La UE alaba a España por la “mejora significativa” de la temporalidad
Bruselas avisa de que el precio de la vivienda “obstaculiza la integración social de los grupos desfavorecidos”
La Comisión Europea ha publicado un análisis del desempeño de España en empleo, capacidades e inclusión social. El documento señala problemas estructurales, como la altísima tasa de paro (12,1% en 2023, el doble que la media europea), el escaso éxito de las políticas activas de empleo, el desacople entre habilidades y necesidades del mercado, el exceso de sobrecualificados, el riesgo de exclusión social y la amenaza del precio de la vivienda. Pero también advierte tendencias a mejor: dice que la reforma laboral ha traído “mejoras significativas” en la proporción de contratos temporales y que las subidas del salario mínimo han contribuido a reducir “la desigualdad en ingresos”.
El informe de la Comisión destaca el problema que venía suponiendo para España la altísima tasa de temporalidad: “Desde los años noventa, la alta prevalencia del empleo temporal ha estado contribuyendo a una alta volatilidad del empleo y desigualdades de ingresos”. La proporción de contratos temporales marcó en el primer trimestre un mínimo en este siglo del 15,7%. “La reciente reforma del mercado laboral ha traído mejoras significativas”, indica al respecto la Comisión. Antes de la aprobación de esta norma, que limita los escenarios en que las empresas pueden usar contratos temporales, el 25,6% eran de este tipo. “El alto porcentaje de contratos temporales se tradujo, entre otros aspectos, en tasas de pobreza laboral mucho más altas para los trabajadores temporales en comparación con los permanentes, así como en una menor acumulación de capital humano específico de la empresa y crecimiento de la productividad”, indica la Comisión.
Sin embargo, esta mejora no termina de trasladarse al sector público, donde estos contratos aún son un 29,5% del total, frente al 12,3% en la empresa privada, un mínimo histórico. “Los contratos temporales siguen siendo más del doble de prevalentes en el sector público que en el privado, la principal razón por la que España sigue estando 3,8 puntos porcentuales por encima del promedio de la UE en general (respecto a temporalidad)”.
El Gobierno comunitario también diserta sobre los beneficios de las subidas del salario mínimo, que ha crecido un 54% desde 2018 hasta los 1.134 euros brutos en 14 pagas. Dice que este incremento, las ayudas para combatir la inflación y la mejora de la cobertura del ingreso mínimo vital “contribuyeron a reducir la desigualdad de ingresos”. Eso sí, precisa que sigue siendo una de las más altas de la UE: “El 20% más rico de la población tiene unos ingresos que son 5,5 veces más altos que los del 20% más pobre [...]. La tasa de riesgo de exclusión social se mantiene en un 26% y la pobreza infantil es particularmente alta”.
La Comisión destaca que el ingreso mínimo vital “está avanzando, aunque persisten desafíos en relación con la adecuación, cobertura y accesibilidad”. Indica que alcanza “al 86% del grupo objetivo originalmente planeado”, una afirmación que no comparte la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que calcula que el 58% de los potenciales beneficiarios no lo solicitan.
El informe destaca que “pese a las mejoras, la tasa de desempleo se mantiene alta en España” y que afecta especialmente a los jóvenes, los trabajadores mayores y los extranjeros. Para corregir este problema, la Comisión destaca la importancia de las políticas activas de empleo: “Aunque España ha aumentado el presupuesto dedicado a ellas un 40% entre 2020 y 2023, el gasto por desempleado sigue siendo bajo en comparación con la media de la Unión Europea”. La Comisión también subraya que la formación implementada por las oficinas públicas de empleo solo cubre una “pequeña porción” de los parados: un 6,6% en 2022. “Esto sugiere la necesidad de una mejoría en los servicios de estas oficinas”, indica el análisis. “Entre 2013 y 2022 la efectividad de las oficinas públicas de empleo para cubrir vacantes ha decrecido”.
El informe también aborda los altos y crecientes precios de la vivienda en España: “Los desafíos de asequibilidad de la vivienda obstaculizan la integración social de los grupos desfavorecidos”. La Comisión subraya que “el aumento en los precios impide que los grupos vulnerables (por ejemplo, los jóvenes y aquellos en riesgo de pobreza) accedan a una vivienda adecuada, lo que crea barreras significativas para la inclusión social en ciertos casos e impacta en la capacidad para acceder al empleo y servicios básicos, como la salud y la educación”. En esa línea, destaca que “el bajo stock de viviendas sociales de España (2,5% frente al 9,3% en la UE) también tiene un impacto negativo en la falta de vivienda, con un promedio de 71,3 personas sin hogar por cada 100.000 habitantes”.
Alto desempleo