Luxemburgo encuentra una salida al mar
Una familia del Gran Ducado compra el islote de S’Espalmador por 18 millones tras la renuncia de la Administración balear
El islote balear de S’Espalmador, uno de los pocos privados que existen en España, ha encontrado comprador después de varios meses a la venta. Una familia luxemburguesa ha adquirido este espacio natural protegido, entre Formentera e Ibiza, por 18 millones de euros con la obligación de respetar la normativa, tanto estatal como autonómica, que regula los usos del espacio y prohíbe llevar a cabo cualquier tipo de construcción. El Consell de Formentera y el Gobierno balear rechazaron hace unas semanas pujar por el islote debido al elevado precio exigido por la familia y la falta de apoyo económico del Gobierno central, reprochan.
La isla era hasta ahora propiedad de los hermanos Norman y Rosy Cinnamond, que la heredaron hace años de su abuelo, el ciudadano británico Bernard Cinnamond. Este la compró en 1932 por 42.500 pesetas al que entonces era su propietario, el ibicenco Carlos Tur. El islote cuenta con 137 hectáreas de terreno (con casi tres kilómetros de longitud y apenas 800 de anchura) enclavadas en el parque natural de Ses Salines de Ibiza y Formentera y cuenta con un elevado nivel de protección que restringe al máximo la edificación en la zona. De hecho, el mes pasado la comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Parlamento balear instó al Ejecutivo a aprobar un plan sectorial para el islote y decidió, mientras tanto, prohibir las excursiones marítimas al paraje para trasladar a bañistas. También se prohibieron los baños de barro que atraían a buen número de visitantes.
Los antiguos propietarios y la Administración insular mantuvieron conversaciones durante meses para intentar cerrar la compraventa del enclave para que pasara a manos públicas. La familia Cinnamond ofreció en mayo de 2016 cerrar la venta de la propiedad al Consell de Formentera por 18 millones de euros en un solo pago o 20 millones fraccionados. El Consell recurrió entonces al Gobierno balear para explorar las posibilidades de hacerse con este paraje natural ya que no contaba con fondos para afrontar la compra. La isla de S’Espalmador, con decenas de barcos anclados frente a la playa de S’Alga. BALEARES Ibiza Y ambas Administraciones decidieron luego pedir ayuda al Gobierno central.
“Los propietarios nos dijeron que tenían una oferta, así que nos dirigimos a la vicepresidencia del Gobierno central para pedir apoyo para la compra. Verbalmente nos dijeron que lo estudiarían pero no contestaron, y finalmente los propietarios aceptaron la oferta de los compradores”, relata ahora la consejera de Presidencia, la socialista Pilar Costa.
Tras varios encuentros y después de constatar la falta de apoyo económico del Gobierno central, tanto el Ejecutivo autónomo como el Consell de Formentera renunciaron a la compra de S’Espalmador. La familia Cinnamond volvió a poner la propiedad en el mercado y ha logrado vender finalmente la isla por un precio final de 18 millones a una familia luxemburguesa que, según asegura su representante, es “plenamente consciente de toda la normativa que afecta a la isla”.
Lo mismo recuerda la consejera Costa que, aunque lamenta que el paraje no haya pasado finalmente a manos públicas, recalca que el islote tiene “total protección” desde el punto de vista ambiental y no se puede ejecutar ningún cambio. “Otra cosa es que la Administración tuviera la propiedad de ese espacio, porque entonces tendrías la garantía del uso que se puede hacer en él”, señala la consejera. En la isla existen dos pequeñas casas.
“Estoy convencida de que la han comprado sabiendo lo que hay. No creo que nadie sea tan ingenuo”, dice la diputada de Gent per Formentera, Silvia Tur, que ha pedido al Gobierno regional que se reúna cuanto antes con los nuevos propietarios para informarles de primera mano de las normas de protección que rigen el enclave. “Desde Formentera nos habría gustado que se quedara en manos públicas, pero tampoco es una hecatombe”, alega Tur, que espera que los nuevos dueños participen en los planes de conservación.