Cada vez más niños en la educación especial
La ley educativa prevé que el alumnado con discapacidad ingrese en la escuela ordinaria, pero desde su aprobación las aulas específicas tienen 2.600 escolares más
El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU ha dado un varapalo a España por mantener matriculados a miles de alumnos en los centros de educación especial, una práctica que el organismo “deplora” y considera “segregadora”. El comité reconoce en su informe algún avance, como que la actual ley educativa, la Lomloe, establezca que en 10 años la escuela ordinaria debe disponer de los medios necesarios para atenderlos y cumplir con lo previsto en la convención internacional, es decir, garantizar su inclusión en las aulas ordinarias. Los últimos datos oficiales muestran, sin embargo, que, desde la aprobación de la norma, en el curso 2020-2021, el número de estudiantes en los centros especiales y en las aulas específicas dentro de las escuelas comunes —rechazadas también por la ONU al considerar que separan a los niños— no se ha reducido, sino que ha aumentado en 2.614 alumnos, hasta los 41.521. Sigue así una tendencia que viene de atrás: hace 10 años, el número de estudiantes en esta red escolar paralela era de 33.022, lo que significa que se ha incrementado en 8.499 alumnos.
“Desde la aprobación de la Lomloe, y a pesar de lo que la ONU le dijo a España ya en 2017, no se ha avanzado nada”, lamenta Mar Álvarez, presidenta de Solcom, una de las entidades que denunciaron la situación que se vive en España ante la ONU, dando origen a la actual investigación por “violaciones graves o sistemáticas de los derechos recogidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, de la que forman parte 190 Estados, entre ellos España. Álvarez tuvo que luchar en su día en los tribunales para que su hijo, que ahora tiene 23 años, pudiera seguir yendo a clase en el colegio público de su pueblo, Cistierna (León), en vez de ser trasladado en régimen de interno a un centro de educación especial situado a 70 kilómetros de su casa cuando tenía siete años.
Dieciséis años después, y a pesar de los cambios legales y las reprimendas del comité de Naciones Unidas —que en 2017 emitió otro duro informe contra España—, casos como el suyo siguen repitiéndose. “Se sigue derivando a niños, contra el criterio de sus padres, a centros de educación especial. Justo ahora estamos asesorando por este motivo a una madre de Valladolid”, afirma Álvarez.
“El informe del comité”, dice Gerardo Echeita, profesor emérito de la Universidad Autónoma de Madrid y experto en inclusión educativa, “es una contundente, clara y rigurosa llamada de atención a las autoridades educativas para que se implemente ya un plan para el cumplimiento del derecho de todos los niños y niñas, sin excepción, a una educación inclusiva de calidad”. El mensaje emitido por el organismo de Naciones Unidas “tiene que llegar a las escuelas y la sociedad civil, para que se puedan ir rehaciendo las culturas que tienen normalizada la segregación de algunos niños y niñas en centros de educación especial y en aulas específicas en los centros ordinarios”, reclama Ignacio Calderón, profesor en la Universidad de Málaga, especializado también en la materia. Una portavoz de la Delegación para los Derechos Humanos de Cermi, la gran plataforma española de asociaciones vinculadas al sector de la discapacidad —aglutina a cerca de 8.000—, añade: “La ONU vuelve a señalar y a certificar que España está muy lejos de disponer de un sistema educativo inclusivo con las personas con discapacidad. Pese a la condena a nuestro país de 2017 por vulneración sistemática de la Convención de la Discapacidad, apenas se ha hecho nada para avanzar con determinación y mostrando logros tangibles”.
El informe de Naciones Unidas es una clara y rigurosa llamada de atención a las autoridades” Gerardo Echeita
Profesor emérito de la Universidad Autónoma de Madrid
Privados concertados
En 2020, el Ministerio de Educación parecía decidido a impulsar un “plan estatal de inclusión educativa” como el que reclama el Cermi y recoge la Lomloe. Un sector de los centros de educación especial, parte de los cuales son privados concertados, así como miles de familiares de alumnos con discapacidad, se movilizaron en contra de dicha posibilidad, especialmente en la Comunidad de Madrid. Y el Gobierno echó el freno. Un portavoz del Ministerio de Educación afirma: “Nuestro objetivo es garantizar plaza en los centros ordinarios para todos los alumnos con necesidades educativas especiales con los recursos que requieran. Pero si una familia quiere escolarizar en centro de educación especial, puede hacerlo”.
La plataforma Inclusiva Sí, Especial También, creada durante la tramitación de la Lomloe, rechaza las conclusiones del comité de Naciones Unidas: “Nos parece indignante y una falta de respeto que nos digan que segregamos a nuestros hijos con discapacidad intelectual. La educación especial es la más inclusiva, puesto que están escolarizados en la modalidad más adecuada a sus necesidades. No los escolarizamos en un centro de educación especial en virtud de su discapacidad, sino en virtud de sus necesidades”, asegura Luis Rojo, uno de sus portavoces.