Trudeau violó las normas éticas al presionar para que una empresa no fuese juzgada
Una comisión canadiense concluye que trató de influir en un polémico caso de corrupción
El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, violó las normas de la Administración en materia de conflicto de interés al intentar evitar que se juzgara por corrupción al gigante de la construcción SNC-Lavalin. Así lo aseguró ayer el comisario independiente de ética, Mario Dion, que acusó además a la oficina del primer ministro de obstaculizar su investigación y negarle importante documentación relacionada con el caso.
La decisión supone un duro varapalo para su partido, el liberal, ante las próximas elecciones de octubre y puede dañar las posibilidades de reelección del líder del centroizquierda.
Según Dion, Trudeau contravino el artículo 9 de la ley de Conflicto de Intereses al presionar a la entonces ministra de Justicia, Jody Wilson-Raybould, para que ofreciera un acuerdo a la constructora y evitara que fuera a juicio por soborno y corrupción. “El primer ministro, directamente y a través de sus colaboradores, utilizó varias formas de ejercer influencia sobre WilsonRaybould”, dijo el comisario en su escrito. Dion considera que Trudeau es culpable de promover inapropiadamente “los intereses privados” de SNC-Lavalin. La compañía juega un importante papel en la economía de la provincia de Quebec.
El primer ministro se justificó en su día asegurando que estaba preocupado por las potenciales pérdidas de empleo que podrían producirse en la constructora si se celebraba el juicio y admite que intentó convencer a la exministra de que reconsiderara su decisión pero insiste en que no ha hecho nada malo.
Ante la negativa de la ministra a cambiar la decisión del fiscal, Wilson-Raybould fue degrada en una remodelación del Gobierno en enero y presentó su dimisión al mes siguiente.
Pese a que el escándalo puede acabar teniendo consecuencias políticas para Trudeau, la decisión del supervisor no conlleva responsabilidades legales, que pueden acabar como mucho implicando una pequeña multa para el mandatario.
La publicación del informe promete volver a dar protagonismo a un escándalo —el supuesto pago de 31 millones de euros en sobornos al régimen libio entre 2001 y 2011— que se hizo público en febrero y que ha dañado la imagen de Trudeau como político que había prometido ser claro y transparente en su gestión.