Reorientar la brújula
La lucha contra el cambio climático, las desigualdades y la precariedad debe situarse en el centro de la agenda económica
Ha llegado el momento de pasar de la efervescencia electoral al debate de fondo. ¿Qué grandes transformaciones económicas debemos impulsar en esta nueva legislatura?
Tano Santos y Jesús Fernández-Villaverde empujaban recientemente este debate. Algunos diagnósticos son compartidos: el nulo crecimiento de la productividad dificulta la convergencia con nuestros socios europeos, la complejidad tecnológica de nuestras exportaciones es limitada y nuestro sistema financiero está preocupantemente concentrado y poco capitalizado. Sin embargo, entre los desafíos que señalan nuestros colegas hay omisiones relevantes y debates pendientes.
En primer lugar, los economistas no podemos seguir olvidando por más tiempo la actual emergencia climática. Debemos situar en el centro de la agenda la descarbonización de nuestra economía, impulsando un programa de inversiones en energías renovables, rehabilitación inmobiliaria y movilidad eléctrica. Estas inversiones ayudarían además a sortear la desaceleración internacional, apuntalando la creación de buenos empleos.
En segundo lugar, este plan de inversiones verdes debe tener también un componente morado, que impulse infraestructuras sociales de las que carecemos y que son esenciales para avanzar en la igualdad de género. Universalizar la educación de cero a tres años, y desarrollar un verdadero sistema de dependencia, permitiría elevar la tasa de empleo de la economía y reducir la brecha salarial que sufren las mujeres.
Sorprende, en tercer lugar, que Santos y Fernández-Villaverde no hagan referencia en su artículo a la necesidad de reducir la desigualdad: ninguna transformación económica será social y políticamente sostenible si no camina de la mano de una mayor equidad. Los costes de vivir en
sociedades tan desiguales están muy documentados: la desigualdad conlleva una insuficiencia estructural de demanda —con pérdidas de crecimiento potencial—, polarización política y desafección social. Contamos con instrumentos diversos, pero la profundidad del problema exige un planteamiento integral: por un lado, necesitamos cambios en las políticas de redistribución —con la articulación de un auténtico sistema de ingresos mínimos y una mayor progresividad fiscal. Pero, además, debemos transformar nuestro modelo de predistribución —con un reequilibrio de la negociación colectiva en el mercado laboral.
Esto nos lleva a un cuarto reto, que nuestros colegas tampoco mencionan: urge terminar con la precariedad, que dificulta los proyectos vitales de muchas personas y daña la productividad de nuestras empresas. La reforma laboral no ha corregido la altísima temporalidad que arrastramos desde antes de la crisis. De hecho, hoy la situación es aún peor: los contratos temporales duran 30 días menos que en 2008 y los indefinidos se han precarizado (el 40% no alcanza el año de duración).
Durante la última década no solo se han pospuesto reformas necesarias, sino que algunas políticas ensayadas han fracasado. El ejemplo de la desregulación laboral es evidente, pero también la austeridad fiscal nos ha llevado a un callejón sin salida. Hemos de atrevernos, por tanto, a plantear nuevas miradas.
Hoy día incluso economistas mainstream, como Krugman, Stiglitz o Blanchard, alertan frente a la obsesión por seguir reduciendo los déficits públicos una vez que estos han entrado ya en zona de control —como en España. Los recortes del gasto público tienen efectos negativos sobre la actividad económica, y acaban, por tanto, dificultando la reducción de la ratio deudaPIB. Pero además debemos aprovechar el contexto actual para financiar a tipos bajos programas de inversión que sean social y económicamente rentables, como las inversiones verdes y moradas. Por ello, los ingresos que se obtengan de una reforma fiscal no deben destinarse a reducir aún más el déficit, sino a impulsar estas inversiones.
Finalmente, la modernización de nuestra estructura productiva también requiere un cambio de perspectiva. Como la experiencia internacional ha demostrado, es necesaria una política industrial activa que lidere e impulse la innovación y los clústeres empresariales, que fije prioridades estratégicas, que facilite el aumento de la talla empresarial y la cooperación entre firmas y que construya los instrumentos financieros públicos necesarios para financiar estos cambios.
No podemos mirar para otro lado ante los grandes desafíos económicos. La lucha contra el cambio climático, la reducción de las desigualdades o la precariedad laboral deben situarse en el centro de la agenda, al mismo nivel que la mejora de la productividad o la modernización empresarial. Y la política fiscal debe servir para acometer estos retos, no para obstaculizarlos.