Sombras sobre la contabilidad
(CNRI), un grupo opositor al régimen de los ayatolás. De inspiración anticapitalista, el CNRI tuvo un brazo armado, Muyahidin-e Jalq (MJ), que Estados Unidos sacó en 2012 de su lista de organizaciones terroristas tras el respaldo de dos exdirectores de la CIA y uno del FBI. La decisión llegó después de una campaña de apoyos políticos para persuadir a Washington y Bruselas de que el grupo renunciaba a la violencia. Las aportaciones de los partidarios del CNRI a Vox en 2014 se comunicaron al Tribunal de Cuentas, según las mismas fuentes del partido.
Pequeñas donaciones
La fuerza de extrema derecha insiste en que ya no recibe financiación extranjera. Y que el juego de alianzas que pretende trenzar en Europa Steve Bannon, jefe de campaña del presidente de EE UU, Donald Trump, y gurú de una cruzada de tintes xenófobos a la que se ha sumado Vox, no se ha traducido en generosidad externa. La pujante hucha del partido se alimenta en España. Y ha permitido sufragar los más de 100.000 euros que el grupo desembolsó el pasado octubre en un acto en el madrileño Palacio Vistalegre, donde acudieron más de 9.000 simpatizantes. Y también costear los 150.000 que el partido dice haberse gastado en la campaña de las elecciones andaluzas. El dinero se fue en escenarios, sonido y miles de rojigualdas. Y 83.000 euros llegaron a través de crowdfunding, según la formación.
Y es que, tras las cuotas, las campañas de financiación colectiva son la principal fuente de ingresos. Vox ha recurrido al micromecenazgo en las redes sociales para comprar una furgoneta de 40.000 euros. Pero también para abonar las fianzas de las causas judiciales donde ejerce la acusación popular. Así, recaudó 40.000 euros para impulsar sus querellas ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra el anterior Gobierno catalán.
El partido de Abascal también tiró de micromecenazgo para reunir 12.000 euros que le exigió el Tribunal Supremo para impulsar la querella por las supuestas irregularidades en la tesis de Pedro Sánchez. Tardó 71 minutos en reunir la suma. “Se escudan en el crowfunding para generar presuntos ingresos de microdonaciones, yo lo califico de pitufeo [modalidad de blanqueo]. Ningún fiscal ha tomado cartas en el asunto, pero debería”, critica el que fuera hasta 2016 vicepresidente primero de Vox, Juan Jara.
Las cuotas son la principal inyección de fondos. Los 18.700 militantes —más de la mitad han desembarcado en los últimos seis meses— abonan nueve euros. Los jubilados pagan cinco y los estudiantes, tres. Por las aportaciones de los afiliados, el partido ha ingresado este año casi 800.000 euros, cuatro veces más que en 2015. Vox presume de haber incrementado su militancia en 1.000 personas en los dos días siguientes a su aterrizaje en el Parlamento andaluz. Y pregona que sus afiliados se han multiplicado por veinte en Cataluña desde septiembre de 2017, “Vox incumple la ley de partidos que se aprobó en 2012. Sus cuentas anuales son aprobadas por el presidente, Santiago Abascal, y su amigo y gerente, Enrique Cabanas, en un despacho o en cualquier hotel de lujo de Madrid”.
Juan Jara, quien fuera vicepresidente primero de la formación hasta 2016, denuncia de esta forma las supuestas irregularidades en la contabilidad de la formación de extrema derecha que logró 12 diputados en las pasadas elecciones andaluzas. “Hay opacidad y un oscurantismo deliberado”, añade este médico que ocupó la gerencia del Servicio Madrileño de Salud bajo la presidencia regional del popular Alberto Ruiz-Gallardón. Jara sostiene que la actual dirección del partido muestra “un desprecio absoluto por el dinero ajeno” y maneja “tarjetas green” para supuestos dispendios.
La dirección del partido ultraderechista asegura que solo su gerente cuenta con una tarjeta de crédito y zanja de esta forma las acusaciones que lanza su exdirigente: Jara “empezó a preguntar nombres, teléfonos, direcciones y correos de los donantes. Eso queda en la tesorería, gerencia, Hacienda y el Tribunal de Cuentas”.
cuando los independentistas aprobaron en el Parlament la ley para convocar el referéndum ilegal del 1-O.
El partido se prepara para redibujar su estructura. Un engranaje que, hasta el mes pasado, tenía en nómina a seis empleados: el gerente, un periodista, un administrativo y dos auxiliares. También a Abascal, que cobra 3.500 euros netos al mes.
Pero esta estampa es ya el pasado. La formación ultraderechista encara una nueva era marcada por el vigor financiero tras su eclosión andaluza. Solo el organigrama que perfila en el parlamento autonómico sumará 30 empleados. Cada uno de sus 12 diputados tendrá derecho a un asesor.
Dos operarios trabajaban esta semana contrarreloj para remozar el futuro cuartel general de Vox. Un bajo de 400 metros en el céntrico barrio madrileño de Chamberí. La formación ha firmado un acuerdo de arrendamiento por cinco años. Pagará 3.500 euros de alquiler mensual, que se convertirán en 6.000 en 2023. Y correrá con la factura de la reforma.
El partido de Abascal presume de no tener propiedades. Asegura que su docena de sedes provinciales son alquiladas. Y que no ha recibido donaciones de inmuebles. Una circunstancia que permite la ley de partidos si se comunica al Tribunal de Cuentas. El gerente del partido conecta el milagro del éxito con la gente corriente.