El desfalco millonario se quedó en nada
El presidente del Colegio de Enfermería de Pontevedra se libra de la cárcel y solo tendrá que abonar una indemnización de 158.000 euros tras años de desviar fondos
La entrada de agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) en la sede del Colegio Oficial de Enfermería de Pontevedra en marzo de 2021 puso al descubierto un entramado empresarial paralelo al que se desviaba dinero de las cuotas de los afiliados. La operación supuso la detención de su presidente desde hacía más de 30 años, Carlos Fernández, de su mujer y de su hija. El goteo de dinero durante años había dado lugar a un desfalco continuado en el tiempo que había sido denunciado por el propio secretario de la entidad. Las pesquisas llegaron a cifrar el agujero en 11,5 millones de euros, pero a falta de que se conozca la sentencia, todo apunta a que esa cantidad se ha desinflado.
Después de tres años de instrucción, la investigación económica que instruyó un juzgado de Vigo se ha cerrado con un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía de Pontevedra y el principal implicado que libra de la cárcel tanto a él como a su familia. Fernández asume una pena de dos años de prisión por un delito de administración desleal pero no la cumplirá si durante este tiempo de condena no vuelve a delinquir, queda inhabilitado para ejercer como gestor y pagará 158.000 euros de indemnización y una multa de 1.080 euros por los daños ocasionados a la entidad.
Pinchazos telefónicos y decenas de informes contables y fiscales pusieron patas arriba el colegio de enfermería, que durante la instrucción judicial estuvo gestionado por dos administradores nombrados por el juzgado. Los sucesivos autos judiciales reflejaron el desfalco económico y apuntaron al presidente como presunto cerebro. Fernández y su familia crearon al menos tres empresas para desviar las cuotas colegiales que pagaban los asociados, una trama societaria que, según el instructor, pretendía vaciar las arcas de la entidad. Este patrimonio paralelo era gestionado a través de las sociedades Galaprint, Gestión Jurídica Gallega (GJG) e Instituto Gallego para la Formación y Promoción Social (IGAP), según la investigación.
Para los más de 4.000 enfermeros colegiados todo funcionaba sin atisbo de sospecha. Los Fernández controlaban la administración del colegio, que cada año recauda de sus socios más de 600.000 euros en cuotas. La tranquilidad se quebró en 2021 cuando la familia fue detenida y estuvo tres meses en prisión para evitar la destrucción de pruebas, imputados por los presuntos delitos de blanqueo de capitales en concurso con un delito de administración desleal y falsedad documental en las cuentas de la entidad.
La excepción de puertas para dentro de la sede fue el secretario de la entidad, José Faustino Portela, que llevaba más de 20 años en el cargo. Este había acusado al presidente de “hundir” la institución con su mala gestión y llegó a hacer públicos los enfrentamientos entre ambos en un comunicado que remitió a los medios de comunicación junto a diversa documentación en la que dejaba en evidencia las anomalías económicas. Denunciaba la quiebra de la entidad con una sucesión de condenas que sumaban seis millones de euros. La última sentencia obligaba al colegio pontevedrés a pagar 1,5 millones de euros al Consejo General de Enfermería de España, mientras otra anterior dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de Pontevedra se sumaba a la de 2014 en la que ya se había condenado al colegio al abono de 4,5 millones.
Tras el escándalo destapado por el secretario, Fernández salió a defender su gestión a través de su abogado y dio una serie de explicaciones que, según él, ya conocían los colegiados. Así, indicó que en su día el colegio dejó de abonar las cantidades reclamadas en sentencias, porque así se había decidido en una asamblea general que, según el secretario, “nunca tuvo lugar”. Con los ánimos caldeados en el seno del colegio y a pocas semanas de su detención, Fernández zanjó el tema de las cantidades adeudadas de las cuotas de los afiliados acusando a Portela de “faltar a la verdad” y evitó entrar en el fondo de las acusaciones alegando que serían tratadas en junta de gobierno.
El férreo control que la familia Fernández ejercía en el Colegio Oficial de Enfermería de Pontevedra provocó incluso una llamada de atención de la Valedora do Pobo (Defensora del Pueblo) en abril de 2017, cuatro años antes de estallar el caso. La institución dirigió una recomendación al presidente de la entidad ahora condenado para que “se adoptasen las medidas precisas para proceder a la inmediata convocatoria de elecciones y garantizar su difusión en la página web del colegio”.
La comunicación esgrimía las quejas formuladas por personal de la institución que entendían que “los estatutos de esta corporación de derecho público habían sido hechos a medida de la directiva” porque no permitían renovar la junta directiva al no convocarse públicamente elecciones. Aquellas denuncias alertaban ya de que la gestión seguía “criterios desleales, oscurantistas y antidemocráticos”.
Hoy Fernández sigue siendo presidente del colegio porque la Administración judicial solo lo suspendió de sus funciones durante el proceso, pero no lo cesó. Ahora la entidad prevé convocar elecciones en junio. Serían las terceras desde la década de los ochenta, cuando Fernández accedió al cargo. En 1998 se celebraron elecciones y ganó la candidatura de Fernández. La siguiente convocatoria fue en 2018, un año después de que la valedora diese un toque de atención, y fue impugnada porque Fernández ganó por los votos por correo, no presenciales. El presidente recurrió la impugnación que todavía no se ha resuelto.
“No ha sido la gestión más transparente que se podía esperar, pero en este proceso también han influido las luchas internas por el poder que han acabado desvirtuando la instrucción“, comenta el abogado del colegio, Javier Pérez Estévez. “Esperamos poder superar esta conflictiva etapa, desde luego poco transparente en la gestión, aunque sabemos que los problemas económicos van a colear por mucho tiempo”, incide. Pérez cree que el agujero económico se ha desinflado en el transcurso de la instrucción. “Ha habido mucha alarma social que ha acabado por minar la actuación personalista de un presidente que cayó en múltiples errores de gestión”, añade el letrado.
La investigación se cerró con un acuerdo entre la Fiscalía y el implicado
“No ha sido la gestión más transparente”, afirma el abogado de la institución