienen la inmigración en su base estructural, desde una perspectiva de derechos, es solo una reacción a la derecha”, opina Victoria Columba, del comité de Cataluña del movimiento Regularización Ya. “Se trata de una integración selectiva: la inmigración sirve para engordar arcas, para un crecimiento poblacional, para llenar pueblos... Pero sus derechos se postergan”.
“No me siento con más derechos, me siento más igual”, ahonda Ceroni sobre su nueva condición de española, y la diferencia de ir por el mundo con un DNI o con un NIE (Número de Identidad de Extranjero). Ella pidió la nacionalidad por primera vez en 2013. “Ya tenía dos hijos, una vida estable, una red. El arraigo estaba hecho”, defiende. Le dieron hora al año siguiente, y se presentó en el Registro Civil con su pareja. El examen la pilló por sorpresa. De las 25 preguntas, apenas pudo responder cinco y además tuvo un rifirrafe con la funcionaria. “Intenté hablar en catalán, y me dijo que ahí estaba para la nacionalidad española, no la catalana”, detalla. Pero a pesar de todo, pensó que ya solo sería cuestión de esperar. ¿Cómo no iba a obtener la nacionalidad después de llevar en España desde los 21, tener un trabajo estable, cuatro hijos, estar casada, pagar una hipoteca, impuestos...?
Cuatro años después, en 2018, recibió la denegación por “insuficiente integración”. No supo qué hacer. “Había sido todo tan farragoso, tan duro, tan complicado, tan largo, tan caro...”. Al final, optó por recurrir la decisión del Ministerio de Justicia, a pesar de que le advirtieron que lo mejor sería empezar de nuevo el proceso. “Me negué”, repite. Y se centró en demostrar que, en contra del criterio del Estado, sí era una ciudadana arraigada. “Tuve que presentar certificados de la escuela de los niños, conforme los llevaba al colegio y participaba en el AFA; de la pediatra; de mi trabajo... No fue agradable tener que pedirle a todos que avalasen que era una buena ciudadana, buena madre, buena trabajadora...”, lamenta.
“No ser española ha limitado mi vida personal y laboral”, se queja Ceroni, que asegura que ya no se siente de ningún sitio. “Es la sensación de perder tu lugar”, reflexiona. Pero, en todo caso, está feliz de poder votar. “Me hace mucha ilusión. Creo en el sistema”, reivindica. ¿A quién depositará su papeleta? No lo sabe, admite. Pero de tenerlo claro, se ríe, tampoco lo diría.
El Registro Civil le denegó el DNI en 2018 por “insuficiente integración”
“Me hace mucha ilusión participar en las elecciones. Creo en el sistema”, dice