Nuevos monopolios
No es casual ni sorprendente que la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio hayan iniciado investigaciones a fondo, en los ámbitos de su competencia, sobre las posibles prácticas monopolísticas e irregularidades de las grandes corporaciones tecnológicas, como Google, Amazon Facebook y Apple (ese nuevo acrónimo conocido como GAFA). La concurrencia de investigaciones políticas y
económicas indica que la percepción pública sobre los conglomerados tecnológicos ha variado y que si en otros tiempos, no demasiado lejanos, aparecían como símbolos del poder económico del país, objetos de admiración y orgullo (soft power), hoy se cree que disponen de un “poder económico injustificado”, según la expresión utilizada por Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara, y que ese poder puede ser peligroso para el orden político y para los intereses de la nación.
Hay razones muy variadas para defender estas investigaciones al unísono. Van desde los evidentes fallos de las compañías en la guardia y custodia de la intimidad de los clientes hasta las prácticas contrarias a la competencia que en no pocas ocasiones las han enfrentado con las autoridades reguladoras europeas. Cuenta también la oportunidad de hacer de la lucha contra los monopolios y de la defensa de la privacidad de los usuarios uno de los motivos principales de la campaña para las próximas presidenciales.
Estas grandes corporaciones constituyen la punta de lanza tecnológica de Estados Unidos en la economía global; forman parte de la lucha por mantener la preeminencia del país en el orden económico global. La senadora Elizabeth Warren, una de las aspirantes demócratas a sustituir a Trump, ha planteado la posibilidad de trocear por ley a los grandes grupos como la fórmula más eficaz para impedir las prácticas monopolísticas —como se hizo en el pasado con las todopoderosas siete hermanas del petróleo— y quebrar el poder de información del que ahora disponen, que, se traduce en un poder político considerable. Evoca las disposiciones legales que impusieron también el fraccionamiento de las grandes empresas de telecomunicaciones, pero que la Administración americana quizá tendría dificultades para defender hoy.
Las investigaciones constituyen una oportunidad para imponer una regulación razonable de los comportamientos económicos, éticos y fiscales de los conglomerados tecnológicos. Esa regulación tiene que impedir los comportamientos monopolísticos, pero también calmar las inquietudes de los usuarios de todo el mundo, que albergan serias dudas sobre el respeto a la confidencialidad de las informaciones personales que depositan en manos de compañías demasiado poderosas y lejanas.