Kafka en Torrevieja

La inacción judicial mantiene en un limbo al pintor y cristalero serbio Nedzib Karisik, quien pasó 18 meses en prisión provisional en 2003

En la costa de Torrevieja (Alicante) vive Nedzib Karisik, un pintor de puertas y fachadas, escayolista y cristalero, de origen serbio, al que la Justicia convirtió en su pimpampum durante tres lustros. Y todo para nada porque, mientras Karisik era sometido a rigurosas medidas cautelares, incluidos los 18 meses que estuvo en prisión preventiva, los papeles de su causa quedaron olvidados en una estantería y los supuestos delitos acabaron prescribiendo por inacción procesal.

Más de 15 años después de su arresto en 2003 en una operación contra el tráfico de drogas y de armas, no se sabe si Karisik es culpable o inocente, aunque esta condición se le presume. Ni nunca se sabrá. No hubo ni habrá juicio. Si durante cinco años no se mueve ni un papel del sumario, la ley obliga al juez a archivarlo. Hasta su definitiva exculpación, Karisik ha afrontado un calvario que parece salido de la mente de Franz Kafka.

Karisik, de 55 años, ha pedido al Estado español una indemnización de medio millón de euros. El proceso administrativo y judicial para reparar los daños sufridos sigue vivo. Y la titular del Juzgado de Instrucción 2 de Torrevieja que llevó este caso, Juana López Hoyos, rechaza dar explicaciones sobre esta investigación.

Los otros tres coimputados en la causa, desarrollada por la Guardia Civil en Elche y Torrevieja, también se han beneficiado del sobreseimiento libre del caso (que en términos jurídicos significa que tales delitos nunca existieron), decretado el 2 de junio de 2014, once años después de la operación policial. Para entonces, dos de los acusados habían “desaparecido” de España y nada más se supo de ellos.

Karisik llegó a Torrevieja el 3 de octubre de 2003 y se quedó a dormir en casa de un compatriota. Procedía de Alemania, con el estatuto de refugiado político bajo el brazo tras huir del conflicto político que azotaba su país, según explicaría más tarde. Pero al día siguiente se vio envuelto en una redada que acabó con él en la cárcel (18 meses preventivo).

Tras salir de prisión, la juez le retiró el pasaporte de tal forma que ni podía salir de+ España. La juez le impuso más obligaciones: presentarse en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes. Y así un año tras otro, y el lío seguía en aumento. Tras serle retirado el pasaporte, la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana ordenó su expulsión de España y del espacio Schengen durante siete años. En teoría no podía residir ni trabajar ni en España ni en Alemania, donde sí tenida concedida la residencia y permiso de trabajo.

Durante esos años, también tuvo bloqueadas sus cuentas bancarias y le decomisaron su coche, del que nunca más volvió a saber y que, a efectos de la reparación, ha tasado en 8.000 euros. Tampoco ha recuperado las joyas y un móvil que se le intervino.

El 2 de junio de 2014, la juez López Hoyos ordenó por fin “el sobreseimiento libre” de la causa “por prescripción del delito”. Sin más explicaciones. El Consejo General del Poder Judicial, al que el Ministerio de Justicia pidió un informe sobre este asunto, alega que entre sus competencias no está calificar si la juez cometió errores. Eso solo puede hacerlo un tribunal de rango superior a la magistrada, no el Consejo.

¿Cómo fue posible que tras poner en marcha la apisonadora judicial con los arrestos y declaraciones iniciales, en una investigación de la Guardia Civil de la que se hizo eco con grandes titulares el periódico La información de Alicante, el sumario se quedase dormido?

13.45 del jueves, en el despacho de la magistrada. López Hoyos, a través de una funcionaria, muestra reticencias a hablar con este periodico. Al final accede. “No me acuerdo de ese asunto”, espeta. EL PAÍS le ofreció leer el informe del Consejo del Poder Judicial, que concluye que hubo “dilaciones indebidas” y pérdida de objetos decomisados a Karisik susceptibles de indemnización.

“Nada que explicar”

No quiso leerlas. “No tengo que dar ninguna explicación, salvo las que me pida el Consejo, y a mí no me ha pedido nada”, afirma la magistrada. El Consejo sí ha pedido información al juzgado y con ella ha elaborado un informe en el que da la razón a Karisik aunque no entra en si encarcelar a una persona y luego declararla inocente por inacción/prescripción del delito constituye un error judicial, lo que daría lugar a indemnización. Asegura que esa no es su competencia. El abogado de Karisik rehusó aclarar si Justicia ha indemnizado ya a su cliente. El ministerio también se ha negado a facilitar este dato. Este ministerio apenas indemniza un 10% de los cientos de demandas por negligencias judiciales que le llegan; y, cuando lo hace, generalmente no paga más de 10.000 euros. Salvo casos excepcionales o que se lo ordene un tribunal.

“No tengo por qué dar ninguna explicación… Además, el juzgado ahora está al día. Hemos tenido saturación de trabajo como tienen otros muchos, y no siempre el juez es el culpable de los retrasos”, insiste la magistrada instructora cuando se le recuerda la situación de Karisik . La juez reparte culpas: “Está el letrado de la administración, el fiscal, informes que se piden y tardan... Pero además, ya le han indemnizado, ¿no?, pues ya está…”, zanja. “Si hubiera habido juicio con todas las garantías, habría tenido ocasión de probar mi inocencia (...) Han sido once años de despropósito (...) y no se me han devuelto mis cosas”, expone Karisik en su demanda, reflejo de una investigación que empezó con órdenes de cárcel y acabó con delitos que oficialmente nunca existieron.

El trabajador estuvo más de una década sometido a medidas cautelares

El caso quedó prescrito porque no avanzó durante más de cinco años