España rechaza el plan de la UE de endurecer la retención de migrantes
España se distancia cada vez más de las posiciones migratorias que considera lesivas para sus intereses en la UE. El Gobierno de Pedro Sánchez se opone al endurecimiento de las reglas de detención de migrantes que acordaron hace unos días los Estados
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, rebatió la medida ante sus colegas comunitarios con el argumento de que “puede afectar a las garantías constitucionales españolas” y, además, sobrecarga a los países con más entradas irregulares.
Europa lleva tiempo pensando cómo restringir la directiva de retorno para aumentar el número de expulsiones de los llamados migrantes económicos (sin derecho a asilo) que arriban a la UE. La norma establece un periodo máximo de 18 meses de internamiento miembros en Luxemburgo. El documento, aún provisional, fija un periodo mínimo de internamiento de tres meses para los migrantes a los que se quiere expulsar del territorio comunitario (ahora no existe plazo mínimo). España es uno de las principales de puertas en Europa para la entrada de migrantes.
para el colectivo con orden de expulsión o devolución. En la práctica, el club comunitario no logra devolver a sus países de origen ni al 40% de los inmigrantes irregulares a los que interna. Estudios como Alternativas a la detención de asilados y migrantes en la UE, de la Universidad Libre de Bruselas, cuestionan que ampliar la privación de libertad mejore ese porcentaje.
La orientación que pactaron los Estados miembros el 7 de junio contiene un cambio que el Gobierno ve inasumible. Los socios
europeos pretenden imponer a los inmigrantes irregulares un periodo mínimo de 90 días en los centros de internamiento. Esa figura no existe en la legislación española, que solo contempla una permanencia máxima (60 días). Pasado ese tiempo, si la Administración no ha conseguido deportar al inmigrante, tiene la obligación de dejarlo libre. El endurecimiento que propone el conjunto de Estados miembros supondría una “repercusión política que no se compensa con sus efectos prácticos”, alertó (2.075). Por edades, la mayor parte se encuentra en la franja de entre 18 y 34 años.
En 2018, el total de venezolanos que buscaron asilo en España fue de 20.015. El incremento comenzó en 2011, por lo que el Gobierno ha decidido facilitar a los venezolanos la estancia legal en España a través de la “ayuda humanitaria” prevista en la Ley de Asilo y Refugio. Es decir, los venezolanos que demuestren que se les ha denegado el asilo desde 2014 tienen la posibilidad de conseguir una residencia por motivos humanitarios de protección internacional. De esta medida se han beneficiado por el momento al menos 400 personas. Se trata de permisos individualizados y prorrogables por un año.
Fernando Grande-Marlaska a sus socios en Luxemburgo. Esa y otras de las medidas propuestas supondrían, además, “asumir una serie de reformas legales de calado” para España.
El Defensor del Pueblo, en su informe anual de 2018, recordó la negativa inicial de Interior a concederles autorizaciones de residencia por razones humanitarias. Esta institución también señaló las “numerosas quejas” que existen de ciudadanos venezolanos residentes en España por “los problemas que tenían para renovar sus tarjetas o para acceder a la nacionalidad española, dadas las enormes demoras para renovar sus pasaportes”. A través de una instrucción, España decidió admitir los pasaportes caducados para que estas personas puedan tramitar autorizaciones y permisos previstos en la ley de Extranjería, así como la expedición y entrega de la tarjeta de identidad de extranjero.