Bruselas teme una revuelta social por el coste del plan medioambiental

La Comisión Europea pide a los países ayudas para las personas más vulnerables

Los proyectos legislativos aprobados el pasado miércoles por la Comisión Europea para lograr una drástica reducción de las emisiones de CO2 provocarán un encarecimiento de la energía, del transporte y de bienes como el automóvil. Bruselas reconoce el tremendo impacto social de un esfuerzo pionero en el planeta y ha introducido medidas para paliar la repercusión en los hogares más vulnerables. Pero las instituciones comunitarias temen que el castigo fiscal a suministros y servicios indispensables acabe provocando una revuelta similar a la de los chalecos amarillos en Francia, pero a escala de todo el continente.

“Es realmente fácil hacer propaganda negativa a partir de las propuestas que hemos adoptado”, reconocía el comisario europeo de Economía, el socialista Paolo Gentilloni, solo 24 horas después de que la Comisión diese su luz verde.

Miedo al descontento

Bruselas apenas disimula el temor a que el ambicioso paquete, que daría a la UE el liderazgo mundial en la transformación económica y social encaminada a luchar contra el cambio climático, desencadene una oleada de descontento que haga imposible lograr los nuevos objetivos. El riesgo, avisa Gentilloni, es que se produzca una manipulación “que no tome en cuenta el verdadero contenido de las propuestas ni los riesgos de no actuar con suficiente ambición”. Bruselas ha intentado neutralizar ese peligro con un fondo social de 72.000 millones de euros. Y pide a los Gobiernos que destinen a los hogares con menos recursos una buena parte de los ingresos derivados del aumento de la carga fiscal sobre la energía.

Los estudios de la Comisión reconocen que “el aumento de la imposición a los combustibles fósiles puede tener un impacto mayor en los hogares de bajos ingresos, en particular para la calefacción”. El análisis también muestra que la propuesta de incorporar los edificios y el transporte a un mercado de emisiones aumentaría ligeramente la factura de conductores y hogares si el precio por tonelada de CO2 se sitúa en 30 euros. Pero la subida sería drástica si el derecho de emisión se eleva a 70 euros.

Las alarmas por el impacto social de la transición energética e industrial en marcha no llegan solo desde las voces contrarias al cambio. Cunden también entre quienes lo ven necesario o inevitable. Cristina Monge, politóloga y asesora ejecutiva de la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes), afirma que “la transición va a afectar a todos los sectores, y habrá perdedores como en todas las reconversiones”. Monge vaticina que “los que lo tenían mal lo van a tener peor”, y apunta como principales víctimas a las personas con menos formación y menos renta y al mundo rural frente al urbano. “O se incorpora con fuerza la dimensión social o las brechas que ya existían se van a ampliar”.

El riesgo de que la aplicación del plan degenere en una batalla entre ganadores y perdedores de la transición se acrecienta por el reparto del esfuerzo entre los distintos niveles de renta. Según cálculos de Oxfam, publicados a finales del año pasado, el 10% de las personas más ricas de la UE son el origen del 27% de las emisiones y las han aumentado un 3% desde 1990. El 50% de la población con menos renta es responsable de otro 27% tras haberlas recortado en una cuarta parte.

En el Parlamento Europeo, los principales grupos políticos (populares, socialistas, liberales y verdes) han acogido con satisfacción no exenta de inquietud el plan de la Comisión. La eurodiputada Dolors Montserrat (PP), miembro de la Comisión Parlamentaria de Medio Ambiente, señala que “es un paso adelante que da liderazgo a Europa en la lucha contra el cambio climático, pero no puede hacerse a costa de sacrificar empleos o de desindustrializar”.

Montserrat recuerda que en países como España “con la pandemia ya hay mucha gente que se ha quedado por el camino o que está a punto de perder su negocio; si exigimos ahora otro esfuerzo adicional, la brecha se ampliará”. La eurodiputada cree que el plan debe priorizar los incentivos en lugar de las penalizaciones. “Y facilitar la formación para que las numerosas personas que pueden perder sus trabajos puedan adaptarse a la nueva realidad laboral”.

Al fondo social se añade otro de recuperación, dotado con 750.000 millones y con un 37% de esa cantidad reservada para programas relacionados con el cambio climático. Los fondos de cohesión (372.000 millones) y agrícolas (291.000 millones) para el período 2021-2027 también contribuirán a financiar la adaptación en numerosos sectores.

Además, Bruselas ha propuesto ampliar en casi un 50% el fondo de innovación, que en la actualidad espera movilizar unos 20.000 millones de euros entre 2020 y 2030. Algo parecido ocurrirá con el fondo de modernización, destinado ayudar a una decena