Víctimas de jesuitas piden que se actúe de oficio ante los abusos sexuales
Exestudiantes del centro Casp de Barcelona denuncian que no ha prescrito la “huella emocional”
Exalumnos del colegio Jesuitas Casp de Barcelona consideran “imprescindible” que los Mossos d’Esquadra, la Fiscalía y las consejerías de Educación y de Justicia actúen de oficio ante los abusos sexuales cometidos por parte de religiosos del centro contra los menores estudiantes. Así consta en un informe elaborado por los exalumnos que ve la luz un año después de que saltasen a la esfera pública estos delitos, gracias a varias informaciones de EL PAÍS en 2023.
En mayo de ese año, varios exalumnos del colegio se movilizaron, crearon un grupo de apoyo a posibles víctimas y 234 antiguos estudiantes firmaron una carta pidiendo acciones más contundentes a los responsables del centro, y también que se abriese la vía de la justicia ordinaria contra el religioso Francesc Peris, acusado de vejaciones sexuales a menores, quien en las últimas semanas ha acabado reconociendo los hechos.
El caso de Peris fue destapado por este periódico en 2023, cuando se hizo público el diario secreto del jesuita español Alfonso Pedrajas que admitió en un documento haber abusado de 85 niños entre 1972 y los años 2000. Así se supo que el jesuita Francisco Peris también estaba involucrado. Peris fue enviado por la orden a Latinoamérica a comienzos de los ochenta, y en el curso de 1983 abusó de varias menores en Colombia. Más tarde, regresó a Barcelona, al colegio de Casp, donde volvió a cometer abusos. La orden en España, tras dos años negando que dispusiera de información sobre este religioso, admitió que en 2005 lo apartó por “conductas inapropiadas” a una residencia de ancianos. Otro caso fue el de Luis Tó, condenado a dos años de cárcel en 1992 por abusar de una menor.
En el informe actual, los exalumnos denuncian que la Compañía de Jesús “no ha dado pasos significativos para incidir en la verdad, la justicia y la reparación de los abusos sexuales que durante décadas se llevaron a cabo en el colegio”. Reclaman que se cree una comisión de seguimiento interdepartamental sobre los abusos perpetrados por religiosos de Jesuitas Casp formada por representantes de los departamentos de Educación, Justicia, Salud e Interior, Mossos d’Esquadra y las Sindicatures de Greuges (los defensores del pueblo) de Cataluña y de Barcelona.
“La prescripción de los casos de abuso sexual no justifica que las autoridades públicas no actúen de forma decidida y continuada”, porque “la huella emocional de las víctimas no ha prescrito, la necesidad de saber realmente los hechos tampoco, y la posibilidad de recabar nueva información que permita canalizar judicialmente casos no prescritos tampoco se puede dar por cerrada”, señalan en el texto.
Los exalumnos son muy críticos con la actuación en el último año por parte de la Compañía de Jesús, de la que dependen los centros de enseñanza de los jesuitas, y aseguran que “sin la presión social y mediática no se hubieran dado los pasos para esclarecer los hechos y asumir responsabilidades”. “Aunque valoramos positivamente que la Compañía de Jesús haya hecho algunos movimientos, los realizados hasta ahora parecen más dirigidos a proteger a la institución religiosa que a defender y reparar a las víctimas”, subrayan.
En concreto, denuncian que “meses después de la publicación de los hechos no se ha tomado ninguna medida contundente” en relación con el abusador confeso Francesc Peris “ni se han dado a conocer los resultados de las investigaciones realizadas hasta el momento”. También critican que “los hermanos jesuitas denunciados formalmente a la policía o acusados internamente nunca han sido expulsados de la orden y, hasta hace poco, han gozado de reconocimiento social por parte de la Compañía”. Asimismo, denuncian que la orden “todavía no ha pedido públicamente que no prescriban los casos de pederastia” ni “ha comunicado qué medidas de reparación ha tomado para con las víctimas reconocidas”.
La respuesta institucional “ha sido poco transparente y no garantiza la independencia del proceso”, ya que “la auditoría de los hechos y la mediación con las víctimas han sido contratados y pagados por la propia Compañía, parte implicada”, señalan. “No nos consta que haya hecho llegar proactivamente documentos ni testimonios a la Fiscalía ni a ninguna Administración pública para esclarecer los hechos”, añaden.
Por ello, reclaman a la orden religiosa que “entregue a Mossos d’Esquadra, Fiscalía y el Departamento de Educación cualquier información y documentación relacionada con casos de abusos sexuales en sus centros escolares” y piden que “detalle las medidas tomadas hacia los abusadores y las víctimas de los casos perpetrados en el colegio de Jesuitas Casp”.
Asimismo, reclaman “transparencia en las actuaciones que afectan a casos del pasado” y que, “cuando se tenga conocimiento de que un miembro de la Compañía ha cometido un abuso, la organización actúe de oficio”.
Otra de las demandas es la “asunción de responsabilidades de los equipos directivos” del colegio Jesuitas Casp en los diferentes cursos en los que se tiene constancia de los abusos, en tanto que eran “veladores de la integridad de los alumnos”. Los exalumnos consideran imprescindible que las actuaciones específicas generadas por el caso Jesuitas Casp “ayuden a protocolarizar actuaciones sobre casos de abusos sexuales del pasado que hayan sucedido en otros centros escolares”.
Para la definición de protocolos y medidas de prevención, consideran que es importante “fijar especial atención a las particularidades que presentan los centros privados religiosos” dado que “los espacios de receso y consejo espiritual han sido escenarios habituales de abusos sexuales y que los sistemas de gobernanza escolar eclesiásticos — que tienen naturaleza privada y jerarquizada— parecen contribuir a estos delitos”.
Jesuitas Educación tiene activo desde 2018 el Canal Protección Jesuitas, pero los exalumnos afirman que “no reúne las garantías necesarias de independencia”. Por ello, para mayor eficacia, proponen “revisar y actualizar los servicios existentes para establecer un canal de atención a los abusos sexuales en entornos escolares que sea único, público, independiente, interdepartamental, vinculante, profesional, permanente, retroactivo y con recursos suficientes”.