Una universidad borra el nombre del secretario del juicio a Miguel Hernández
El campus de Alicante elimina de dos artículos digitales, tras la petición de un familiar, el nombre del alférez que participó en el consejo militar que condenó a muerte al poeta
En una decisión inédita y que podría trastocar el ejercicio en España de la profesión de historiador, la Universidad de Alicante (UA) ha accedido a la petición del hijo de un alférez del ejército franquista que ejerció de secretario judicial en uno de los consejos militares que condenaron a muerte a Miguel Hernández. El familiar de Antonio Luis Baena Tocón solicitó a la UA que “se proceda a acordar la eliminación de los datos personales” de su padre, que aparecen en unos enlaces en Internet de varios artículos escritos por el catedrático de Literatura Española de la misma institución académica, Juan Antonio Ríos Carratalá.
Amparándose en la ley de protección de datos personales y del reglamento europeo, el solicitante exige la supresión de esos detalles en varios artículos digitales (algunos no están alojados en la Universidad de Alicante) y anuncia una reclamación a la Agencia Española de Protección de Datos y el inicio de un procedimiento judicial en caso contrario.
La UA ha estimado la petición y ha eliminado el nombre completo de Antonio Luis Baena, que participó en uno de los consejos de guerra que acabaron condenando el poeta, que, sin embargo, murió dos años después, a los 31, tísico y tuberculoso en el reformatorio para adultos de Alicante en 1942. La institución deja solo las iniciales en uno de los enlaces alojados en su página web. La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, también vinculada al mismo centro, ha hecho lo mismo con otro de los artículos de Ríos Carratalá, experto en la memoria histórica del franquismo y la Transición y autor de numerosos libros, entre ellos Nos vemos en Chicote. Imágenes del cinismo y el silencio en la cultura franquista (Editorial Renacimiento), en el que también hablaba de Antonio Luis Baena, entre otros.
Este periódico intentó ponerse en contacto ayer con el hijo de Baena Tocón sin éxito.
La resolución argumenta lo siguiente: “Una vez realizada la ponderación considerando la licitud de la investigación científica, el interés de la publicación difundida, y en la medida que Antonio Luis Baena Tocón no alcanza la consideración de figura pública se interpreta que debe garantizarse la protección de supresión y el derecho al olvido digital del afectado”.
Y más adelante añade el escritor que “la eliminación de los datos personales del afectado no hace imposible el logro del tratamiento”, en referencia a la investigación científica o histórica. La resolución está firmada por el gerente de la institución, Rafael Pla.
La UA incidió ayer en que se trata de una decisión cautelar y provisional, adoptada a partir del informe de la delegación de Protección de Datos y que una comisión tomará una determinación definitiva.
Desde que el pasado viernes, cuando se dio a conocer esta resolución, son numerosos los estudiosos de la Literatura y de la Historia que han manifestado en las redes sociales sus dudas y su temor ante una decisión que abre un debate sobre los límites de la investigación y de la libertad de expresión.
Hechos del 1939 al 1943
Ríos Carratalá, sin embargo, declinó manifestarse ayer y trasladó las explicaciones a su abogado. Sí se explica el catedrático en un escrito incorporado a la resolución de la UA. Allí recuerda que “los hechos analizados en las investigaciones se remontan al periodo 1939-1943 y se relacionan con los consejos de guerra sumarísimos del franquismo”. Expone que como catedrático e investigador “analiza la participación de quienes formaron parte de aquellos tribunales” y señala que los datos aportados no afectan a la vida privada del afectado y son relevantes “para conocer las actividades del Juzgado Especial de prensa durante el periodo 1939-1943”.
El catedrático argumenta “que la información expuesta fue facilitada por los archivos militares de Madrid y Segovia” y que no fueron utilizados ninguno de los datos relativos a la vida privada y a la intimidad que no resultan relevantes para la información pública o la investigación histórica”. E incide en que “provisionalmente y hasta la resolución de este procedimiento” él mismo ha utilizado las iniciales del afectado, si bien subraya que los datos de “D. Antonio Luis Baena Tocón facilitados en los artículos son conocidos públicamente desde 1990, cuando el afectado estaba vivo, gracias a distintas publicaciones académicas que nunca fueron objeto de reclamaciones o querellas”.
Son numerosos los documentos que aparecen en Internet cuando se teclea en un buscador el nombre del que fuera secretario judicial e interventor del Ayuntamiento de Córdoba nombrado en 1966, como se informa en una publicación de la época.
En uno de ellos, se publica alojado en una página web sin vinculación con la Universidad de Alicante uno de los artículos aludido por el hijo de Antonio Luis Baena y dedicado al periodista y escritor Diego San José (1884-1962), condenado por el franquismo. En él, Ríos Carratalá escribe: “(...) El alférez Baena Tocón, que tanto podría haber contado a los especialistas en la biografía de Miguel Hernández, realizaba durante la posguerra una labor esencial a las ordenes del juez instructor: el expurgo, vaciado y/o desaparición de los fondos de la prensa republicana depositados en la Hemeroteca Municipal de Madrid. Su objetivo era la búsqueda de “delitos”, que agravaba con comentarios cuyas consecuencias podían ser una condena a muerte”.