Radiografía de una estafa colosal
Empresarios sin escrúpulos se enriquecieron con material anticovid vendido a precios desproporcionados aprovechando la falta de controles por la emergencia sanitaria. La Fiscalía se querella contra una decena de contratistas que facturaron más de 100 mill
El pánico se instaló en España cuando el coronavirus golpeó con fuerza a primeros de marzo de 2020. Un puñado de empresarios y gestores sin escrúpulos aprovechó la emergencia sanitaria para especular con el negocio más rentable aquellos días: la venta de mascarillas y otro material sanitario de protección frente al virus. Tras el eslogan de “saldremos más fuertes”, muchos contratistas salieron más ricos de ese agujero. La ley de la selva que se impuso desde el 13 de marzo —un decreto del estado de alarma autorizaba contratar sin apenas reglas— permitió adjudicar más de 6.440 millones de euros sin controles. España sufrió una pandemia mortal, la covid, y otra muy dañina: la avaricia de algunos que esquilmó las arcas públicas.
Para llevar a cabo esta investigación, que traza una radiografía de los peores meses de la pandemia, EL PAÍS ha analizado cientos de contratos públicos que se firmaron en 2020, las actas de los consejos interterritoriales de Salud que se celebraron aquel año, una decena de informes del Tribunal de Cuentas sobre los errores cometidos por diferentes administraciones (estatales, autonómicas y municipales), los sumarios de los casos de corrupción más conocidos que siguen en curso y otros que han sido cerrados. Este diario ha entrevistado a fiscales encargados de perseguir este tipo de delitos, responsables de supervisar la calidad del material, funcionarios públicos que aprobaron adjudicaciones, empresarios mencionados en algunos de los sumarios más conocidos y ha cruzado la información con datos del Portal de Contratos del Sector Público y con la base de datos de Fundación Civio, que recoge las más de 25.000 adjudicaciones de emergencia que se realizaron durante 2020.
No es el mercado, es la avaricia
Todo comenzó el 13 de marzo de ese año. Un día antes de que el Gobierno decretara el estado de alarma, se publicó en el BOE el primer decreto ley con medidas urgentes por la pandemia. La Administración del Estado establecía que se podía usar la contratación de emergencia para comprar material. Se permitió contratar a dedo, no había concurrencia, ni hacía falta acreditar solvencia o experiencia en el sec
tor. Con estas reglas se repartieron 6.445 millones. “Estábamos en guerra y se trataba de comprar balas”, contaba a EL PAÍS un empresario experto en el comercio con China. En este conflicto cualquiera podía adquirir la munición, sin importar a qué se dedicara antes —una ferretería, una firma de bebidas energéticas, unos empresarios de la noche—, y venderla a la Administración pública. En muchos casos, a precios disparatados y sin importar la calidad del producto.
La evolución del virus y la falta de existencias de muchos productos, combinada con la aparición de intermediarios que hicieron caja hizo que los precios se dispararan. En esa selva hubo organismos públicos comprando a precio muy distinto en el mismo momento y hasta a la misma sociedad.
Un empresario con acreditada experiencia en el mercado chino, conocedor de los precios que manejaban las fábricas del país asiático entre marzo y abril de 2020 —y que logró contratos millonarios con administraciones españolas— asegura a EL PAÍS que por mucho que oscilaran los precios en las fábricas debido a la descontrolada demanda global para conseguir
suministros, estos nunca superaban los dos euros por mascarilla FFP2. Para comprender cómo en las administraciones españolas se compró a más de seis euros (Ayuntamiento y Comunidad de Madrid), incluso a 14 (Murcia), es necesario tener en cuenta la avaricia de empresarios que intermediaron y sacaron provecho de una situación desesperada. EL PAÍS ha recogido algunos de los ejemplos más llamativos, destacados por el Tribunal de Cuentas o publicados en la Plataforma de Contratación del Estado.
Uno de los casos más escandalosos fue el del Ayuntamiento de Madrid. Adquirió el 24 y 25 de marzo un millón de mascarillas KN95 (equivalentes a FFP2) por 6,2 millones de euros y 250.000 test de anticuerpos por 4,2 millones. Los productos contratados fueron fabricados en China, pero los comercializó una empresa malaya de productos de belleza y hogar. La operación fue impulsada por dos intermediarios: Alberto Luceño y Luis Medina (hermano del duque de Feria), que ganaron seis millones de euros en comisiones. El Ayuntamiento de Madrid fue el municipio que pagó las mascarillas al precio más caro en aquellos meses, según un examen de compras sanitarias municipales
publicado en octubre de 2021 por el Tribunal de Cuentas sobre las ciudades más pobladas de España. Mientras que Madrid pagó 6,2 euros por cada mascarilla el 24 de marzo, Zaragoza las compró a 1,6 euros el 23 de marzo y Barcelona a 2,5 euros el 26 de marzo.
Por esas mismas fechas, el 24 de marzo, la Comunidad de Madrid dio conformidad a la oferta de la empresa (Priviet Sportive) que contrató de intermediario a Tomás Díaz Ayuso, el hermano de la presidenta autonómica, la compra de 250.000 mascarillas FFP2 por un millón y medio de euros, es decir, a seis euros la unidad.
El Servicio Murciano de Salud fue el organismo público que compró más caro: 14,46 euros fue el precio que se pagó por mascarilla
el 16 de marzo por un lote de 10.000 unidades. Cuatro días después, la Gerencia de Salud de Castilla y León estaba comprando mascarillas de idéntica calidad a 2,46 euros la unidad a una empresa china.
El 20 de marzo, el Ministerio de Sanidad aprobó tres compras de mascarillas quirúrgicas, todas a dos céntimos la unidad, las más baratas entre los contratos de ese año. Lo hizo justo antes de que el precio se disparara. El 23 de marzo, paso a pagarlas a 42 céntimos cada una, 21 veces más.
A través de la instrucción de los principales sumarios de corrupción sobre la venta de material anticovid y el testimonio de un empresario conocedor del mercado chino que vendió millones de mascarillas a la administración, se puede deducir que, al menos en esos casos, quienes compraron en China lo pudieron hacer a precios inferiores a dos euros. Mientras muchos tuvieron márgenes de beneficio moderados —vendiendo a 2,5 euros, por ejemplo —, otros impusieron precios disparatados que la Administración aceptó.
Del sumario de la trama Koldo se deduce que intermediarios que compraron en China a 1,20 euros, ganaron apenas 23 céntimos por mascarilla al vender su
El Servicio Murciano de Salud fue el organismo público que compró más caro
Madrid, el municipio que adquirió las mascarillas más costosas
material a la empresa Soluciones de Gestión, quien a su vez vendió al ministerio de Transportes a 2,5 euros, ganando 1,07 céntimos por mascarilla. Con todo, esta operación no fue, ni mucho menos, de las más perjudiciales para el presupuesto público de las que se pagaron esos días.
El descontrol en las administraciones
Francisco Igea, médico de profesión y vicepresidente de Castilla y León por Ciudadanos durante lo peor de la pandemia, recuerda cómo el desorden irrumpió en las administraciones, especialmente durante las semanas en las que los casos comenzaron a multiplicarse y el Gobierno ordenó centralizar las compras de material a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), dependiente del Ministerio de Sanidad. “El mercado estaba completamente roto y el material no llegaba. Mientras, [el Ministerio de Sanidad] anuncia la posibilidad de incautar todo el material. Se hizo con buena intención, pero creo que eso espantó a los proveedores habituales”, dice Igea. Ante la escasez, Castilla y León logró hacer unas primeras compras por su cuenta, como el resto de comunidades y los grandes ayuntamientos.
La gran mayoría de los 6.445 millones de euros gastados en contratos de emergencia se destinó a medidas de protección, de los que unos 5.398 millones fueron para contratos de suministros, en su mayoría mascarillas y otros materiales (3.000 millones), seguidas de test, según datos de Civio. Uno de cada 10 euros que se adjudicaron se lo repartieron cuatro empresas, unos 637 millones. Las principales adjudicatarias fueron FCS Select Products, Hong Kong Travis Asia, Barna Import Médica — que ya se dedicaba a la venta de material sanitario — y la farmacéutica Abbot, que ganó 111 millones gracias al mercado de los test de antígenos.
La compañía que más dinero obtuvo de esos contratos ni siquiera se dedicaba a asuntos sanitarios antes de la pandemia, sino al sector de bebidas energéticas con sede en Barcelona: FCS Select Products. El 23 de marzo, esta empresa firmó cuatro contratos el mismo día por un precio total de 217 millones de euros, una cuantía equiparable al fichaje más caro de la historia del fútbol, el de Neymar por el París Saint-Germain.
El fraude fiscal millonario
Un fiscal anticorrupción que ha investigado en los tres últimos años algunas de las ventas de mascarillas bajo sospecha sostiene que la mayoría de los enormes negocios que algunos hicieron en pandemia a costa del dinero público no puede tener reproche penal: “la avaricia no es delito”. Hubo empresarios que, en lo peor de la pandemia, aprovecharon la escasez de material para cobrar a las administraciones un precio tres o cuatro veces superior al que adquirían ese bien en China. “Los delitos tradicionales de la contratación pública en estos casos eran imposibles de aplicar. Puedes tener la intuición de otros delitos, pero son más fáciles de ocultar. Te quedas con una sensación de frustración porque puedes intuir mordidas, pero no es fácil demostrarlas”, señala a EL PAÍS uno de los fiscales que investigó estos hechos.
La única vía para encajar estos comportamientos en algunos tipos de conductas ha sido el delito fiscal de quienes, además de aprovechar la situación para hacer el negocio de sus vidas, no quisieron pagar a Hacienda la parte correspondiente de sus beneficios millonarios. “Eso es algo habitual también. El delito fiscal sirve para redondear la conducta depredadora”, agrega el fiscal. Esa doble avaricia —cobrar a precios muy por encima de los márgenes habituales en este tipo de negocios y engañar a Hacienda para no abonar los impuestos correspondientes— ha destapado algunos de los casos más escandalosos relacionados con la compra de mascarillas en pandemia. La Fiscalía se ha querellado por delito fiscal contra, al menos, una decena de empresarios que. tras lucrarse con la venta de material sanitario por más de 36 millones de euros, idearon fórmulas para pagar menos impuestos de los que les correspondían.
‘Caso Luceño y Medina’.
Alberto Luceño y Luis Medina contactaron a través de un primo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, con responsables municipales encargados de la adquisición de material anticovid. Lograron colocar mascarillas, guantes y test anticovid por más de 12 millones de euros, de los que ganaron seis millones en comisiones. La Agencia Tributaria examinó la situación fiscal de Luceño y descubrió que había declarado esos beneficios en el impuesto de Sociedades vinculado a una empresa de su propiedad que ni siquiera existía cuando logró el contrato. La Agencia Tributaria consideró que Luceño debía haber declarado sus beneficios en el IRPF y le imputa un delito fiscal por 1.350.000 euros.
Víctor de Aldama: el cerebro del ‘caso Koldo’. El empresario Aldama mantenía una relación intensa con el Ministerio de Transportes y se ofreció a conseguir mascarillas en lo peor de la pandemia. Para ello, Aldama contactó con un grupo empresarial que facilitó una sociedad inactiva —Soluciones de Gestión— para hacer ese trabajo. Por todas sus gestiones, Aldama ganó 5,5 millones de euros que declaró como Impuesto de Sociedades.
La Agencia Tributaria consideró que Aldama debería haber declarado sus beneficios como IRPF y calculó un fraude fiscal de 1.834.000 euros. “Aldama no puede ocultar sus actuaciones personales como si realizara una actividad empresarial compleja. Su trabajo fue asesorar personalmente, conseguir el contrato o conseguir mascarillas y su transporte con intermediarios y eso, en las condiciones expuestas, entiende esta inspección que sólo se puede tributar en el IRPF”.
Pareja de Díaz Ayuso: dos supuestos delitos fiscales; dos millones en comisiones.
Los inspectores que analizaron las declaraciones fiscales de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, no consideraron que los dos millones de euros que ganó por lograr un cliente para la empresa FCS fueran un trabajo de asesoramiento personal que se debía tributar en el IRPF. Aceptaron que González Amador declarara esos beneficios en el Impuesto de Sociedades pero se consideraron engañados por los gastos que la pareja de Díaz Ayuso incluyó para pagar menos impuestos.
Tras admitir los engaños, la Agencia Tributaria concluyó que González Amador había cometido dos delitos fiscales por 350.000 euros. La Fiscalía se querelló contra el empresario, imputado por este motivo. González Amador propuso a la Fiscalía llegar a un acuerdo para evitar la cárcel. A cambio de pagar lo defraudado más una multa, aceptaría una pena de ocho meses, lo que le permitiría no ingresar en prisión.
‘Caso Las Palmas’. Fraude y posible corrupción.
La Fiscalía Provincial de Las Palmas presentó hace varios meses una querella por la supuesta comisión de seis delitos fiscales contra varios empresarios, entre ellos el actual presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez; y un ex alcalde del PP, Lucas Bravo de Laguna. Ambos ganaron cerca de nueve millones en comisiones por sus gestiones para que otra empresa lograse contratos anticovid del Gobierno canario por 21 millones. Los inspectores de Hacienda denuncian que ambos empresarios interpusieron “artificiosamente una persona jurídica [una empresa]” para declarar en nombre de ella los beneficios y se acogieron a un instrumento (la Reserva para Inversiones en Canarias) que les permitía reducir al máximo el pago de impuestos. La Fiscalía sostiene en su querella que junto al delito fiscal podrían “concurrir indicios de blanqueo de capitales, corrupción y malversación”: “El abono de tan importantes cantidades sin que medie la prestación de servicio alguno, para los que además carecían de los medios personales y/o materiales necesarios careciendo todos ellos de experiencia en el sector sanitario, abonan la tesis de que nos encontremos ante el pago de comisiones ajenas de todo punto a un verdadero negocio jurídico lícito de las que las mismas pudieran derivar”.