Detenido cuando iba a ser operado
Según reveló el propio Josu Ternera, su detención, el pasado 16 de mayo en la localidad francesa de Sallanches, se produjo en la mañana misma en que iba a ser operado. “Me detuvieron a las 6.55 de la mañana. Tenía cita con el cirujano a las 7.15”, relató ayer durante la vista judicial en la que pidió su libertad. El arresto fue fruto de una operación franco-española. Un día antes también había acudido al hospital para preparar la operación, por la que llevaba una sonda que le fue retirada hace dos semanas, aunque actualmente vuelve a tenerla. En las tres semanas previas a su detención, su estado se había agravado: “Perdí casi ocho kilos”, dijo.
Ternera apenas pudo contener las lágrimas al saber por la mañana que su liberación iba a ser inminente. Las magistradas decidieron dar por buena la “palabra de vasco” que había dado al asegurar que cumpliría las condiciones para su liberación. Louis Joinet, antiguo asesor del expresidente francés François Mitterrand, y colaborador de la ONU, se había ofrecido a albergarlo si el tribunal lo dejaba en libertad condicional. Por el momento, sin embargo, Ternera no podrá hacer uso de la oferta.
Fue la segunda sorpresa de la jornada. La primera había llegado de manos de las jueces del Tribunal de Apelación ante las que Urrutikoetxea realizó por la mañana su primera comparecencia desde que fuera detenido en los Alpes hace poco más de un mes. Las magistradas decretaron su “liberación inmediata” con la única condición de que se presente una vez por semana en comisaría y no salga de territorio francés. Aunque no justificaron su decisión, su precario estado de salud, pendiente de una operación de próstata “urgente”, según dijeron tanto sus abogados como el propio Urrutikoetxea, pesaron en la misma.
Mantenerlo en prisión, como ha estado desde su detención el 16 de mayo ante un hospital de Sallanches, en los Alpes franceses, “no es posible en vista de su estado de salud”, reiteraron los letrados durante las dos horas largas que duró la audiencia, en la que las magistradas tenían que analizar su demanda de levantar la orden de detención provisional que se le había impuesto nada más ser detenido. Era también la primera vista después de que Urrutikoetxea recurriera la condena en rebeldía a siete años que le impuso la justicia francesa en 2010 por su papel como dirigente de la organización terrorista. El 28 de junio tiene otra cita similar ante el Tribunal Correccional, por la condena en 2017, también en ausencia, a ocho años de prisión por su papel como miembro del aparato político de ETA entre 2011 y 2013.
La del miércoles fue la primera vez que se pudo ver en público a Urrutikoetxea, de 68 años, desde su detención. Muy pálido, con gafas, barba y pelo gris y ralo, pero con algo más de peso que en la última foto que había de él, la tomada justo antes de su detención, Urrutikoetxea llegó a la sala del Tribunal de Apelación a las 10.35 de la mañana. Vestido con camisa blanca, vaqueros y una cazadora azul, Ternera sonrió un momento, cuando al entrar se giró para ver a sus hijos, que lo saludaron efusivamente.
Español “por obligación”
“¿Nació usted en España?”, le preguntó la juez al comienzo de la audiencia, siguiendo el protocolo de que el acusado confirme sus datos personales. “En el País Vasco”, respondió Urrutikoetxea. “¿Nacionalidad?”, continuó la juez. “Española, forcement” (por obligación), replicó Urrutikoetxea.
Sus abogados perfilaron lo que se intuye será también la principal línea de defensa cuando comiencen los juicios que tiene pendientes, para los que aún no hay fecha fijada. La de que Urrutikoetxea es un hombre “comprometido” que se arriesgó apostando por la paz —lo presentaron como el “principal artífice del fin de la lucha armada” de ETA— y que participó en las negociaciones con el Gobierno español de los últimos años. Y, también, la de un hombre enfermo que requiere de unos cuidados que no puede recibir en prisión. De hecho, denunciaron, los dos médicos que lo han visto desde que fue detenido constataron la urgencia de una operación de próstata para la que, sin embargo, las autoridades penitenciarias no habían fijado siquiera una fecha.