De vuelta al CIE a la espera de la expulsión
Marlaska rechazó la propuesta de imponer un periodo de internamiento mínimo, pero planteó a sus homólogos otra fórmula “más útil y proporcional”. Ante la interpretación de que los internos piden protección internacional para evitar in extremis su deportación, el ministro propuso un sistema de plazos “más progresivo” que tenga en cuenta “las interrupciones del internamiento debidas a las solicitudes de asilo”. Ese sistema llevaría de vuelta al centro de internamiento al inmigrante que tenga su solicitud de asilo denegada para continuar con su proceso de expulsión.
Más allá de las reservas morales, el Gobierno aporta una visión pragmática para rechazar este enfoque. “¿Qué sentido tiene poner en un papel que vamos a devolver a todos los subsaharianos si sus países de origen no les reconocen?”, cuestionan desde el Ministerio del Interior. No importa cuánto tiempo pase internado el inmigrante. Si su país no lo reconoce como nacional, y no colabora con su documentación, la expulsión nunca será viable. En 2018, el 42% de los internos en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) no pudo ser deportado y quedó en libertad. El ministerio, de hecho, ha dado prioridad a la privación de libertad de marroquíes y argelinos porque los acuerdos bilaterales con sus países facilitan las expulsiones. Ha dejado, por tanto, de internar subsaharianos, consciente de la dificultad de devolverlos a sus países de origen.
A la espera del Parlamento
La posición pactada en el Consejo —paradójicamente, con la oposición de Hungría por resultar demasiado laxa y de España por excesivamente restrictiva— debe consensuarse con el Parlamento Europeo para ser firme y modificar la directiva de retorno. “A las personas objeto de un expediente de expulsión no se les imputa un delito”, señaló Marlaska para alertar de la desproporción entre el hecho de la entrada irregular y la respuesta legal ofrecida (internamiento mínimo de tres meses). En la Eurocámara, los eurodiputados pueden tratar de influir en el texto para que lime las condiciones de retención.
España suele pulsar siempre la misma tecla en las discusiones abiertas en Europa: el control de la inmigración irregular pasa por la colaboración con los países africanos, no por la imposición de reglas o deportaciones. Los interlocutores españoles critican a menudo la posición condescendiente de algunos de sus socios europeos ante África. “No se puede abordar este asunto desde una mentalidad de superioridad, o casi colonial”, mantienen fuentes de Interior. “España defiende que solo con los países con los que hay un conocimiento previo y una colaboración de igual a igual funciona. Que un país que no ha puesto el pie en África diga ‘esto es tuyo; te lo devuelvo’ es no entender la realidad”, ilustran las mismas fuentes.
España defiende su propia política de cooperación con África “como medida eficaz para controlar la inmigración irregular”. Es la estrategia que emprendió en 2006 con la llamada crisis de los cayucos y que, en sus inicios, sirvió de inspiración para el resto del continente. El Gobierno socialista de entonces firmó acuerdos, entre otros países, con Senegal y Mauritania que se mantienen hasta hoy. España contribuye con medios y formación y tiene desplegados allí agentes que trabajan con las fuerzas de seguridad locales. “Los equipos conjuntos de colaboración trabajan al mismo nivel y dan un resultado magnífico”, explican en Interior. “La solución es cooperar con África. Lo demás son chapuzas”, dicen.