Trump dificulta la residencia a los inmigrantes legales que reciban ayudas públicas
La ofensiva antinmigración del Gobierno de Estados Unidos apunta ahora a los extranjeros que buscan obtener la residencia permanente o la ciudadanía. Una nueva norma, publicada ayer en el Registro Federal, endurece los requisitos a los inmigrantes
“Queremos que los individuos que vengan sean autosuficientes”, explicó ayer en una rueda de prensa Ken Cuccinelli, director de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés). La ley vigente ya exige que los inmigrantes que solicitan un estatus legal permanente demuestren que no son “una carga” para el país. Esto quiere decir que solo aquellos que no dependen en gran medida de los programas de asistencia pública para vivir pueden hacer la solicitud. Pero los nuevos estándares del Departamento de Seguridad Nacional, que entrarán legales que soliciten la residencia o green card —que permite a un extranjero vivir y trabajar en EE UU— y se beneficien de prestaciones como el programa gratuito de salud Medicaid o los cupones de alimentos para asegurarse de que no “dependen de los recursos públicos”.
en vigor a mediados de octubre, amplían el concepto y excluyen también a los individuos “que reciben uno o más beneficios públicos durante más de 12 meses en un periodo de 36 meses”. Si alguien recibe dos ayudas diferentes durante un mes, contará como dos meses.
La nueva política explica que recibir ayudas “es indicativo de un estado financiero débil y aumenta la probabilidad de que el extranjero se convierta en una carga pública en el futuro”. Los afectados por la decisión serán los usuarios del Medicaid —programa de atención médica para personas con escasos recursos—,
los que han recibido algún subsidio para la vivienda, los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria y los receptores de cupones de alimentos.
La norma también tendrá en cuenta los ingresos anuales del solicitante, su historial de crédito o si tiene los recursos financieros para cubrir cualquier coste médico razonablemente previsible, entre otros requisitos. La ausencia de un título universitario o no dominar el inglés “es relevante para determinar si un extranjero puede convertirse en una carga pública en el futuro”, reza la normativa.
“Se va a pedir a los funcionarios que tengan en consideración el historial de beneficios públicos en Estados Unidos de un inmigrante como un factor negativo cuando examinen la solicitud”, advirtió Cuccinelli. El director de la Uscis aclaró que el endurecimiento de los requisitos fue aprobado por el Partido Republicano y el Demócrata en 1996, pero la ley nunca entró en vigor.
Stephen Miller, el joven asesor de Trump y emblema de la mano dura en materia de inmigración, trabajó para que se desempolvara esta política y así conseguir un sistema “basado