El buen gobierno

Manuela Carmena se despidió el pasado sábado de sus responsabilidades al frente del Ayuntamiento de Madrid con un discurso llamando a “cuidar la democracia” y a no olvidar el enorme esfuerzo que costó traerla. La ya exalcaldesa, que posteriormente anunció su retirada de la vida política, realizó también un encendido elogio del papel de las instituciones democráticas en la defensa de los derechos de los ciudadanos, especialmente importante para los sectores más vulnerables de la sociedad, porque ante ellas todos son iguales.

Las palabras de Carmena resultaron especialmente significativas en una jornada en la que la estrategia de pactos adoptada en las grandes capitales terminó por abrir las puertas de los Ayuntamientos a fuerzas que cuestionan el sistema constitucional. En Madrid, la gobernabilidad se encuentra en vilo por un pacto no hecho público entre el Partido Popular y Vox sobre los espacios de poder prometidos a la formación ultraderechista, algo que se ha mantenido oculto a los ciudadanos que deberán padecerlos. En Barcelona, por su parte, la rivalidad política se convirtió en odio e intolerancia hacia la alcaldesa, Ada Colau, y su equipo de gobierno por hacer aquello que los independentistas no llegaron siquiera a plantearse, convencidos de ser los portavoces de una república imaginaria que colocan por encima del voto libre e igual de los ciudadanos: configurar una mayoría democrática para gestionar los problemas de la ciudad. Otros Consistorios, en fin, se constituyeron en medio del caos, con amenazas de mociones de censura nada más producirse la investidura.

Pero Carmena no sólo deja como legado un discurso de despedida en el que recordó la importancia del compromiso de los electos con los principios democráticos, sino también una gestión en la que intentó que prevaleciera

el buen gobierno. En ese sentido, sus cuatro años en el palacio de Cibeles han representado un ejemplo. Su equipo abordó la reducción de una deuda que alcanzaba los 5.600 millones de euros, hasta dejarla en 2.700. Junto a esto, la apuesta por Madrid Central no puede ser interpretada como una iniciativa propagandística y de cara a la galería, sino como el cumplimiento de un mandato europeo en defensa del medio ambiente cuyo abandono puede acarrear sanciones para España, además de un deterioro adicional de la calidad del aire en una de las ciudades con mayor número de habitantes en España. La gestión de Carmena no estuvo a salvo de errores, como la precipitada retirada de placas de la Guerra Civil, pero no tuvo inconveniente en corregirlos, reponiéndolas en su sitio y encargando tan delicado asunto a un grupo de expertos indiscutibles. Otros problemas, incluso, se resistieron a su gestión, como el encarecimiento de la vivienda, que se mantiene como un problema muy grave en la capital.

La función primordial de los Ayuntamientos es ofrecer a sus ciudadanos soluciones ante los problemas que condicionan su vida cotidiana, desde la vivienda hasta la contaminación, el tráfico o la eficacia del transporte público. Y el procedimiento para hacerlo no es otro que renunciar a la instrumentalización de los Ayuntamientos en un juego de poder más amplio, anteponiendo la dimensión municipal a cualquier otra. La constitución de buen número de ellos, sin excluir los de las grandes ciudades, se ha inspirado en los principios exactamente contrarios. hasta 2047. Lo que ha ocurrido estos días en la antigua colonia británica ha demostrado que sus ciudadanos están dispuestos a luchar por sus derechos. De hecho, han convocado nuevas manifestaciones porque consideran insuficientes las concesiones de su Gobierno.

La derrota de la ministra jefa del territorio, Carrie Lam, que responde ante Pekín, ha sido importante: ha retirado, aunque no cancelado, el proyecto de ley que permite extraditar a China a sospechosos, algo que impide la legislación que rige el territorio como protección de sus ciudadanos ante un país donde no existe la separación de poderes, y ha pedido “perdón” por los errores de su Ejecutivo.

Lo ocurrido en Hong Kong va más allá de este territorio en el que viven 7,2 millones de personas, de los que dos millones han participado en las movilizaciones. Los líderes de la oposición han utilizado en sus declaraciones públicas no solo el cantonés y el inglés, las dos lenguas oficiales, sino también el mandarín para dirigirse expresamente a los habitantes de Taiwán. Esta isla, sobre la que China reclama la soberanía, celebra elecciones presidenciales en enero y ha seguido con lupa la crisis.

También ha tenido repercusiones en el mundo de los negocios: el sistema legal representa una parte esencial de la economía de un territorio que es el octavo exportador del mundo y alberga el cuarto mercado financiero. La fortaleza económica de Hong Kong se basa en que resulta una puerta de entrada única al mercado chino, pero a la vez se rige por un sistema legal transparente, equiparable al de una democracia, algo que el proyecto de ley ponía en peligro.

Los ciudadanos de Hong Kong han logrado hacer oír su voz, amplificada a todo el planeta en un mundo global, precisamente porque viven en un sistema de libertades, algo que no ocurre en regiones de China, donde la represión pasa mucho más inadvertida gracias a una férrea y eficaz censura. Es lo que ocurre en el caso de los uigures de la provincia de Xinjiang. Sin embargo, el peligro de que Pekín insista en el recorte de unos derechos que no tolera en el resto de su territorio se mantiene, seguramente azuzado por esta evidente derrota. A ningún autócrata le gusta que le muestren los límites de su poder.

La función de los Ayuntamientos es resolver los problemas cotidianos