Sostenibilidad en toda la cadena de valor

El 24 de abril se aprobó la nueva directiva de diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CSDDD, por sus siglas en inglés). Este nuevo hito normativo persigue la integración de la sostenibilidad en los procesos operativos de las empresas. En concreto, la norma busca que las compañías garanticen el cumplimiento de los derechos humanos y la gestión de los riesgos medioambientales a lo largo de su cadena de valor. Esta directiva aplica de manera directa a grandes compañías. Sin embargo, el texto también recoge la responsabilidad de estas empresas sobre sus proveedores. La CSDDD empuja a las grandes empresas a ayudar a sus vendedores en el desarrollo de meca que permitan identificar brechas de vulneración de los derechos humanos o riesgos medioambientales, y al mismo tiempo aplicar planes de contingencia y remedio de conflictos. Es decir, se busca que las pequeñas empresas se apalanquen en los conocimientos y recursos de las grandes para ofrecer una mayor solidez a todo el sistema.

A diferencia de otras normativas en materia de sostenibilidad que se han centrado en garantizar unos niveles mínimos de transparencia, la CSDDD busca ir un paso más allá. La directiva impone no sólo el reconocimiento e identificación de las principales brechas en materia de sostenibilidad, sino también mecanismos que permitan evaluar dichos riesgos, para luego poder o mitigarlos a través de planes de acción previamente definidos. Además, la norma vuelve a apuntar hacia la alta dirección como responsables últimos de la implementación de la diligencia debida en la estrategia empresarial. La buena noticia es que, a pesar de que el desarrollo normativo es novedoso, gran parte de las mayores empresas ya estaban cumpliendo con estos principios. Según datos de la Red Española de Pacto Mundial, un 77% de las empresas del Ibex 35 ya realizaban en 2023 procesos de diligencia debida. No obstante, sólo un 54% presentaba mecanismos de reparación ante eventos adversos o impactos negativos.

Esta nueva exigencia normativa responde a su vez a una lógica financiera con ponismos tenciales beneficios a largo plazo. Mediante la minimización de riesgos, ya sean de corte reputacional o de carácter operativo, las compañías se deberían beneficiar, en último término, de una reducción de costes vinculados a una gestión más eficiente de su cadena de valor y así evitar eventos como: la interrupción de la producción como consecuencia de accidentes en las fábricas de los proveedores por incumplimiento de medidas mínimas de seguridad, multas por contaminación no controlada, huelgas como respuesta a las malas condiciones laborales, reducción de la demanda del cliente por impacto sobre el valor de marca, etcétera. Por tanto, la CSDDD es otra pieza del gran puzle en materia de sostenibilidad que, integrada en los planes estratégicos, contribuirá a una mejor canalización de los esfuerzos en materia de sostenibilidad realizados por las grandes empresas.