El Gobierno recuerda que la Iglesia debe denunciar los abusos
El Ejecutivo rechaza en una respuesta parlamentaria a Unidos Podemos pedir a los obispos datos de los casos silenciados
La Iglesia española estaba obligada por ley a comunicar a la justicia ordinaria los casos de abusos sexuales a menores que conoció y silenció en las últimas décadas, según afirmó el Gobierno en una respuesta parlamentaria al grupo de Unidos Podemos a finales de noviembre. El Ejecutivo contesta así a una pregunta sobre si considera que los acuerdos con el Vaticano son un obstáculo legal para que la Iglesia española colabore con los tribunales en los casos de pederastia. En su respuesta, a la que tuvo acceso ayer EL PAÍS, el Gobierno alega que la única posibilidad en la que los clérigos pueden acogerse a los Acuerdos de 1976 para no denunciar los casos que conozcan es si esos delitos se les han revelado “en el ejercicio de su ministerio [por el secreto de confesión]” y no al conocimiento que puedan tener “por otros medios”, en cuyo caso sí estarían obligados a denunciar.
Esto significa que las diócesis que han conocido o instruido casos de abusos y no lo han comunicado a la fiscalía han infringido la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882. El Gobierno recuerda que el artículo 259 de esa norma señala que aquella persona que tuviese constancia de un delito debía comunicarlo a las autoridades competentes. Y señala una única excepción: “[La obligatoriedad] no comprende a los abogados o procuradores respecto a las instrucciones o explicaciones que recibieren de sus clientes. Tampoco a los eclesiásticos y ministros de cultos disidentes respecto a las noticias que se les hubieren revelado en el ejercicio de las funciones de su ministerio”. Tras admitir esta salvedad, el Ejecutivo concluye: “[La excepción no se refiere] al conocimiento que puedan tener por otros medios de hechos presuntamente delictivos que estarán obligados a denunciar”.
La respuesta subraya que los acuerdos bilaterales con el Vaticano tienen el carácter de convenios internacionales, lo que significa que “su modificación deberá ajustarse a lo dispuesto en el derecho internacional” y que “los poderes públicos están obligados a cumplirlos e interpretarlos” conforme a la ley constitucional.
Uno de los procesos más mediáticos de pederastia en la Iglesia en la que el obispo no comunicó los hechos a la fiscalía es el caso Romanones. La víctima de los supuestos abusos —el sacerdote acusado fue absuelto— decidió denunciar a la fiscalía tras