Los documentos secretos se publicarán a los 25 años
El PP y el PSOE, los dos partidos que se han alternado en el Gobierno de España en los últimos 35 años, han alcanzado un pacto para reformar la ley franquista de secretos oficiales. Ambos están de acuerdo en que los documentos clasificados como secretos se desclasifiquen automáticamente a los 25 años, aunque difieren en las excepciones a este principio general. La ley se encontraba en un limbo desde 2016 en el Congreso, cuando se admitió su tramitación.
Según las enmiendas que presentaron ayer, los socialistas solo prevén que el secreto pueda prorrogarse expresamente una sola vez y por un periodo de 10 años, mientras que los populares pretenden que el secreto se pueda prorrogar otros 25 en los casos más extremos. También Ciudadanos y el PNV, padre de la iniciativa, proponen la fórmula de 25 años más una prórroga de 10 para las materias secretas.
El PSOE ha propuesto además una disposición por la que se prohíbe el borrado de los datos y correos electrónicos enviados por altos cargos desde cuentas corporativas durante un periodo de 20 años. Esta prohibición se produce en plena polémica por la decisión de la Comunidad de Madrid de borrar los correos corporativos del exconsejero de Transportes y Presidencia Francisco Granados, que ha reclamado el juez que investiga el caso Púnica.
La negociación, que llevó al PSOE a prorrogar una semana más el plazo de enmiendas de una iniciativa del PNV que llevaba atascada desde hace año y medio, se plasmó ayer en la presentación de las respectivas enmiendas a una ley que data de 1968, en plena dictadura franquista, con retoques preconstitucionales, en octubre de 1978.
La reforma propuesta por el PNV pedía que las materias secretas se desclasificaran automáticamente a los 25 años, con la posibilidad de prorrogarlas otros 10 por decisión “excepcional y motivada” del Consejo de Ministros, mientras que las reservadas serían públicas a los 15 años.
Respecto a los documentos que ya son actualmente secretos o reservados, el PNV proponía que los que ya hubieran cumplido los plazos previstos en la ley cuando esta entrara en vigor quedaran automáticamente desclasificados, mientras que los restantes se hicieran públicos al cumplirlos.
En lo que están de acuerdo todos los grupos es en atribuir en exclusiva al Consejo de Ministros la competencia de clasificar materias como secretas o reservadas, una capacidad que la ley vigente atribuía también a la Junta de Jefes de Estado Mayor. Se trataba, en todo caso, de un anacronismo, ya que este organismo, en el que se sentaba la cúpula militar, hace años que no existe.
Al no establecer la desclasificación automática transcurrido un plazo determinado, la ley actual eternizaba los secretos, que solo podían salir a la luz por decisión expresa del Consejo de Ministros. Por temor a las posibles repercusiones o simple desidia, el Gobierno no ha desclasificado en los últimos años ningún documento, salvo que lo pidiera expresamente un juez, lo que ha obligado a los estudiosos e investigadores españoles a bucear en archivos extranjeros a la búsqueda de documentos que les ayudasen a reconstruir la historia de España.
La Mesa del Congreso decidió ayer no seguir prorrogando el plazo de enmiendas a la proposición de ley, sacándola así del limbo en el que se encontraba desde noviembre de 2016, cuando se aprobó su admisión a trámite.