Turquía condena a cadena perpetua a 151 implicados en el golpe de Estado
Un tribunal turco condenó ayer a cadena perpetua a 151 personas involucradas en el fallido golpe de Estado de 2016. Es el principal proceso judicial sobre la asonada de los 300 abiertos y se centra en lo ocurrido en la base aérea de Akinci, desde donde se dirigió la sublevación. A los condenados se les imputaba quebrantamiento del orden constitucional, dirección de grupo armado, el asesinato de 139 personas y el intento de asesinato del presidente Recep Tayyip Erdogan.
Dieciocho de los condenados, la mayoría antiguos mandos de las Fuerzas Armadas, han sido sentenciados a 141 cadenas perpetuas agravadas —sin posibilidad de acceder a la libertad vigilada— por esos cargos.
El juicio, que se celebró en la prisión de Sincan, en Ankara, se desarrolló entre notables medidas de seguridad —el espacio aéreo estaba vigilado por drones— y manifestaciones de los familiares de las víctimas de los golpistas.
En estos dos años de proceso, 211 personas se han sentado en el banquillo y otras 13 han sido juzgadas in absentia al haber huido del país o hallarse en el
extranjero durante el golpe. Entre ellos figura el predicador islamista Fethullah Gülen, exiliado en EE UU, a cuya red de seguidores responsabiliza Ankara del levantamiento militar. Gülen, cuyos partidarios se infiltraron en el aparato del Estado durante décadas, fue antaño un fiel aliado de Erdogan, pero rompió con el mandatario en 2013. Entonces se inició una cruel guerra por el poder. El Gobierno turco ha solicitado en repetidas ocasiones su extradición, pero hasta el momento Estados Unidos no ha dado una respuesta positiva.
La participación de su organización ha quedado acreditada por la presencia de varios civiles de adscripción gülenista en las inmediaciones de la base de Akinci durante el golpe. Al ser detenidos, alegaron excusas de lo más peregrino —por ejemplo, que estaban buscando tierras para invertir, en plena noche—, si bien uno de ellos, Adil Öksüz, citado como el principal enlace entre los militares y Gülen, fue puesto en libertad por un juez de instrucción y huyó del país. Posteriormente, el juez fue detenido y reconoció que había mantenido contactos con la cofradía gülenista.
El ministro de Justicia, Abdülhamit Gül, afirmó que “la justicia ha hecho pagar la cuenta pendiente que tenían los golpistas”. Hüseyin Aydin, abogado del presidente, recalcó que los huidos “algún día pagarán” por lo que hicieron.
El Ministerio de Justicia precisa que los tribunales turcos han abierto 290 procesos judiciales sobre el golpe, de los que 261 han concluido ya con la condena de 3.239 acusados.
El golpe fallido de julio de 2016 sumió a Turquía en una situación caótica. Más allá de los encausados por su directa participación en la asonada, todo aquel sospechoso de haber tenido contacto con los gülenistas ha sido detenido o apartado de la función pública, una purga que se extendió a otros sectores considerados “terroristas” por el mandatario islamista —personas cercanas al nacionalismo kurdo, izquierdistas, sindicalistas, etcétera—. En total, más de 50.000 personas han sido encarceladas, y 130.000 despedidas de la Administración pública.
Turquía, miembro de la OTAN, ha visto además cómo sus Fuerzas Armadas se debilitaban por la detención de 8.000 oficiales y el despido de otros 15.000 miembros, algo que ha dañado la cadena de mando, según analistas militares.