Matas tendrá que devolver los 1,2 millones de un encargo a Calatrava
El expresidente balear Jaume Matas tendrá que devolver a la Comunidad Autónoma de Baleares los 1,2 millones que cobró Santiago Calatrava por el diseño de un teatro de la ópera en Palma. El Tribunal Supremo ha confirmado la responsabilidad civil impuesta por la Audiencia de Palma y ha condenado también a Matas a siete meses de prisión, 10 años de inhabilitación especial para cargo público y una multa de 211.827 euros por prevaricación y tráfico de influencias.
De este último delito le había absuelto el tribunal balear, pero el Supremo ha estimado parte del recurso de la Fiscalía al creer que el expresidente popular acordó con el arquitecto la contratación y después reclamó su consejero de Educación que la propusiera al Consell de Govern.
El Supremo considera que Matas ideó la contratación de Calatrava para mejorar, mediante la presentación pública del proyecto, su resultado en las elecciones autonómicas de 2007. Esa presentación (que finalmente fue prohibida por la Junta Electoral) iba a correr a cargo de la Administración pública y no de Matas o del PP.
El arquitecto facturó 1,2 millones por el anteproyecto (compuesto por un vídeo, una presentación y dos maquetas) a la empresa pública balear IBISEC. El Supremo considera que la comunidad autónoma sufragó con ese importe “los intereses electorales” de Matas, por lo que debe pagar la indemnización “para evitar que sea la Administración pública, y en definitiva, la ciudadanía, quien sufra las consecuencias de una resolución que se ha calificado como prevaricadora”.
La Gürtel y Camps
Por otra parte, la Fiscalía Anticorrupción solicitó ayer una pena de dos años y medio de prisión para el expresidente valenciano Francisco Camps por delitos de prevaricación y fraude en relación con los contratos de la Generalitat con las empresas de la trama Gürtel.
El político supuestamente influyó para que el Gobierno autónomo adjudicara bajo cuerda el contrato de grandes eventos para la feria de Turismo Fitur entre 2005 y 2009 a la empresa Orange Market, filial valenciana del entramado societario de Francisco Correa, cabecilla de la red corrupta. Camps supuestamente favoreció a esta mercantil “para contentar” a sus gestores “ante la elevada deuda acumulada hasta el año 2008” con ellos por la preparación de actos del PP.