Una gestora de las participaciones del ‘caso Zaplana’ afirma que nunca oyó hablar del exministro
La sobrina del espía Paesa dice que se llevaron a Luxemburgo 650.000 euros en billetes
La abogada Beatriz García Paesa, sobrina del espía Francisco Paesa, decribió el viernes durante el juicio del llamado caso Erial la forma de operar de los empresarios Cotino para el pago de las mordidas por las adjudicaciones de las ITV y los parques eólicos en la Comunidad Valenciana bajo el mandado de Eduardo Zaplana.
García Paesa expuso cómo en 2001 el entonces director general de la Policía, Juan Cotino, ya fallecido, llegó a Luxemburgo con 650.000 euros en metálico para la constitución de dos sociedades a través de las que, años después, se hicieron efectivos los cohechos por el amaño de los contratos públicos, tal como confesaron los propios sobrinos de Cotino ante el tribunal. “Allí no se preguntaba por el origen del dinero”, dijo la abogada que gestionaba las sociedades de los Cotino en el extranjero. “Los bancos no hacían más preguntas que las necesarias sabiendo quién era el cliente y que el dinero había salido legalmente de España. Desde entonces ha cambiado mucho la legislación”, manifestó.
Esas sociedades, según la investigación, fueron las utilizadas para canalizar el cobro del cohecho, uno de los delitos por lo que está acusado el expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro Eduardo Zaplana, para el que Anticorrupción pide una condena de 19 años de cárcel.
Paesa admitió que se hizo cargo de esas sociedades desde su constitución por parte de los Cotino hasta que el abogado Fernando Belhot asumiera su gestión. En ese tiempo, la titularidad de las empresas fue transmitida al jefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García, que confesó haber amañado el contrato y haber cobrado por ello, y a un amigo de la infancia del exministro del PP, Joaquín Barceló, que en una de las primeras sesiones del juicio confesó ser testaferro de Zaplana.
La abogada admitió que durante el tiempo que gestionó las mercantiles de Luxemburgo “jamás” le mencionaron a Eduardo Zaplana. “Para mí formaba parte del mundo político y no tengo idea de quién es”, aseveró.
Durante el turno de preguntas del abogado que defiende al expresidente de la Generalitat se vivieron varios momentos de tensión. Uno de ellos fue cuando el letrado trató de que los agentes de la Guardia Civil cifraran el porcentaje que supuestamente se pagó por el amaño del concurso público de las ITV. “¿Cómo se calcula la dádiva? ¿Han visto alguna vez un porcentaje de comisiones tan elevado como este? ¿Es posible que pagaran estos porcentajes?”, expuso de manera insistente. “Hay operaciones en las que incluso se paga el 50% de comisión”, aseguró ayer uno de los agentes. En su informe, los miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) señalaron que el grupo de empresas de los Cotino, tras las adjudicaciones, vendió participaciones que resultaron adjudicatarias que les reportaron 86,5 millones de euros “lo que justifica el alto importe de las comisiones”.
Otro de los rifirrafes llegó con el cálculo del beneficio que, según la investigación, Eduardo Zaplana obtuvo de la venta de una de una casa en La Finca, una urbanización de lujo en Pozuelo de Alarcón. El informe de la Guardia Civil sostiene que la operación de venta, en tan solo dos años y cinco meses, generó una plusvalía de 3,4 millones de euros “sin tener en cuenta otros aspectos económicos como el pago de impuestos”.
El juicio lleva varias jornadas de retraso y pese a que para ayer estaba prevista la declaración, como testigo, del excomisario jubilado José Manuel Villarejo, a propuesta de Zaplana, esta ha sido aplazada a mayo.
La Guardia Civil cree que el expresidente ganó 3,4 millones con la venta de un chalé
La declaración del excomisario Villarejo ha sido aplazada hasta mayo