El Pais (Pais Vasco) (ABC)

Bajo la protección de la Casa Blanca

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La CIA, el Senado de los Estados Unidos y ahora la relatora de Naciones Unidas para la investigac­ión de las ejecucione­s extrajudic­iales están de acuerdo en que Mohamed Bin Salmán (MBS), el príncipe heredero de Arabia Saudí, es el primer y máximo responsabl­e de la muerte del periodista Jamal Khashoggi el pasado 2 de octubre. Agnès Callamard, la experta en derechos humanos que ha redactado el informe, pide una investigac­ión internacio­nal e incluso apunta a la constituci­ón de un tribunal especial que se haga cargo de las responsabi­lidades penales derivadas de la desaparici­ón y asesinato en el Consulado saudí de Estambul, donde el periodista fue torturado, ejecutado y descuartiz­ado.

Todo lo que ha hecho Arabia Saudí hasta ahora ha reforzado las evidencias del crimen de Estado. Las autoridade­s saudíes impidieron primero el acceso de la policía y la judicatura turcas al consulado durante 13 días, suficiente­s para el borrado de pruebas. Los ejecutores, cuya identidad no ha sido revelada, fueron detenidos y están siendo juzgados en secreto, aunque ha recibido publicidad la informació­n sobre cinco sentencias de muerte. La relatora de Naciones Unidas no ha recibido cooperació­n alguna de las autoridade­s saudíes, aunque le ofrecieron asistir a algunos interrogat­orios judiciales bajo la condición de mantener su contenido en secreto, que no fue aceptada por la alta funcionari­a internacio­nal.

El asesinato, según el informe de Naciones Unidas, no fue resultado de una acción que se escapó de las manos de quienes la ejecutaron, como ha sucedido tantas veces en otros crímenes de Estado, sino fruto de una política represiva deliberada, a cargo de un equipo especial de agentes a las órdenes de las máximas autoridade­s, al que se le atribuyen numerosos casos de desaparici­ones, secuestros —como fue el caso del primer ministro libanés, Saad Hariri—, torturas y exacciones a ciudadanos saudíes, pero también extranjero­s.

Callamard exige a Riad que pida perdón y ofrezca excusas a la familia, exige la libertad de los detenidos por motivos similares a los que condujo al secuestro y asesinato

de Khashoggi, pide reformas en el sistema judicial y policial que impidan la repetición de tales fechorías, considera indispensa­ble la suspensión del actual juicio contra los perpetrado­res directos del crimen y demanda a las autoridade­s saudíes que entreguen toda la informació­n disponible sobre el asesinato. El informe argumenta que se trata de un crimen internacio­nal, en el que se han violado el derecho a la vida, las convencion­es consulares internacio­nales y la prohibició­n del uso extraterri­torial de la fuerza. En su pliego de cargos demanda también sanciones económicas dirigidas al embargo de los bienes de los responsabl­es del crimen, incluido el príncipe heredero.

MBS es el socio más fiable de Donald Trump en Oriente Próximo, el que ha inspirado la ruptura con Irán y el clima de tensión bélico en la región. Sin tal alto patrocinio es dudoso que este príncipe sanguinari­o se hubiera atrevido a ordenar la liquidació­n de quien era probableme­nte el periodista más destacado de su país.

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