La ayuda humanitaria se queda corta en Venezuela
El país aguarda un envío de Cruz Roja previsto para 650.000 personas, pero las necesitadas son siete millones
Las donaciones internacionales suponen la última esperanza para salvar vidas en Venezuela. Ana Rosario Contreras, una veterana enfermera, encabezó la caravana que a finales de mayo llevó a un grupo de personas hasta la sede de la Cruz Roja en Caracas. “Sabíamos que había entrado un cargamento de medicamentos [de Cruz Roja], pero no teníamos certeza de qué había ingresado y cómo sería su distribución”, dice. Los manifestantes estaban conmocionados por la muerte de seis niños en el Hospital José Manuel de los Ríos, pero después de conversar con representantes de Cruz Roja Venezolana llegaron a la conclusión de que debían esperar. La ayuda entrante —un primer cargamento en abril, ya efectivo; dos nuevos previstos— era insuficiente para paliar la escasez que sufre un país que no está en guerra, pero sí padece efectos similares.
En su etapa inicial el plan de ayuda de Cruz Roja debería beneficiar a 650.000 personas durante un año. Pero en abril el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, Mark Lowcock, señaló que se necesita asistencia para siete millones de venezolanos. Pero todos saben que además la solución se puede demorar de forma indefinida pues la situación se hace cada vez más precaria por culpa de la hiperinflación, la crisis eléctrica que padecen gran parte de los Estados del país y la escasez de combustible, que ha empezado a limitar el ya reducido abastecimiento de alimentos, mientras se encona el conflicto de poderes entre el chavismo y la lucha por la transición de Juan Guaidó.
En febrero la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) reportaba que el número de venezolanos en el extranjero alcanzaba los 3,4 millones. Tres meses después, un nuevo informe de esa agencia ha constatado que más de cuatro millones se han ido, 600.000 personas más, a razón de 6.000 por día Aunque la Asamblea Nacional venezolana declaró la emergencia humana en 2016, fue el 16 de abril cuando finalmente entró en el país el primer envío de Cruz Roja Internacional, consistente en 24 toneladas de plantas eléctricas, pastillas potabilizadoras, productos de higiene y algunos medicamentos. Los insumos fueron del Gobierno chavista para distribuirla. A la declaración siguió la firma de una hoja de ruta entre el Ministerio de Salud y la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja para incrementar la asistencia.
También se firmó un convenio con la empresa rusa Geropharm para producir insulina en Venezuela. Sin embargo, el chavismo niega insistentemente la crisis humana y se opone a la ayuda internacional tildándola de injerencia. incluso con las fronteras cerradas, cifras que el canciller, Jorge Arreaza, cuestionó.
Para Feliciano Reyna, director de la ONG Acción Solidaria, la emergencia humanitaria está lejos de resolverse. Aunque se ha avanzado en la activación de los mecanismos de Naciones Unidas y el presidente Nicolás Maduro aceptó la asistencia de la Cruz Roja, todavía no se ha concretado la entrada de la ayuda mientras la precariedad aumenta. “La supervivencia aquí está en riesgo. En 2015 se comenzó a formar la ola de este tsunami que ya entró al país y sigue arrasando. Para detener ese daño hay que hacer esfuerzos enormes”, explica.
Contener la emergencia, causante del éxodo, implica atender a millones de pacientes de distintas enfermedades crónicas. En mayo, un informe de la ONG internacional ACAPS consideró que la situación era severidad extrema, pues 14,9 millones de personas en Venezuela precisan de ayuda humanitaria, es decir, más de la mitad de la población. Son venezolanos, dice Reyna, cuyas posibilidades de supervivencia están tan en riesgo que para seguir con vida tendrían que marcharse del país.
Para la Comisión Especial de Seguimiento a la Ayuda Humanitaria creada en el Parlamento, la crisis en realidad alcanza a 19,8 millones de venezolanos, de los cuales 6,9 millones no tienen acceso a medicamentos por el desabastecimiento y los altos costes de los pocos disponibles. Además, 324.000 niños menores de cinco años no tienen garantizada su alimentación. Los números presentados a principios de junio dibujan, según los diputados, el escenario de una catástrofe.
Reyna reconoce la importancia de que se permita la entrada de cargamentos de ayuda con el consentimiento de Maduro, pero recuerda que desde 2016 muchas ONG venezolanas atienden a grupos vulnerables. Su organización entrega mensualmente tratamientos médicos para 15.000 pacientes necesitados.