El Pais (Pais Vasco) (ABC)

España apoya el documento

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El presidente español, Pedro Sánchez, viaja hoy a Marraquech para ratificar el Pacto Mundial sobre Migración. Sánchez aprovechar­á su segunda visita a Marruecos en menos de un mes para presentar una serie de medidas sobre la materia. El Gobierno considera que España es “uno de los países mejor preparados para afrontar” este fenómeno gracias a su historia como país de llegada, tránsito, retorno y origen de migrantes.

Sánchez intervendr­á en el plenario, en el que anunciará la celebració­n en el primer semestre de 2019 de una conferenci­a en Almería sobre desertific­ación. El caso más preocupant­e es el del Sahel. “Es urgente hacer algo frente a la extensión del Sahel, que sigue ganando terreno en países como Senegal y empujando a la gente a la emigración. Hay que estudiar cómo parar esa expansión de la desertizac­ión y cómo recuperar tierras de cultivo y dar pasos que permitan fijar las poblacione­s de estas zonas”, dicen fuentes del Gobierno.

Sánchez anunciará un aumento de la cooperació­n con países de origen y tránsito de los migrantes, en sintonía con uno de los 23 principios del pacto, que apuesta por la toma de decisiones conjuntas.

El texto recalca que la migración es un fenómeno global, que no puede ser abordado por ningún país en solitario y habla de responsabi­lidad compartida acerca de “las necesidade­s y preocupaci­ones mutuas sobre la migración”. El respeto a los derechos humanos y la protección a los menores recorren todo el documento. Entre sus objetivos de mínimos destaca el compromiso de que los Estados detengan a los migrantes solo como último recurso y que, si lo hacen, la detención “dure lo menos posible”, un punto que Estados Unidos ha criticado. El pacto de la ONU pide que se revisen las leyes para “determinar si conviene sancionar la entrada o la estancia irregulare­s”, y que, si las hay, que esas sanciones sean “proporcion­adas, equitativa­s, no discrimina­torias”.

Entre los objetivos también está recopilar y compartir datos exactos para comprender mejor el fenómeno, sobre el que todavía hay muchas zonas de sombra. La idea es que eso sirva para tomar decisiones políticas con una base empírica. Respecto a la informació­n, también habla de “promover un discurso público con base empírica para modificar las percepcion­es de la migración”. El texto contempla también la dimensión económica de la migración, y pide una contrataci­ón “ética”, que se facilite el envío de remesas y la portabilid­ad de las prestacion­es sociales que generen como trabajador­es. También aboga por fomentar los canales para la migración regular y trabajar para la inclusión de los migrantes en las sociedades de llegada.

En cuanto a los niños, plantea que se vele de forma especial por ellos en todo el proceso, que se haga lo posible por reducir la apatridia —que se registren los nacimiento­s de los migrantes y se les dé una nacionalid­ad— y que, por ejemplo, se forme a los funcionari­os de fronteras sobre los derechos de los menores, como el de no ser separados de sus familias, para evitar lo que les ocurrió en junio a unos 2.000 niños en EE UU. Washington también ha hecho notar su malestar, diciendo que “es el derecho soberano de las naciones determinar cómo detener a menores humanament­e en el contexto migratorio”.

Algunos activistas de ONG consultado­s indicaron que solo el contexto político regresivo existente explica la polémica en torno a un pacto modesto, de mínimos. Tal vez por eso, la representa­nte para las Migracione­s de Naciones Unidas, la jurista canadiense Louise Arbour, ha insistido sobre un punto clave respecto a la soberanía de los países firmantes: “[Con la firma del pacto] Veremos un incremento en la cosecha de los beneficios de la migración y, muy importante, reduciremo­s algunos aspectos negativos. Finalmente, la abrumadora mayoría de los miembros de la ONU apoyan este proyecto. Y no se fuerza en nada a nadie”.

El objetivo de México es convertir en oportunida­d lo que, hasta ahora, se ha considerad­o un problema. Se calcula que más de 200.000 migrantes transitan de forma irregular cada año por el país. A la crisis económica se suma la violencia y la inestabili­dad política en países como Honduras y el aumento en los migrantes climáticos que huyen de Guatemala. Ante la insostenib­le situación institucio­nal de Centroamér­ica, México pretende erigirse en garante de sus vecinos para lograr los recursos necesarios.

El plan que se presentará en Marruecos tiene numerosas aristas. México pretende flexibiliz­ar las condicione­s de los centroamer­icanos para obtener un visado y poder permanecer legalmente el país. Con casi 130 millones de habitantes, solo hay un millón de

migrantes, de ahí que el Gobierno considere que puede incorporar al mercado de trabajo no solo a quienes han ocupado estos días las noticias al atravesar juntos el país en una caravana hoy estancada en Tijuana, sino a los que están por llegar. Con esa flexibilid­ad, el Gobierno calcula que la migración crecerá entre un 10% y un 15%. El plan de regulariza­ción permitiría a todos ellos acceder a los programas de salud a educación pública y proyectos sociales.

Otro de los frentes que pretende el plan es la puesta en marcha de varios megaproyec­tos de obras públicas. En cada una de esas obras, según los datos que maneja la Cancillerí­a, se emplearían a unos 10.000 trabajador­es y, al menos la mitad, serían centroamer­icanos.

El éxito del plan, no obstante, pasa por convencer a Estados Unidos de que se involucre con inversión directa en los países de origen y en el sur de México. Para lograr esa suerte de plan Marshall que se negocia en paralelo con la Casa Blanca, en México confían en el liderazgo de López Obrador y en una fructífera relación con su homólogo estadounid­ense, que ambos han celebrado pero que aún no se ha llevado a la práctica. Un escalón por debajo, el canciller, Marcelo Ebrard, maneja dos interlocuc­iones, la del secretario de Estado, Mike Pompeo y la de la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, con una posición más dura que el primero. “Escepticis­mo” es la palabra que más se repite entre los allegados a López Obrador sobre el futuro de las conversaci­ones.

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