El irritante colapso de las ITV valencianas
La demora en lograr una cita para la revisión obligatoria del coche desespera a los conductores. La Generalitat diseña un plan de choque al contratar 250 trabajadores
A José le han dado cita por fin para pasar la revisión a mediados de julio. “Y eso que es una moto”, comenta a la salida de una estación valenciana de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Mateo lo ha logrado tras dos meses y respira aliviado porque ya iba a correr el riesgo de que le multaran por no haber pasado la revisión (200 euros, 100 con pronto pago). Isabel se ha cansado esta semana de entrar “cada dos por tres” a la web de la empresa pública de la Sociedad Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos (Sitval) y sigue sin conseguir cita para julio en ninguna de las estaciones de Valencia. Y cuando, después de “12 minutos a la espera”, le cogen el teléfono en el número habilitado por la Generalitat, una persona le comunica educadamente que tiene que esperar a que se abran los turnos en la web.
“Es desesperante”, se queja Isabel. “Esperpéntico”, califica su caso un suscriptor de este periódico. Se le llegó a sugerir que se marchase a una comunidad autónoma limítrofe para pasar la revisión, antes de que, tras mucho insistir, le dieran cita.
El colapso de las estaciones de ITV en la Comunidad Valenciana es un quebradero de cabeza para los conductores. La Unió de Consumidores está recibiendo decenas de quejas a la semana por las demoras y la imposibilidad de obtener una cita. La gente también consulta la posibilidad de que te pare la Guardia Civil y tengas caducada la ITV por culpa de la demora de la propia Administración, explica Vicente Inglada, secretario de la entidad. Además, la inmensa mayoría de las pólizas de seguro estipulan que el conductor está exento de cobertura si el vehículo no ha pasado la ITV, confirman fuentes del sector. La asociación de consumidores Facua ha instado a Sitval a buscar soluciones para impedir que muchos conductores valencianos se vean “imposibilitados de poder circular” o se expongan “a ser sancionados”.
La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, la socialista Pilar Bernabé, recordó esta semana que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen la obligación de cumplir con la ley y que debe ser la Generalitat la que resuelva el problema de la saturación. Fuentes de la Dirección General de Tráfico inciden en el cumplimiento de la ley y también en que el “sentido común” debe regir la actuación de los agentes.
La situación se ha agravado en las últimas semanas al ser el periodo con más solicitudes de inspección, entre mayo y julio, en correspondencia con el mayor número de matriculaciones, apuntan fuentes de la Consejería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, de la que depende Sitval. El principal problema es la falta de personal, que no se ha implementado desde que, en marzo del pasado año, pasó a la gestión pública el servicio de ITV, privatizado hace 27 años por la Generalitat, presidida por Eduardo Zaplana. Precisamente, el expresidente valenciano del PP está siendo juzgado en estos momentos acusado de varios delitos por cobrar supuestas comisiones en la adjudicación de las ITV y del plan eólico.
En la Comunidad Valenciana se llevan a cabo cerca de 1,8 millones de inspecciones al año (22 millones en toda España) en un ejercicio normal. Hay 24 estaciones fijas y seis móviles. La plantilla consta de 1.000 trabajadores, una nómina corta que no puede atender la demanda. La Consejería de Industria, dirigida por Nuria Montes, del PP, ha elaborado un plan de choque que incluye la contratación de 250 personas más y la adjudicación por 3,5 millones de euros de nuevos servicios para mejorar el sistema informático y la atención telefónica, que pasará de 11 a 22 trabajadores. En este sentido, ha convocado un consejo de administración urgente de Sitval para aprobar estas adjudicaciones. Mientras se implementa el plan, los problemas persisten.
Montes ha atribuido en gran medida los graves problemas a “la herencia” recibida del anterior Gobierno de izquierdas, formado por el PSPV, Compromís y Unides Podem, que no había hecho los deberes en el proceso de reversión de las ITV cuando dejó el Consell en julio del pasado año. El llamado Govern del Botànic adujo la reducción de costes para el ciudadano y el aumento de los ingresos para la Generalitat como las principales razones para recuperar el servicio, una vez finalizadas las concesiones en 2023.
Se unía así a las autonomías con gestión directa y pública, como Andalucía, Asturias o Baleares (el actual Gobierno del PP, con apoyo de Vox, pretende autorizar a los Consells insulares la externalización del servicio). La izquierda, ahora en la oposición, le pide a la Generalitat, presidida por Carlos Mazón, del PP, en coalición con Vox, que se deje de excusas y gobierne.
Equiparación salarial
Fuentes de la consejería señalan que la prioridad ha sido la equiparación salarial de la plantilla que procedía de las empresas con situaciones contractuales muy diversas. Sin esa igualación económica no era posible acometer la ampliación del número de trabajadores, indican. “En la Administración, los trámites laborales son más lentos y no son tan flexibles: se han de redactar informes, necesitan ir acompañados siempre por el respaldo de Función Pública y Presupuestos [de la consejería de Hacienda]”, agregan.
No se cuestiona la rentabilidad de las estaciones de inspección. En un año convulso por el cambio de modelo como 2023 generaron siete millones de euros de beneficios para la Generalitat, lo que convierte a Sitval en una de las empresas públicas valencianas más rentables. Con una gestión normalizada y optimizada, la rentabilidad debe ser mucho mayor, sostienen las mismas fuentes de la Generalitat. Los problemas de saturación, ya detectados el pasado año, provocaron una reducción del 5% en las revisiones realizadas en ese ejercicio en la Comunidad Valenciana, en beneficio de las estaciones ubicadas en otras autonomías, especialmente la murciana, por la grave saturación de las estaciones del sur de Alicante.
Otro problema urgente que debía afrontar la Generalitat era la venta del suelo municipal en Ribarroja, sobre la que se asienta la tercera estación con mayor carga de trabajo en la Comunidad Valenciana con 100.000 coches al año, indican las fuentes citadas. La consejería ha llegado a un acuerdo con el propietario para que la mantenga abierta hasta que sea reemplazada por una nueva en el cercano municipio de Torrent.
Ante la dificultad de lograr una cita, algunas estaciones recomiendan acudir a primera hora de la mañana o a la hora de comer, por si hay alguna renuncia. El precio de la ITV en la Comunidad Valenciana oscila en función del modelo y del vehículo: de los 44 euros del turismo de gasolina a los 55 del diésel, o los 24 euros de las motos.
La Unió de Consumidores recibe decenas de quejas a la semana
En la Comunidad Valenciana se hacen 1,8 millones de inspecciones al año