El Ministerio de Trabajo multa a Activa Mutua con 875.000 euros
La aseguradora hinchó los despidos y actuó con ánimo de lucro
La Inspección de Trabajo ha multado con algo más de 875.000 euros a Activa Mutua por las seis infracciones muy graves y dos graves que encontró al investigar la gestión de la entidad colaboradora de la Seguridad Social entre 2015 y 2017. Las irregularidades que cometió, adelantadas por EL PAÍS, consisten, entre otras, en actuar con ánimo de lucro cuando las mutuas lo tienen estrictamente prohibido y en distribuir irregularmente los beneficios. La sanción, inusualmente alta, fue ratificada ayer por el Consejo de Ministros, según fuentes del Ejecutivo.
Este es solo uno de los problemas de Activa. La Fiscalía Anticorrupción tiene abiertas diligencias para investigar las posibles responsabilidades penales del caso. La mutua señaló que aún desconoce la sanción pero que tiene intención de recurrirla. Las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social son asociaciones de empresarios sin ánimo de lucro que atienden los accidentes y las enfermedades laborales. Su financiación procede de las cotizaciones de trabajadores y empresarios. Activa Mutua recibe unos 350 millones anualmente de las arcas públicas para la cobertura de 450.000 trabajadores y 73.000 empresas por toda España.
El caso comenzó con la denuncia de un extrabajador ante la Fiscalía y el Ministerio de Trabajo. Esto dio pie a una investigación de la Inspección de Trabajo y a otra de los auditores de la Seguridad Social. Ambas se remitieron al fiscal. En la primera se detallaban las seis infracciones muy graves, que se han saldado con 862.551 euros, y las dos muy graves, con otros 12.500 euros.
Las infracciones muy graves que han detectado los inspectores consisten en el pago de cuantiosas indemnizaciones por despido (663.088 euros en total) por encima de las cantidades fijadas en la ley. Los investigadores han encontrado alguna contratación en la que “no se ha podido encontrar evidencia del trabajo que supuestamente habría prestado”, según el informe de la Seguridad Social. Se referían al alcalde de Móra d’Ebre, por la antigua Convergència, y diputado provincial por Tarragona que percibió, entre salario y cotizaciones, 70.438 euros de 20014 a 2017 sin trabajar, según concluyó la Intervención.
Otra de las irregularidades es la realización de actividades comerciales para captar empresas, algo vetado, ya que se realiza a costa de los recursos públicos. Trabajo también ha encontrado gastos excesivos en las reuniones de los directivos de la mutua y el pago o distribución de beneficios entre las empresas asociadas a través de la celebración de cursos de formación. Los inspectores también descubrieron que Activa realizó inversiones sin pedir autorización al Ministerio.