“Quiero que el Estado admita que falló”
Itziar Prats denunció sin descanso que sus hijas corrían peligro. No las protegieron. Su exmarido las mató hace casi tres años
“Itziar denunció pero algo falló. (...) No podemos volver a fallar”. Ella aún espera una disculpa oficial del Ejecutivo.
Apenas un mes después de los asesinatos, denunciaron con el Defensor del Pueblo, su gran apoyo en esta travesía, que España estaba incumpliendo el convenio de Estambul. “Itziar sufrió un fallo del sistema en su conjunto, que comenzó cuando denunció y le pasaron un protocolo obsoleto, no adecuado al convenio de Estambul porque determinó que sufría ‘riesgo bajo’ sin incluir ni una pregunta sobre las niñas”, explica Gabriel Rubio, su letrado. “La jueza trabajaba con una herramienta inútil, pero debería haberlo sabido en vez de tomar en consideración el protocolo. No le hicieron un seguimiento personal. El fiscal falló porque fue voluble, cambió de opinión. Era quien debería haber recurrido el auto como responsable de velar por las menores, pero no lo hizo. Ella pidió auxilio y reclamó la protección de sus hijas. Pero las ignoraron hasta tal punto que ni siquiera aparecen mencionadas en el expediente. ¿Sabes cuándo salen por primera vez sus nombres? Cuando el padre las mata”.
Itziar Prats no conoce al fiscal de menores del juzgado de violencia sobre la mujer de Castellón, nunca le vio la cara. Puede que todo hubiera sido diferente si las hubiesen escuchado. Un informe de enero del 2020 del Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana —el Defensor del Pueblo autonómico— señala que la Conselleria de Justícia admitió que, en 2018, cuando pasó todo, el gabinete psicosocial de la Ciudad de la Justicia de Castellón tenía vacante la plaza de psicólogo jefe por una baja que no se cubrió “por no estar autorizada por Hacienda”.
Faltaba personal para llamar y escuchar a las niñas. La mayor, Nerea, podría haber contado aquel episodio en el que su padre destrozó primero el ventilador y luego el carrito de su hermana pequeña a golpes. Fue Nerea quien bajó a tiempo a Martina del carro esa tarde, la hermana mayor que ejercía una protección “total y absoluta” sobre la pequeña cuando estaban con su padre. “Todo eso me lo contó ella, porque yo no estaba allí”, rememora. Quizá con ese informe, la jueza podría haber entendido que daba igual que ella se hubiera mudado a “la misma calle” donde vivía él cuando se separaron, uno de los argumentos que dio para no aprobar la protección para las niñas.
Funcionamiento “anormal”
El recurso que han promovido por el “funcionamiento anormal” de la Administración de Justicia se centra en los ministerios de Interior y Justicia, responsables del protocolo policial y de los juzgados, respectivamente. Reclaman 1.542.856 euros por responsabilidad patrimonial por los daños morales causados a Prats y a los abuelos de las niñas. Ese recurso fue estimado parcialmente, tras varios pronunciamientos, en julio de 2020. El Defensor del Pueblo les comunicó el pasado junio que Justicia está ultimando la resolución definitiva. El ministerio ha declinado pronunciarse sobre la marcha del expediente.
Rubio cree que la espera “es un sufrimiento adicional” para Itziar Prats. Ella considera que es un tema “al que no dan prioridad”. Ambos esperan que el caso no acabe alargándose como ocurrió a Ángeles González Carreño, a quien el Tribunal Supremo acabó dando la razón en 2018, 15 años después de que su hija fuera asesinada por su padre, condenado por maltrato, en una visita sin supervisión. González Carreño realizó “un tortuoso y larguísimo peregrinaje”, recuerda Rubio, hasta llegar a la ONU. “Si no obtenemos una resolución satisfactoria de la Administración, seguiremos. Pero sería una vergüenza que, nuevamente, organismos internacionales tengan que enmendarle la plana al Estado español”.
El protocolo policial incluyó preguntas sobre el riesgo específico que corren los menores en los casos de violencia machista en marzo de 2019, seis meses después del caso de Prats. En septiembre entrará en vigor otro cambio en el Código Civil que el Defensor del Pueblo reclamó tras este caso: que se suspendan las visitas a investigados por maltratar a sus hijos. Prats y su abogado esperan la respuesta de la Administración. “Que reconozcan el error no me va a devolver a las niñas pero me dará la tranquilidad de saber que hice lo que pude, porque siempre te queda la duda de si podrías haber hecho más”, asegura la mujer.
Prats pide siempre que no salga su rostro en las fotografías, como en este reportaje. Eso le permite salir a la calle sin que nadie la mire, sin que la paren para preguntarle por sus hijas, aunque asegura que nunca miente al respecto. Días atrás, acudió en Madrid a una manifestación contra la violencia vicaria, la que supone atacar a la madre infringiendo daño a sus hijos. Un hombre les increpó detrás del cordón policial: “Nos dijo que nos lo estábamos inventando. No respondí. La policía lo quitó de en medio”.