La relatora de la ONU apunta al heredero saudí en el ‘caso Khashoggi’
No fue un accidente
La relatora de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales, Agnès Callamard, ha concluido que existen pruebas suficientes para implicar en el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed Bin Salmán, y
“Existen pruebas creíbles que justifican una mayor investigación sobre la responsabilidad individual de altos funcionarios saudíes, incluido el príncipe heredero”, asegura la experta de la ONU en su informe, tras subrayar que no se trata de una conclusión de culpabilidad. “Esta investigación de derechos humanos ha demostrado que hay suficientes evidencias creíbles respecto a la responsabilidad del príncipe que exigen una indagación exhaustiva”, precisa. La relatora estima que ni la investigación saudí ni la turca —Khashoggi, de 58 años, fue asesinado en octubre en el Consulado de Arabia Saudí en Estambul— cumplen los estándares internacionales.
Callamard pide a los Estados miembros de la ONU que pongan en marcha las medidas necesarias para la detención o extradición de los individuos supuestamente implicados en el asesinato de Khashoggi en el caso de que pisen sus territorios. También solicita que les impongan sanciones, “incluyendo al príncipe heredero, centrándose en sus bienes personales en el extranjero, hasta y a menos que se pruebe que no tiene responsabilidad” en el asunto. La relatora especial es una figura independiente que no habla en nombre de la ONU.
“Nada nuevo”, respondió el ministro de Estado de Exteriores saudí, Adel al Jubeir. En una serie de tuits, Al Jubeir aseguró que el informe “contiene claras contradicciones y acusaciones sin fundamento que ponen en duda su credibilidad”.
Tras su inicial negativa de tener responsabilidad en la muerte, Riad terminó admitiendo que el crimen había sido obra de agentes al servicio del Estado. Sin embargo, las autoridades saudíes a otros altos cargos del reino. Así se desprende del informe que hizo público ayer, donde recomienda una investigación internacional sobre el caso y que se impongan sanciones preventivas al príncipe. Las autoridades saudíes han vuelto a rechazar las alegaciones y cuestionan la credibilidad del trabajo.
siempre han insistido en que estos no actuaban por orden del heredero. Aunque el periodista no era un disidente, su creciente incomodidad con las restricciones para expresar su opinión le llevaron a exiliarse en Estados Unidos en 2017. Allí empezó a colaborar con el diario The Washington Post y a mostrarse cada vez más crítico con las políticas del príncipe.
“La relatora especial ha concluido que Khashoggi fue víctima de una ejecución extrajudicial, deliberada y premeditada, de la que
el Estado de Arabia Saudí es responsable de acuerdo con la ley internacional sobre derechos humanos”, afirma Callamard antes de instar al secretario general de la ONU, António Guterres, a que abra una investigación internacional. También pide que haga lo mismo el FBI, si no lo ha hecho ya, para que, si procede, “se inicie el correspondiente proceso penal en Estados Unidos”.
Callamard recibió en enero el encargo de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos “En la cinta que la relatora especial ha escuchado del asesinato no se oye a Khashoggi empezar a gritar. No había expresiones de sorpresao shock por su muerte entre los funcionarios saudíes presentes en la escena. Tampoco sonidos o palabras que sugieran que se le intentó reanimar. Los sonidos y la conversación son inconsistentes con una muerte inesperada”, señala el informe de Agnès Callamard. Su detallado análisis desmonta la tesis de un accidente que avanzó el fiscal general saudí. Humanos de averiguar “la naturaleza y el alcance de la responsabilidad de individuos y Estados en el asesinato”. Viajó entonces a Turquía con un equipo de tres forenses y a su regreso aseguró haber encontrado “pruebas” de que Khashoggi fue “víctima de un asesinato brutal y premeditado, planeado y perpetrado por funcionarios de Arabia Saudí”. También se quejó de la falta de cooperación de las autoridades de Riad, que, dijo, se estaban amparando en la inmunidad diplomática para buscar la impunidad.
Su informe final, de 100 páginas, no solo ratifica esas primeras conclusiones, sino que insiste en la responsabilidad del príncipe más poderoso que nunca haya tenido Arabia Saudí. El heredero, más conocido por sus iniciales, MBS, acumula además los cargos de vice primer ministro, ministro de Defensa, presidente del Consejo de Asuntos Económicos y de Desarrollo, y presidente del Consejo de Asuntos Políticos y de Seguridad. Se trata, por tanto, de un duro golpe para la monarquía saudí, que ha tratado de distanciarse del truculento crimen desde que salió a la luz.
La investigación de Riad
La presión internacional obligó a Riad a reaccionar. Anunció entonces una investigación y en noviembre el fiscal general del reino, Shalaan Shalaan, dijo que la orden de asesinar a Khashoggi había partido del jefe del equipo negociador enviado para tratar de convencerle de que regresara a Arabia Saudí. El periodista habría muerto por la droga que le inyectaron para reducirlo por la fuerza cuando se negó a sus pretensiones. Según esta versión, los agentes descuartizaron el cuerpo y se lo entregaron a un colaborador local fuera del consulado. Sus restos no se han encontrado, y filtraciones de los servicios secretos turcos apuntan a que fueron disueltos con ácido.
Poco después se informó de que 11 personas estaban siendo juzgadas y que el juez pedía la pena de muerte para cinco. Sin embargo, Callamard afirma en su informe que ha identificado a 15 personas que participaron en la misión y sugiere que muchas de ellas no figuran entre los encausados. En su opinión, el juicio no cumple los estándares internacionales y pide que se suspenda.